Gobierno alista rechazo a demanda por matrimonio homosexual ante la CIDH
El 24 de noviembre, Chile debe informar su postura frente a la admisibilidad de recurso interpuesto por el Movilh en 2012. Caso fue presentado por dos parejas del mismo sexo, a quienes se les negó posibilidad de contraer matrimonio en el país.
A más tardar el próximo 24 de noviembre, exactamente una semana después de la elección presidencial, el gobierno deberá enviar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su respuesta frente a una demanda por denegación del matrimonio homosexual en el país.
Según altas fuentes de La Moneda, la posición oficial será de rechazo a la admisibilidad del recurso, pero además, se enviarán argumentos sobre el fondo del proceso: es decir, se defenderá la legislación vigente que prohíbe el vínculo formal entre personas del mismo sexo.
La medida fue interpuesta ante el organismo dependiente de la OEA por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) el 15 de mayo de 2012, luego de que a dos parejas del mismo sexo se les prohibiera formalizar un matrimonio civil (ver recuadro).
En los últimos días se han sucedido una serie de reuniones entre miembros de los ministerios de Justicia, Segegob, Segpres y RR.EE., carteras que coordinan la información que el gobierno enviará a la CIDH. La respuesta formal deberá ser firmada por el jefe del Departamento de DD.HH. de la Cancillería, Juan Pablo Crisóstomo.
Hace algunas semanas hubo un encuentro en La Moneda entre el presidente del Movilh, Rolando Jiménez; el jefe del sistema interamericano de la Cancillería, Jaime Cortés, y el jefe de gabinete de la Segegob, Pablo Urquízar. Quienes estuvieron presentes en esa cita dicen que los representantes del gobierno informaron que se enviará la respuesta durante la administración del Presidente Sebastián Piñera, y que no se aplazaría el pronunciamiento para el próximo gobierno.
Legislación vigente
En todo caso, según explican las partes involucradas, la respuesta que deberá enviar La Moneda a la CIDH deberá contener un pronunciamiento sobre la admisibilidad de la demanda: el Estado de Chile puede allanarse a que el organismo continúe con el caso o puede rechazar su continuidad.
Altas fuentes de La Moneda sostienen que por estos días se está preparando una respuesta en la que el Estado planteará una excepción, término que implica rechazar la admisibilidad. Quienes se encuentran trabajando en la respuesta señalan que se apelará a los requisitos establecidos por la propia Convención Americana de DD.HH., apuntando a que los demandantes no agotaron todas las instancias internas antes de recurrir a un organismo internacional.
Específicamente, se argumentará que en uno de los casos los afectados no presentaron una acción de nulidad de derecho público, que podría haber provocado que la justicia dejara sin efecto la prohibición de contraer matrimonio, por tratarse de un acto contrario a la Constitución, en la que se fija la igualdad de las personas ante la ley.
Independiente de la postura que entregue el Ejecutivo, el organismo puede continuar adelante de todas maneras con la demanda, que podría, incluso, escalar a la Corte Interamericana de DD.HH.
Una condena podría, eventualmente, obligar al Estado a modificar la ley de matrimonio civil.
Respecto del fondo de la demanda, se apelará a la reglamentación y legislación vigente en el país y a la "autonomía" de ciertas instituciones, como el Tribunal Constitucional. Además, se destacará el rol del Estado en el impulso de la Ley Antidiscriminación y del Acuerdo de Vida en Pareja (AVP).
La historia y el futuro del proceso
El 15 de mayo de 2012, el Movilh entabló una demanda contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los abogados Ciro Colombara y Hunter Carter tomaron el caso luego de que dos parejas del mismo sexo intentaran contraer matrimonio sin éxito en Chile.
En el primer caso, los demandantes se encontraron con la oposición del Registro Civil, mientras que el segundo corresponde a una pareja que contrajo matrimonio en Argentina y quiso validarlo en Santiago, petición que fue rechazada. Las partes involucradas explican que la demanda cumple con, al menos, dos de los tres requisitos fijados por la Convención Americana de DD.HH.: el plazo de denuncia no debe superar los seis meses y los hechos deben haber ocurrido desde 1990 en adelante, año en que comienza a regir la convención. El tercer aspecto corresponde a la necesidad de agotar todas las instancias internas.
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