Gobierno apunta a política penitenciaria de Piñera por índices de seguridad pública

La seguridad pública fue uno de los temas tocados en el encuentro del comité político, entre ministros y representantes de partidos de la Nueva Mayoría, realizado ayer en La Moneda.

Según algunos testigos que estuvieron presentes en la reunión, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, apuntó al "legado" del gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera por ciertos delitos ocurridos en el país, como los recientes robos a camiones de valores.

El jefe de gabinete hizo un análisis sobre la relación entre el aumento de la victimización y los más de cuatro mil reos que salieron en libertad por beneficios carcelarios en los últimos años de la administración de Piñera, que habrían vuelto a delinquir en un alto porcentaje.

En la última encuesta Adimark-Paz Ciudadana, el índice de victimización alcanzó un 43,5% durante el 2014, siendo la cifra más alta desde el 2000.

A eso se suma la visión negativa que tiene la administración de la Presidenta Michelle Bachelet de la ley de indulto general de 2012 (mecanismo legal distinto al beneficio carcelario), promulgada por Piñera y que fue aprobada con un apoyo transversal en el Congreso. Según cifras informales que se manejan en círculos políticos, un 40% de los beneficiados con ese indulto reincidió en actividades delictuales.

REINCIDENCIA

La visión negativa sobre la reincidencia, como causal del empeoramiento en los indicadores de seguridad, no es nueva.

Desde que asumió el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, el gobierno comenzó a restringir los beneficios carcelarios, exigiendo requisitos más objetivos como conducta sobresaliente y un cumplimiento mínimo de horas de trabajo, rehabilitación y capacitación.

Consultado sobre el tema, el ministro Gómez -quien ayer asistió a la presentación de la reforma de la Ley Antiterrorista en La Moneda- dijo que "lo que hizo el gobierno de Piñera en materia de cárcel fue establecer una ley de amnistía (indulto), con la que salió en libertad un porcentaje alto de personas".

Además, el titular de Justicia agregó que el Ejecutivo anterior "estableció una forma de entrega de beneficios que nosotros consideramos bastante permisiva, que hemos estado restringiendo".

"En la situación de quienes salen en libertad, hay un porcentaje alto de quienes vuelven a delinquir, por lo tanto sin duda hay un problema", explicó Gómez.

RECURSOS DE AMPARO

Las medidas restrictivas del actual gobierno, sin embargo, han sido reclamadas por los propios reos, que han presentado más de 300 recursos de amparo en tribunales.

Así la judicialización de estos casos ha doblegado la postura del gobierno. Dado este escenario es que el Ejecutivo ha estado evaluando nuevas fórmulas legales para poder afianzar su política restrictiva en materia de beneficios carcelarios.

Gómez admitió que "es un tema complejo, pero lo estamos abordando con precisión para evitarnos esta situación que salga mucha gente que está cumpliendo condena".

Estos cambios legales serán incorporados en una agenda corta de seguridad pública que lanzará el gobierno. "En los próximos días se va a dar a conocer la agenda de seguridad, con medidas legales y administrativas, para enfrentar los delitos de mayor connotación pública", comentó ayer el vocero de gobierno, Alvaro Elizalde.

Por su parte el senador UDI, Hernán Larraín manifestó su disponibilidad a trabajar esta agenda, sin embargo, lamentó que el gobierno prefiera buscar responsabilidades antes que un entendimiento con la oposición.

Además Larraín también discrepó que la ley de indulto de 2012 tenga relación con algunos hechos delictuales ocurridos en los últimos días. "La ley de indulto era para resolver un tema puntual y no tiene un alcance permanente, no debiera tener una interpretación expansiva", explicó el senador opositor.