Gobierno pide penas de 5 y 3 años para comuneros acusados de quema de iglesia

Mediante un escrito ingresado hoy en el Juzgado de Garantía de Temuco, los abogados del Ministerio del Interior detallaron las penas solicitadas para los comuneros acusados de la quema de una iglesia evangélica en Padre Las Casas, Región de La Araucanía, ocurrido en junio de 2016.

En el documento se detalla que para Benito y Pablo Trangol se solicita una pena de cinco años y un día de presidio en calidad de autores del hecho. Para el último además se piden 61 días por porte de munición. Mientras que para Alfredo Tralcal y Ariel Trangol, el gobierno pide 3 años y un día como cómplices del ataque.

De esta forma se concreta la recalificación del caso anunciada por los abogados del Ejecutivo, llevada a cabo el 10 de octubre pasado.

En este caso la Fiscalía de La Araucanía sigue sosteniendo su acusación por el delito de incendio terrorista. Pidiendo 20 años de cárcel para todos los involucrados.

A raíz de la presentación del escrito, los hermanos Ariel, Pablo y Benito Trangol Galindo, quienes habían decidido retomar la huelga de hambre, dedicieron bajar la medida.

Robinson Trangol Galindo, vocero de los acusados indicó que "bajaron la huelga porque ya se está haciendo justicia, porque era mucho lo que estaba pidiendo el gobierno en la acusación por la Ley Terrorista. Quedamos tranquilos, porque lo más importante, era la recalificación".

La intendenta de La Araucanía, Nora Barrientos, sostuvo que "seguimos en este proceso, lo que hemos hecho es recalificarlo. Estamos pidiendo una rebaja de pena, es la presentación que hemos hecho como Ministerio del Interior. Creemos que están dentro del marco de las condiciones que se han generado con los antecedentes que tenemos a la vista y ahora vamos a esperar lo que proceda en los tribunales ".

En referencia a las críticas que ha generado la posición del gobierno, Barrientos fue clara en señalar que "nosotros no actuamos bajo presión, ni bajo ninguna medida de extorsión. El gesto que hay ahora, es simplemente una señal de generosidad, un gesto humanitario".

Luciano Rivas, presidente de la Multigremial de la Araucanía criticó el actuar del gobierno frente a este caso.

"Creemos que esto lo único que hace es seguir demostrando el desamparo en que viven las víctimas en esta región, donde se puede hacer un acto tan terrible como en este caso, donde se quema un templo, se violenta a las personas que están adentro (…) y vemos que acá la persona que debiera liderar la seguridad por parte del estado, que es el ministro Fernández, parece que no conoce nada de la realidad".

Actualmente la preparación del caso ha sufrido una serie de retrasos. Dilaciones que, según la Fiscalía de La Araucanía, han ocurrido por peticiones de las defensas de los comuneros. La nueva audiencia está programada para el 13 de noviembre próximo.