Gobierno reimpulsará discusión de proyecto sobre deuda consolidada

Como un "tema prioritario" para el buen funcionamiento del sistema financiero y la protección de los consumidores califican en el gobierno el debate sobre el tratamiento de la información crediticia de las personas. Por eso, y aunque hoy la discusión tributaria concentra buena parte de las energías en materia legislativa, desde la autoridad señalan que buscarán reactivar la discusión del proyecto de ley que regula el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter financiero o crediticio, más conocido como de deuda consolidada.

Desde luego no será tarea fácil. El proyecto, ingresado por la anterior administración en agosto de 2011 y que sigue en primer trámite constitucional en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, ha tenido hasta ahora un lento trámite legislativo, marcado por el enfrentamiento entre la industria bancaria y el retail financiero, y siendo objeto de observaciones de constitucionalidad.

El proyecto plantea consolidar en un registro único -el Sistema de Obligaciones Económicas, SOE-, la información sobre deudas morosas (negativa) y al día (positiva) de las personas. Este sistema sería regulado por la Superintendencia de Bancos (SBIF). Hoy el retail posee un registro privado sobre compromisos morosos que administra a través del Boletín de Informaciones Comerciales, y la información positiva es propiedad de cada retailer. Además, sólo existe información pública de deudas al día en el sector bancario, no así respecto de otros oferentes de crédito como el retail financiero, que representa cerca del 40% del endeudamiento de consumo de los hogares chilenos.

Desde el retail financiero reconocen que ya han sostenido encuentros informales con Hacienda. Los planteamientos del sector han apuntado a que la información sea regulada por una entidad que entregue un certificado a solicitud del demandante de crédito para obtener la información, y no que ésta pase directamente a los bancos.

Para el Comité del Retail Financiero encabezado por Claudio Ortiz,  el actual proyecto en trámite es inconstitucional y expropiatorio. Los bancos, en cambio, consideran que el acceso a mayor información permitiría abaratar el financiamiento bancario para los segmentos de menores ingresos, donde se concentra mayoritariamente el crédito de las casas comerciales.

En todo caso, la intención de avanzar en esta materia forma parte de los compromisos del programa de gobierno de Michelle Bachelet, que en su capítulo sobre protección al consumidor financiero plantea que la SBIF estará "a cargo de administrar el Sistema de Obligaciones Económicas, que contempla la consolidación de la información bancaria, del comercio y de cualquier otro agente crediticio relevante".

También el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, ha catalogado al proyecto como "importante para resguardar la estabilidad financiera".

Hasta el año pasado, la discusión  en el Parlamento giraba en torno a tres aspectos:  los plazos fijados para la comunicación de deudas morosas, que de acuerdo al texto podrá efectuarse hasta cinco años luego de extinguida la obligación, que no es vista con buenos ojos por la banca que aspira a un historial de pago sin restricciones;  el acceso que tendría el Estado a datos privados de las personas, y la inquietud respecto de que en la práctica las personas podrían verse obligadas a reportar información sobre su deuda vigente para acceder a crédito bancario.