Gobierno y Nueva Mayoría delinearon márgenes de un posible acuerdo a crisis política

"Acuerdo político sí; amnistía, no". Esa fue la postura que reiteró ayer el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en la reunión de comité político en La Moneda, que convoca cada quince días a representantes de la Nueva Mayoría y del gobierno.

Según varios de los presentes, en la reunión se definió no hablar públicamente de un "acuerdo", sino de un "camino institucional". Esto, para evitar que se genere la idea de que se está buscando una salida extrajudicial a la crisis generada por los casos Penta, Caval y SQM.

Tras el encuentro, los jefes oficialistas omitieron la palabra "acuerdo" y reiteraron el concepto de "solución institucional", lo que implica definir un conjunto de reformas para cambiar el sistema político.

"Queremos encontrar un camino institucional. Las instituciones que hoy día están a cargo de las investigaciones tienen que seguir operando con la mayor celeridad, pero sin ningún tipo de interferencias externas, duela a quien le duela", sostuvo el presidente del  PS, Osvaldo Andrade.

El jefe del Partido Radical (PR), Ernesto Velasco, agregó que "hemos planteado al comité político que no hayan dudas de que aquí tiene que haber máxima transparencia, de que no puede haber un arreglín ni nada que huela a eso".

El ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, recalcó que un "perdonazo" es una alternativa que fue "categóricamente descartada". Según el vocero "el gobierno ha sido categórico en que estos hechos deben ser investigados por las instituciones en el marco del ordenamiento jurídico vigente".

En la oposición las voces se han alineado detrás de la misma postura. Para ello, La Moneda, el Congreso y el consejo asesor presidencial anticorrupción han ido definiendo un conjunto de reformas para el financiamiento electoral, a la ley de partidos, a las declaraciones de intereses y patrimonio, entre otras.

LLAMADO A BACHELET

En la reunión de La Moneda, los presidentes de la Nueva Mayoría también demandaron que la Presidenta Michelle Bachelet asuma un rol preponderante para "liderar" la búsqueda de esta solución.

El presidente de la DC, Ignacio Walker, sostuvo que esta crisis "se enfrenta con liderazgo político y, sobre todo, liderazgo presidencial". Agregó que "estoy aquí para decirle a la Presidenta Bachelet, como jefa de Estado y como jefa de gobierno, que estamos detrás de ella, detrás de su liderazgo".

"Lo que le hemos pedido al gobierno es que la Presidenta ejerza su liderazgo", agregó el jefe del PR.

Sin embargo, los llamados de los dirigentes oficialistas no sólo  apuntaron a La Moneda, también emplazaron al Ministerio Público a acelerar su investigación. 

Uno de los temores compartidos en la reunión del comité político fue que la indagatoria y la constante aparición de nuevos involucrados se prolongue en el tiempo.

"Cuando se ha advertido que podrían venir otras empresas también, nos parece que lo más adecuado es que el Ministerio Público y el SII actúen con la mayor celeridad", dijo el presidente del PPD, Jaime Quintana.

"Este manto de sospecha es algo que le hace muy mal al país. Hemos pedido al gobierno que oficie, en el ámbito de la prudencia, el máximo apuro y el máximo sigilo para que el Ministerio Público haga rápido su trabajo", señaló Velasco.

EL PRECEDENTE

Para dar una salida a la crisis actual, algunos dirigentes políticos ponen como ejemplo el acuerdo político de 2003 entre el presidente de la UDI, Pablo Longueira y el entonces ministros del Interior, José Miguel Insulza. El acuerdo, al que se sumaron otras colectividades, eliminó los sobresueldos de ministros con gastos reservados, elevando las remuneraciones de autoridades y creó un nuevo sistema de financiamiento electoral (que paradójicamente hoy es cuestionado). Además impulsó ciertas normas sobre probidad y transparencia.

Sin embargo, en ese año, igualmente se generaron suspicacias respecto de si el acuerdo buscaba cerrar investigaciones judiciales como MOP-Gate. Estas sospechas se acentuaron cuando en 2005, el gobierno de Ricardo Lagos impulsó una reforma para traspasar antiguas causas judiciales al nuevo sistema penal.

Aunque, en lo aparente, esa reforma, denominada "Ley de Empalme", no estaba pensada para resolver  episodios de corrupción, el proyecto podía producir, en teoría, un efecto en investigaciones judiciales como el caso MOP-Gate.

La "Ley de Empalme" establecía un plazo de investigación de dos años para causas del antiguo sistema penal. Esto, dejaba a la jueza Gloria Ana Chevesich, quien sustanciaba el caso MOP-Gate, un escaso margen para poder concluir su indagación. Además, en el PS temían un impacto similar en casos de DD.HH.

Algunos acusaron que la "Ley de Empalme" era la parte "subterránea" del acuerdo de Longueira e Insulza. El gobierno, sin embargo, negó cualquier vinculación entre una situación y otra. Pero, debido a la polémica generada, finalmente la reforma fue archivada.

A diez años de ese episodio, algunos juristas estiman que un acuerdo político difícilmente podría tener una implicancia judicial, no sólo del punto de vista de opinión pública, sino también constitucional.

El penalista Alfredo Morgado sostuvo que la única forma en que un acuerdo político tenga un efecto judicial para hechos pasados es mediante una amnistía o una amnistía encubierta (por ejemplo acortando plazos de prescripción). Pero Morgado explica que una medida diseñada por los políticos para los políticos sería, incluso, inconstitucional, ya que "afectaría principios rectores del Estado de Derecho, como la igualdad ante la ley".

El constitucionalista DC Patricio Zapata cree que el acuerdo del que hablan los dirigentes políticos más bien apunta una perfeccionamiento de la actual legislación para el futuro. Además menciona que la Constitución en forma expresa prohibe legislar sobre causas que hoy están en tribunales. "Ni el Presidente ni el Congreso pueden abocarse a causas pendientes, eso significa que no se puede hacer un cambio legal para modificar los términos en que se va resolver un asunto que ya está siendo investigado".

No obstante, una postura diferente expresó Jorge Jaraquemada, abogado y director de la Fundación Jaime Guzmán. Dijo que el SII y la fiscalía han tenido un tratamiento distinto en estos casos, respecto de situaciones anteriores. En ese sentido, dijo que un acuerdo que implique cambios legales, debiese "hacerse cargo de ese cambio actitud".