Indagan presunta alteración de ficha de condenado por muerte de Tucapel Jiménez
Carlos Herrera Jiménez se querelló porque se le incluyeron penas por casos en que no fue sentenciado. Acción judicial es contra la recién removida alcaide de Punta Peuco. Bridec de la PDI lleva la causa.
Un sumario administrativo decretado a fines noviembre por un incidente con armas del penal Punta Peuco propició el traslado de la única oficial de Gendarmería a cargo de una cárcel en Chile, Rosa Puentes.
Esta investigación sigue en curso, pero actualmente hay otro hecho ocurrido en este recinto penitenciario, donde están recluidos los condenados por violaciones de derechos humanos durante el régimen militar, que es indagado. Esta nueva causa, llevada adelante por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI y la Fiscalía Centro Norte, busca aclarar una presunta adulteración de la Ficha Unica de uno de los internos.
Este caso nació a raíz de la querella criminal que presentó Carlos Herrera Jiménez, quien cumple una cadena perpetua por los homicidios calificados del líder sindical Tucapel Jiménez y del carpintero Juan Alegría, ambos hechos ocurridos en 1982.
En la presentación, Herrera indica que se habría cometido el delito de falsificación de documento público.
Según el texto de la querella, ingresada en agosto al Juzgado de Garantía de Colina, el condenado señala que "me encuentro privado de libertad desde hace más de 28 años, en diversos centros de cumplimiento penitenciario, actualmente en Punta Peuco, esto producto de condena de cadena perpetua por el delito de homicidio calificado".
Añade que "inicialmente, por Gendarmería de Chile se me postulaba siempre en Lista 1, o sea recomendado para otorgamiento de la libertad condicional por parte del tribunal de conducta del Centro de Cumplimiento, para la respectiva resolución de la Comisión de Libertad Condicional de la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago". Según el escrito, desde hace dos años fue cambiado a la Lista 2, "al margen de lo que dispone la ley y sólo basado en una instrucción interna de Gendarmería de Chile, generada en oficio N° 800/2015 de fecha 30 de diciembre del año 2015, suscrito por el director regional, oficio que dispuso que debe realizarse un informe sicológico y social unificado a cada postulante, informe que no se encuentra descrito en la referida legislación sobre la materia".
Carlos Herrera dice que en su Ficha Unica de Condenado se registró información falsa, "ya que se incorporan en ella antecedentes de causas, delitos y observaciones que no corresponden a la realidad de este querellante y condenado, siendo incorporados de manera ilegal y arbitraria, con miras a perjudicar mis postulaciones a los procesos de libertad condicional, ya que dichos antecedentes son primordiales para el referido proceso y evaluación de la respectiva comisión de libertad condicional".
Al término de la presentación, Herrera plantea que esto no se trataría de un simple error, pues ha recibido información que esta situación se originaría por instrucciones superiores y que también habría afectado a otros internos, con el objetivo de que no se les otorgara la libertad.
En este sentido, cita su Ficha Unica de Condenado, donde se le consignan 10 condenas. Además, agrega un certificado emitido por Gendarmería el 7 de agosto de 2016, donde se señala que está condenado por un caso.
Diligencias
La causa se encuentra en tramitación por el fiscal Ulises Berríos, de la Fiscalía de Colina. El persecutor emitió una orden de investigar a la Bridec. Lo que se está haciendo es cotejar la información que aparece en la ficha de Herrera con los registros que existen en el Poder Judicial.
Gendarmería, consultada por esta situación, indicó que "podemos señalar que nuestra política institucional es no comentar acciones judiciales y ponerse a disposición del Ministerio Público y los Tribunales de Justicia cuando corresponde".
El abogado Raúl Meza, asesor de la multigremial de funcionarios de las FF.AA. en retiro, indicó que "de acreditarse judicialmente estos hechos, me parece extraordinariamente grave e inexcusable que funcionarios del Estado puedan, eventualmente, estar comprometidos en la adulteración de un instrumento público para perjudicar dolosamente el derecho que tiene un interno de Punta Peuco para acceder a su libertad condicional". Añadió que se hará parte en esta causa.
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