Javiera Blanco y reforma laboral: Tenemos la convicción que este es un proyecto bueno para el país
La ministra confirmó que sindicatos y empresas definirán de mutuo acuerdo la extensión de beneficios por negociación colectiva
La ministra del Trabajo, Javiera Blanco, confirmó que el proyecto de ley de reforma laboral, que será dado a conocer el lunes por la Presidenta Michelle Bachelet, propondrá dejar en el sindicato y la empresa la decisión de extender los beneficios de la negociación colectiva a los trabajadores no sindicalizados.
"Lo que hemos señalado nosotros y que hemos conversado con distintos actores y que es parte también de esta propuesta, es que cuando hay beneficios que han sido acordados entre un empleador y un sindicato se entiende que son ambos quienes son titulares de esos beneficios, y por lo tanto será con mutuo acuerdo del sindicato y el empleador que esos beneficios puedan ser extendidos", dijo Blanco.
La ministra descartó que la iniciativa obligue a los trabajadores a sindicalizarse y enfatizó que se mantiene la libertad sindical.
Blanco se reunió este sábado con los Secretarios Regionales Ministeriales y los Directores del Trabajo de todo el país para darles a conocer los aspectos centrales de la agenda laboral.
La secretaria de Estado aseveró que luego de varios meses "hemos llegado a la convicción que lo que estamos presentando es un proyecto bueno para el país. Este no es un proyecto de uno contra otros, no es para unos pocos; es un proyecto para Chile, es un proyecto para la clase media, que hoy quiere llegar a su trabajo tranquilo, que lo escuchen, a tener una contraprestación justa. Este proyecto va a dar respuesta a muchas de esas necesidades".
En la reunión también participaron el subsecretario del Trabajo, Francisco Javier Díaz, y el subsecretario de Previsión Social, Marcos Barraza; quienes resaltaron la importancia de llevar a regiones todo el contenido de la agenda laboral de manera clara y simple.
La ministra explicó que "esta agenda que va a permitir modernizar la relaciones laborales, es una agenda que también queremos llevar a las regiones. Creemos que es muy importante que los trabajadores y trabajadoras en nuestras regiones puedan saber los enormes beneficios que van aparejados a este proyecto, que moderniza el diálogo entre empleadores y trabajadores".
Adelantó que el lunes también "estaremos con nuestros intendentes y seremis de gobierno. Somos un solo gobierno y queremos que esta voz difunda cómo vamos a beneficiar la vida de trabajadores y trabajadoras, que son la clase media de este país. Queremos que esa información pueda bajar a cada una de las particularidades que tienen los trabajadores en distintos territorios como la minería en el norte y la salmonicultura en el sur".
Ayer la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, adelantó, tras reunirse con Blanco y el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, que proyecto propondrá que el derecho a huelga se haga efectivo sin reemplazo interno ni con trabajadores externos.
Respecto de la titularidad sindical, señaló que el Ejecutivo se abrió a una fórmula, en la que si el empleador quiere extender los beneficios de la negociación colectiva a los trabajadores que no están sindicalizados debe hacerlo con la anuencia del sindicato.
En cuanto a la negociación interempresa, Figueroa dijo que deberá darse en los marcos de la empresa y bajo la norma reglada, es decir, con titularidad. En este punto aún hay matices que podrían ser saldados en el Congreso.
En materia de pisos de negociación, la presidente de la CUT indicó que no han logrado la apertura que esperaban por parte del Ejecutivo. Los trabajadores aspiran a que dicho piso sea en base al IPC. "Es una materia que nosotros vamos a seguir discutiendo en el Parlamento", dijo Figueroa.
Respecto a eventuales cambios al artículo 161 (despido por necesidades de la empresa), según la dirigente, se establece que va a haber un proceso de tutela de Derecho, y, por lo tanto, habiendo una presunción de que el trabajador fue despedido arbitrariamente por acción sindical, esa materia va a ser abordada y se puede llevar a tribunales, donde el peso de la prueba recaerá en el empleador, quien deberá demostrar que la desvinculación no fue una práctica antisindical. El trabajador podría incluso ser reintegrado a su labor.
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