Juez frena cancelación de licencia a operadora de mayor multimedia argentino

Un juez frenó la resolución gubernamental que el mes pasado canceló la licencia de Fibertel, operadora de internet del grupo multimedia Clarín, el mayor de Argentina, que afronta una batalla judicial con el Gobierno.

Al aceptar una petición de amparo de un consumidor, el juez Elvio Sagarra prohibió "la aplicación y ejecución" de la resolución, que a mediados del mes pasado había fijado un plazo de 90 días para cerrar el servicio de Fibertel, informó hoy el diario Clarín.

Sagarra, con jurisdicción en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, dispuso que el Gobierno "deberá abstenerse" de afectar la "prestación del servicio" de Fibertel que actualmente presta Cablevisión, indicó.

El Gobierno de Cristina Fernández había cancelado la licencia de Fibertel el 19 de agosto pasado a raíz de "incumplimientos" de las normativas de telecomunicaciones, en referencia a la absorción de esa empresa por parte de Cablevisión, la mayor red de televisión por cable del país e integrante del grupo Clarín.

La decisión gubernamental fue apelada por el grupo multimedia y varios magistrados dictaron medidas de amparo individual en favor de clientes de Fibertel, a diferencia del fallo del juez Sagarra, que tiene carácter general para el poco más de millón de abonados a la empresa.

El amparo, concedido el viernes pasado por el juez de La Plata, a 60 kilómetros de Buenos Aires, se mantendrá hasta tanto haya una sentencia definitiva, sostuvo la nota de Clarín, que también recogen otros medios de la prensa argentina.

El grupo Clarín, que afronta varias batallas judiciales con el Gobierno por fusiones y transferencias accionariales entre sus empresas, ha denunciado en múltiples ocasiones que es blanco de presiones y "hostigamiento" por parte de las autoridades.

El Ejecutivo de Fernández acusa al grupo Clarín de formar parte de "monopolios" mediáticos que se propone erradicar mediante la nueva ley de Medios Audiovisuales, que reduce la cantidad de licencias de radio y televisión, entre otros puntos de una normativa aprobada por el Parlamento el año pasado y cuya aplicación se dirime en los tribunales.