La Polar demanda a ex ejecutivos por perjuicio de $ 46.000 millones

Desde que estalló, en junio de 2011, el escándalo de las repactaciones al interior de La Polar, la administración de la compañía ha interpuesto diversas demandas contra quienes, a su juicio, son responsables de la debacle empresarial.

En ese grupo figuran la auditora PwC y  las clasificadoras de riesgo Fitch Ratings y Feller Rate. Pero faltaban los más importantes: los tres principales ex ejecutivos, y otros cuatro ex gerentes involucrados en el ilícito, que actualmente se investiga en la arista penal que lleva el Ministerio Público.

A más de tres años del escándalo, La Polar se decidió y presentó el 1 de diciembre una demanda por perjuicio contra los siete ex ejecutivos ante el 5° Juzgado Civil de Santiago.

La acción está dirigida contra el ex presidente de la minorista, Pablo Alcalde; la ex gerenta de Administración, María Isabel Farah; el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno; el ex gerente general, Nicolás Ramírez; el ex gerente de Informática, Pablo Fuenzalida; el ex gerente corporativo de Finanzas, Santiago Grage, y el ex gerente de Productos Financieros del negocio en Colombia, Iván Dinamarca.

El retailer solicita que se condene a los 7 demandados al pago solidario (es decir, entre todos) de $ 46.381 millones, (unos US$ 76 millones) cifra que estima La Polar, fue el daño total causado a la compañía.

De ese monto, $ 37.756 millones corresponden a daño emergente, es decir, al perjuicio real y efectivo en el patrimonio de la firma. Otros $ 2.625 millones corresponden a lucro cesante, o sea, utilidad que se dejó de percibir, y los últimos $ 6.000 millones, por daño moral o extrapatrimonial.

Dentro del daño emergente, La Polar cuantificó en$ 16.240 millones la desvalorización del negocio. También se suman los $ 3.944 millones que la firma tuvo que pagar por concepto de compensación a los clientes afectados, y otros $ 3.222 millones destinados al pago de honorarios "a los diversos profesionales que le han prestado servicios vinculados a la crisis".

Factor tiempo

Fuentes conocedoras del proceso indicaron que el retailer se demoró en su acción legal, pues pudo estar esperando la resolución de la arista penal, flanco del caso que aún no tiene fecha de cierre. Por ello, y para no correr el riesgo de prescripción de las acciones civiles, se habría optado por presentar el recurso ahora.

Además, ya existía cierto grado de reconocimiento de las responsabilidades, tras la realización de dos juicios abreviados en contra de Ramírez y Fuenzalida.

El abogado de María Isabel Farah, Alex Caroca, indicó que "a primera vista, esas demandas están basadas en supuestos que, por lo menos sobre María Isabel Farah, no  son efectivos (...)  Siempre hemos sostenido que ella nunca supo de estas repactaciones", dijo Caroca.

Por su parte, la abogada que representa a los accionistas minoritarios, Bárbara Salinas, indicó que la restitución de estos montos a la empresa, podría servir para las indemnizaciones a los accionistas minoritarios, que sufrieron el perjuicio patrimonial por la baja estrepitosa del precio de la acción. Aunque aclara que este tipo de procesos puede demorar entre dos a tres años.

"Lo que es lamentable y difícil de explicar son los tiempos que ha demorado la justicia en este caso, que todos han considerado como  emblemático", dijo la abogada, agregando que la lentitud del sistema "extiende el daño" y que urge una reforma al sistema procesal civil, "que lleva mucho tiempo durmiendo en el parlamento".