Las gestiones detrás del giro del gobierno en caso de comuneros

Una serie de contactos hubo la semana pasada entre el gabinete del ministro del Interior, Mario Fernández, y el equipo de Dirección del Instituto Nacional de DD.HH., organismo que encabeza Branislav Marelic, para monitorear la situación de los comuneros mapuches que se mantenían en huelga de hambre.

Las gestiones se sumaron a la postura pública que asumió la oficina chilena de Amnistía Internacional y al rol de otros actores que se incorporaron para mediar en el conflicto. En el caso del INDH, se buscó que La Moneda y los manifestantes llegaran a un punto de encuentro, para lo que se facilitó una gestión clave: el ingreso de representantes del Colegio Médico a la Cárcel de Temuco para verificar la condición de los huelguistas y contrastar esa visión con la que tenían en el Ejecutivo, lo que se tradujo en un informe en el que se advierte que se exponían a "secuelas permanentes y riesgo vital".

Quienes fueron parte de las conversaciones dicen que ese informe fue uno de los factores clave detrás del giro en la postura de La Moneda, cambio que se comenzó a producir desde el miércoles de la semana pasada y que estuvo influido, además, por otros factores. Entre ellos, mencionan el inicio de la huelga de hambre seca -que podía agravar la situación-; las gestiones del obispo Héctor Vargas, del sacerdote Felipe Berríos y de la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche (Amcam) y, finalmente, el rechazo del tribunal a la solicitud del gobierno de modificar las medidas cautelares, junto con la discusión que se abrió sobre la legitimidad de la Ley Antiterrorista.

El jueves, tras una reunión entre Marelic y el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, que estaba agendada previamente, el director del INDH hizo públicamente un llamado desde los patios de La Moneda a lograr un diálogo, en paralelo a las conversaciones que se produjeron entre ese organismo e Interior, a lo que se sumó Gendarmería.

Finalmente, cuando se acordó una reunión entre el gobierno y representantes de los comuneros en huelga de hambre, los familiares solicitaron al INDH que acudiera al encuentro. La cita se concretó el viernes, junto, entre otros, a Fernández y la jefa de gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte. Más tarde, la noche de ese mismo día se anunció la decisión de recalificar la querella contra los comuneros, lo que gatilló la molestia del subsecretario Mahmud Aleuy, quien en esos momentos -y mientras se desarrollaron estas gestiones- se encontraba en Argentina.

"La situación se logró superar en base a un diálogo de alto nivel entre los familiares de los manifestantes y representantes del gobierno. El INDH, en materia de aplicación de la Ley Antiterrorista, es claro desde el informe anual de 2011, llamando al Estado a reformar la ley, y mientras no se produzca el cambio, abstenerse de su utilización. En ese sentido, la decisión del gobierno fue concordante con lo que el INDH recomendó en 2011 y reafirmó en 2014, cuando se publicó un informe sobre las reformas pendientes de esa normativa", dice Marelic.