Las tratativas del alcalde Sharp para comprar el Teatro Municipal de Valparaíso

Antes y después del receso legislativo de febrero, tanto el Senado como la Cámara de Diputados han sostenido diversas reuniones para enfrentar lo que ha sido un reclamo de décadas por parte de diferentes alcaldes de Valparaíso: la eventual deuda histórica del Congreso con el municipio.

En esta oportunidad, el actual edil porteño, Jorge Sharp, buscó el compromiso de los parlamentarios para saldar lo que él define como un pago pendiente, por los permisos para las modificaciones que ha experimentado el edificio, ubicado en el sitio del ex Hospital Enrique Deformes, del sector El Almendral.

Según la estimación municipal, lo adeudado le reportaría a la sede edilicia una cifra cercana a $ 500 millones.

A partir de estas tratativas, Sharp espera implementar una serie de proyectos de desarrollo urbano. Uno de ellos es la compra del Teatro Municipal de la ciudad, que data de 1931 y que, si bien es administrado por la Casa Consistorial, pertenece a la tradicional familia Velarde de la zona.

"Fuimos directos y precisos en la solicitud y al parecer es primera vez que se tiene voluntad para pagar esta deuda. También estamos pensando en impulsar el sector El Almendral como polo de desarrollo, porque está en un evidente deterioro y descuido. Tendremos obras de infraestructura importantes, tanto en el plano como en los cerros. Y una primera idea es la adquisición del Teatro Municipal", detalló el edil.

La compra y restauración de este salón iría de la mano con su armonización junto al entorno del Congreso.

Dentro de los proyectos del municipio para ocupar los fondos de dicha deuda, figura también la recuperación de la Plaza O'Higgins, hoy cercada con una obra de posibles estacionamientos, y la creación de un acceso peatonal.

"Estamos estudiando generar un espacio público, como lugar de acceso popular. La avenida Uruguay podría ser completamente peatonal y nos gustaría tener la disposición del Congreso para levantar sus rejas, a fin de que la comunidad pudiese utilizar sus jardines", manifestó Sharp.

En esa misma línea, en las reuniones entre las autoridades se acordó innovar en los accesos peatonales del perímetro.

Los encuentros en el Congreso definieron los cambios ejecutados después de 1993, que consisten en ampliaciones, subterráneo y patios de luz, cuyos permisos serían saldados sin cuotas durante este semestre, según la información entregada a La Tercera desde el Parlamento.

Las conversaciones iniciales del alcalde fueron con el ex presidente de la Cámara de Diputados Osvaldo Andrade (PS). El recién asumido presidente de la testera, Fidel Espinoza (PS), indicó que "como corporación, hemos trabajado en conjunto el tema con la administración saliente. Y vamos a hacerlo en dos fases: una es cuantificar y sincerar las obras realizadas en el edificio. Luego avanzaremos en los tiempos y montos. Este trabajo lo están desarrollando los equipos técnicos".

En las reuniones, que comenzaron en diciembre de 2016, se informó que recién en 2014 la corporación se enteró de que el edificio legislativo no contaba con la recepción municipal. "Tenemos un salón de honor que puede estar a disposición de la comunidad y trabajamos en la línea de comprometernos a integrar al Congreso con la ciudad. Estamos en la formulación de un protocolo para firmar entre ambas cámaras y el municipio", enfatizó Espinoza.

Para el concejal Claudio reyes (ind.) "sería un buen proyecto de confianza el recobrar la buena vecindad con el Congreso y efectuar la compra del Teatro Municipal. Hay que invertir en su restauración".

"Otra" deuda millonaria

El alcalde Sharp asegura que también existiría otra deuda, respecto de la construcción misma del Congreso en el Puerto, en los años 80: "Estamos acercándonos al gobierno para definir lo que llaman 'compensación graciosa', por emplazamiento del Congreso en un bien de uso público. Esta es una demanda histórica y, según se me ha informado, se trata de unos $ 1.000 millones".

No obstante, consultado Bienes Nacionales, su titular, la ministra Nivia Palma, fue categórica en negar aquel débito. "No existe deuda del Estado con Valparaíso sobre la construcción del Congreso. A fines de los 80, la seremi de Vivienda desafectó el carácter de bien nacional de uso público de ese sector. Por lo tanto, cuando se construyó el Congreso y se pensó en infracción, se debió multar a la constructora. Y si fuera cierto que hay deuda del Estado, han pasado 25 años y por ley debemos oponernos a pagar lo que está prescrito".