Ley de lobby: registro público entrampa negociaciones tras cinco años de tramitación

Una reunión clave se realizará el próximo martes, a las 12 horas, en el Congreso de Valparaíso. Para ese día está citada la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias entre el Senado y la Cámara frente al proyecto que busca regular el lobby y las gestiones de grupos de interés ante autoridades públicas.

Hasta el momento, entre los principales puntos de desacuerdo -y que han impedido que la iniciativa se apruebe- se encuentra la opción de transparentar la agenda de los asesores legislativos y la fórmula para establecer un registro obligatorio de personas que ejercen lobby -como actividad remunerada- o gestión de intereses particulares.

Según admiten tanto en La Moneda como en la oposición, es precisamente este último punto el que podría provocar que el proyecto fracase. La iniciativa acordada por el Ejecutivo y diputados opositores y oficialistas establecía que cada parlamentario o autoridad informe periódicamente los detalles de su agenda, incluyendo, entre otras cosas, las reuniones, el motivo de esas citas y los nombres de las personas involucradas.

En ese sentido, el objetivo era crear, a partir de esa información, un registro indirecto de lobbistas, fórmula que contó con la aprobación de la Cámara de Diputados y que vislumbraba una posibilidad de acuerdo.

Pero los senadores de la oposición cuestionaron ese diseño y pidieron que los propios lobbistas sean los obligados a  identificarse en un registro. Esto, antes de solicitar una reunión con alguna autoridad. Lo anterior -explican- para que el servidor o funcionario público conozca de antemano el motivo de la reunión y, específicamente, el  tema sobre el que se desea influir.

"Pensamos que hay que invertir el peso de la prueba. Una autoridad tiene derecho a saber con quién está hablando", dijo el senador Fulvio Rossi (PS), integrante de la comisión mixta y principal negociador por parte de la Nueva Mayoría.

En esa línea, desde la oposición le pidió al secretario de la comisión mixta redactar un texto alternativo, estableciendo un registro obligatorio de lobbistas.

En el gobierno, en tanto, dicen estar abiertos a buscar una salida "mixta" para lograr sacar adelante el proyecto: obligar a los lobbistas a registrarse como tales y, además, mantener la opción de que ese registro se vaya completando con nuevos actores sobre la base de la agenda que informen las autoridades.

Esta salida mixta, sin embargo, no satisface a los senadores opositores, por lo que el nudo se mantiene.

Las gestiones del Ejecutivo, encabezadas por el ministro Cristián Larroulet, tienen algunos apoyos entre diputados, quienes critican la tardanza en despachar este proyecto.

"Me sorprende que el presidente de la comisión (Hosaín Sabag) haya dejado pasar un mes sin citar a una reunión. Me parece que no hay voluntad", dijo el diputado Jorge Burgos (DC).

El diputado RN Cristián Monckeberg responsabilizó al senador DC Eduardo Frei, quien se opuso a algunos temas de la ley del lobby. "Está pasando lo mismo que en el gobierno de Bachelet, el lobby mató al lobby. Estamos en una situación en que no hay ley".

COMPLEJA TRAMITACION 

La actual iniciativa fue enviada por el gobierno de Bachelet y ya lleva cinco años de tramitación. 

No obstante, las diferencias no son nuevas. En 2003, el gobierno de Lagos envió un proyecto sobre el lobby  que fue declarado muerto tras cinco años de tramitación al no lograrse un entendimiento. En esa ocasión, Burgos acuñó la frase que "el lobby mató la ley del lobby". Por tal  razón, algunos señalan que en realidad el lobby lleva 10 años discutiéndose en el Congreso, sin que se haya logrado un acuerdo.