"Ley Zamudio": escasas denuncias y diversidad de causas marcan su aplicación

La golpiza sufrida el 20 de octubre por Wladimir Sepúlveda (21), quien permanece internado en el Hospital de Rancagua, reactivó esta semana el debate en torno a la Ley Antidiscriminación. Mientras el Presidente Sebastián Piñera mencionó las implicancias del caso, tras resaltar las condenas alcanzadas por el crimen de Daniel Zamudio, el Ministerio Público invocó un eventual móvil homofóbico en la agresión.

Pese a que en la formalización del único detenido esta agravante fue desestimada por el juez de garantía de Graneros, Pablo Aceituno, ayer la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó el arresto domiciliario que pesaba sobre el imputado y determinó su prisión preventiva. Incluso, uno de los ministros consideró que sí concurría la agravante discriminatoria.

La Ley 20.609 -cuya discusión fue reimpulsada luego del ataque a Daniel Zamudio, en marzo del año pasado- rige desde julio de 2012. En lo fundamental, tipifica la discriminación arbitraria debido a raza, religión, apariencia, sexo u orientación sexual, entre otras razones, tanto como un delito civil, como también un agravante penal.

A 15 meses de su promulgación, estadísticas del Poder Judicial indican que hasta agosto de 2013 ingresaron 35 causas a los tribunales civiles, una decena de las cuales tuvo término en tribunales. Una revisión de estas causas muestra que su aplicación ha abarcado un amplio espectro de casos: desde parejas del mismo sexo expulsadas de moteles, hasta el ataque a la Catedral de Santiago.

Según expertos, esta cifra revela una baja cantidad de procesos judiciales en relación al tiempo que está en vigencia la norma.

La socióloga y experta en seguridad Lucía Dammert sostiene que "los casos judiciales son pocos, pero tras eso puede existir otro fenómeno. Chile no sufre de una epidemia de violencia discriminatoria, como sí ocurre en algunas zonas de Estados Unidos. Si bien hay ataques graves y violentos, en su mayoría se trata de faltas cotidianas. Y esta ley puede estar actuando más bien como el marco ético del gobierno".

CAPACITACION

Pablo Urquízar, jefe de gabinete del Ministerio Secretaría General de Gobierno, resalta que "estamos avanzando en la elaboración de la primera política pública nacional en la materia y, desde que se promulgó la normativa, hemos realizado capacitaciones para que se la conozca bien en todo Chile, tanto a funcionarios públicos como a la sociedad civil".

Añade que en "el ámbito penal, tenemos conocimiento de al menos cuatro querellas que invocan esta ley y el gobierno se ha hecho parte en la mayoría".

En la Fundación Iguales tienen una opinión más crítica. Su presidente, Luis Larraín, afirma que la norma "obliga a que la víctima deba aportar todas las pruebas, no crea una institucionalidad y la pone por debajo de otras leyes, como la libertad de culto. No puede ser que haya sólo 35 causas en más de un año".

Mientras, el vocero del Movilh, Rolando Jiménez, dijo que la ley "ha motivado a la gente a defenderse y le ha dado una herramienta", pero critica "que no considere indemnizaciones para las víctimas".

20 de octubre de 2013: El caso de Wladimir Sepúlveda

La madrugada del 20 de octubre, Wladimir Sepúlveda (21) fue agredido por un grupo indeterminado de personas, en el centro de San Francisco de Mostazal, Sexta Región. Según la fiscalía, el ataque, que mantiene al joven grave en el Hospital de Rancagua, fue homofóbico.

El lunes de esta semana, tras conocer la sentencia de los condenados por el asesinato de Daniel Zamudio, el Presidente Sebastián Piñera pidió al intendente de la Sexta Región, Wladimir Román, interponer una querella contra los responsables . La acción judicial, enmarcada en la Ley Antidiscriminación, se concretó el miércoles, día en que también el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) interpuso una querella. Además, tras la apelación del Ministerio Público, el tribunal de alzada resolvió ayer revocar el arresto domiciliario del imputado y dejarlo en prisión preventiva. Uno de sus ministros, Carlos Aránguiz, consideró que el ataque sí podría ser discriminatorio.

30 de abril de 2012: Despido por sobrepeso y diabetes

Tras un chequeo de salud requerido por la empresa en donde M.C. trabajaba como guardia de seguridad, fue suspendida de sus funciones por 15 días, a menos que se realizara otro examen médico, debido a que sus resultados arrojaron que tenía sobrepeso y diabetes. Cuando volvió a su trabajo, después de la suspensión sin goce de sueldo, no pudo trabajar debido a que no traía el examen requerido. Tres semanas después, fue despedida por "razones de fuerza mayor", específicamente por su imposibilidad de cumplir con sus servicios debido a su condición de salud. Ante la demanda presentada por M.C., el Juzgado de Letras de Iquique falló a su favor, debido a que "no existe una explicación suficiente y razonable respecto de los fundamentos del despido", y argumentó, además, "la existencia de una actuación discriminatoria de la empresa, referida en especial a su apariencia física". Esta sentencia fue ratificada en segunda instancia, debido a que la empresa apeló a este primer veredicto, tras lo cual debió pagarle casi $ 4 millones de indemnización.

27 de julio de 2012: Motel de Santiago no admite a dos mujeres

Una velada romántica. Eso es lo que la pareja formada por Pamela Zapata y Carla de la Fuente esperaba disfrutar la noche del 27 de julio de 2012, para lo cual llegaron hasta el Motel Marín 014, en Providencia. Allí, sin embargo, según lo que declararon más tarde a la justicia, un guardia las detuvo y les dijo: "Por políticas de la empresa no pueden ingresar por ser ustedes". Y fueron conminadas a abandonar el establecimiento. A raíz de esto, interpusieron una demanda en el 3er. Juzgado Civil de Santiago, la primera en virtud de la nueva ley. El 5 de diciembre del mismo año el tribunal falló a su favor, dispuso que la Sociedad Comercial Marín Limitada, dueña del motel, no puede "prohibir o restringir el ingreso de parejas homosexuales" y la condenó a una multa a beneficio fiscal de 50 UTM. "Quedamos conformes, pero tuvimos mucha suerte de que hubo testigos", recuerda Zapata. Héctor Silva, uno de los dueños del motel, sostiene que "nunca quisimos ser discriminadores, sino que pensábamos que nuestro servicio era para un tipo de público, pero acatamos el fallo y aprendimos mucho de él".

6 de marzo de 2013: Mujer dice que colegio no aceptó a su hijo

Cuatro años y tres meses tiene el menor V. M., quien ahora asiste al prekínder en un jardín infantil de la ciudad de Arica. En marzo, no obstante, fue motivo de una fuerte disputa legal, que por el momento sigue a la espera de su resolución, luego de que su madre, Paola Peña, denunciara que un establecimiento educacional de esa ciudad no lo aceptara, aduciendo una supuesta enfermedad. "Fue totalmente injusto e inhumano. Yo lo llevé a conocer el colegio, no hubo ningún problema, lo aceptaron, lo inscribieron, le compré los materiales y todo, y en el primer día de clases mi pequeño tuvo un mareo o algo así, y la directora, tratándonos muy mal, me dijo que él tenía epilepsia y no podía recibirlo. Le hicimos muchos exámenes neurológicos y se descartó totalmente esa enfermedad", cuenta Peña.

El 3 de junio, su abogado presentó la demanda en la Corte de Apelaciones de Arica, aduciendo discriminación por discapacidad o enfermedad. En el colegio señalaron que "actuamos acorde a la ley y se espera el pronunciamiento de la justicia".

25 de julio de 2013: Ataque a la Catedral durante protesta

Descolgados de una marcha pro aborto, más de un centenar de personas irrumpió en la Catedral Metropolitana el 25 de julio, mientras se celebraba la misa del apóstol Santiago. La eucaristía terminó en medio de gritos por la despenalización del aborto, con destrozos y rayados en los muros del templo. Posterior al ataque, la Intendencia Metropolitana interpuso una querella criminal contra quienes resulten responsables de los delitos de daños calificados, desórdenes públicos graves y delitos contra la libertad y ejercicio de culto permitido.

Respecto de esta última agravante, el intendente Juan Antonio Peribonio señala que "es nueva en nuestra legislación y fue agregada al Código Penal por la Ley Antidiscriminación".

Añadió que "consideramos que concurre la agravante de cometer el delito motivados por la ideología, opinión política, religión o creencias de las víctimas, que, en este caso, son los clérigos y otros asistentes a la misa". La acción judicial sigue abierta.