Los bienes y roles de los indagados por el fraude en Carabineros
El Ministerio Público lo catalogó como la "mayor" defraudación desde la existencia de la Reforma Procesal Penal. Autos, sitios, departamentos, sociedades e inmobiliarias están en sus patrimonios. Contraloría apoyará indagatoria de fiscales.
"Este es el mayor fraude desde que va la Reforma Procesal Penal". De esta manera, el fiscal nacional, Jorge Abbott, calificó la supuesta malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y eventual lavado de activos que habrían protagonizado más de 17 carabineros. Los imputados habrían defraudado a la institución en casi $ 7 mil millones, según aseguró Abbott.
Aunque ayer el Ministerio Público sufrió un duro revés procesal en la audiencia de control de detención de los imputados, la fiscalía sigue recabando datos referentes a la investigación. Según antecedentes del caso, eran cuatro los oficiales del escalafón de Intendencia de Carabineros (unidad encargada de las remuneraciones) que sustraían los fondos y los depositaban en las cuentas particulares de otros policías de más bajo rango, quienes al retirar el dinero se quedaban con un 10% y lo devolvían en efectivo a los presuntos "cabecillas" de la organización.
Entre los formalizados de ayer están los oficiales Jaime Paz Meneses, Héctor Nail Bravo, Pedro Valenzuela San Martín, Robinson Carvajal Leiva, Mauricio Saldaña Vidal, Ramiro Martínez Chiang, Nelson Valenzuela Aravena, Sergio Collao Cáceres, Felipe Avila Pérez, Carlos Rojas Muñoz, Francisco Estrada Castro, Juan Muñoz Navarro, Víctor Escobar Rodríguez, Juan Moraga Gallegos, Claudio Venegas Godoy, Patricio Morales Díaz y César Fernández Poblete.
De estos, los cuatro primeros serían los presuntos artífices del fraude. Así lo aseguraron fuentes del caso, quienes señalaron que Jaime Paz, Héctor Nail, Pedro Valenzuela y Robinson Carvajal habrían sido los encargados de elaborar el modus operandi que permitió que entre abril de 2011y noviembre de 2015 se desviaran los fondos desde Carabineros.
En el caso del coronel (R) Jaime Paz, quien era el jefe del Departamento de Presupuesto y Finanzas de la institución, y según fuentes del proceso, este junto a los otros tres tenientes coroneles eran los encargados de llamar a los oficiales de menor rango, como, por ejemplo, el capitán de Punta Arenas Felipe Avila, para pedirles "prestada" su cuenta corriente para hacer los depósitos.
De acuerdo a los registros del Directorio de Información Comercial (Dicom), Paz registra una parcela en Buin con un avalúo fiscal de $ 57 millones.
Otro de los supuestos receptores era el teniente coronel Mauricio Saldaña, quien habría sido contactado por Robinson Carvajal, entre 2014 y 2015, para hacerle los depósitos a su cuenta corriente. Carvajal trabajaba en el escalafón de Intendencia y presentó su retiro de la institución en 2015, mismo tiempo en que, según los antecedentes de Carabineros, no se registraron más ilícitos relacionados al fraude.
El abogado de Saldaña, Vinko Fodich, sostuvo que "los autores del delito principal, el fraude, la malversación, son las personas que dentro del departamento diseñan y ejecutan un sistema para sacar dinero y evitar ser descubiertos en los controles internos. Esas son las personas que tienen el dominio del acto".
Según los registros de Dicom, Robinson Carvajal es el que más propiedades tiene a su nombre, en comparación con los otros 16 involucrados. De acuerdo a estos antecedentes, tiene ocho bienes inmuebles y dos motos marca BMW, año 2016.
Otro de los datos que llaman la atención de los investigadores es el vínculo que existe entre dos imputados. El del teniente coronel Héctor Nail y del mayor (R) Nelson Valenzuela Aravena, quien pasó a retiro hace tres años en Villarrica e inició una relación comercial con Nail. Según Dicom, ambos son socios y propietarios de una inmobiliaria, la que registra como fecha de escritura el 16 de abril de 2014, con duración indefinida.
Para avanzar en la investigación, el fiscal nacional anunció ayer que dos abogados de la Contraloría trabajarán con el fiscal Eugenio Campos para apoyar la causa, debido a la experiencia de los profesionales en el uso de recursos públicos. El trabajo de ambos juristas será complementario a la auditoría que lleva el ente fiscalizador.
En tanto, el fiscal a cargo de la investigación, Eugenio Campos, sostuvo que aumentarán los involucrados en el caso y que "deberé realizar más diligencias, dando cuenta, en definitiva, que lo más probable es que el monto que ya hemos señalado pueda ir creciendo".
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.