Los detalles del juicio que terminó con la condena a Jorge Rafael Videla

Videla gobernó Argentina entre los años 1976 y 1983, período durante el cual desaparecieron 30 mil personas según los organismos de derechos humanos.




El ex militar argentino Jorge Rafael Videla, fue condenado hoy a 50 años de cárcel por el robo de bebés durante el gobierno militar que encabezó entre los años 1876 y 1983, período durante el cual además desaparecieron unas 30 mil personas según cálculos de organismos de derechos humanos.

Videla, que el mes pasado fue trasladado a una cárcel común, admitió que hubo robo de bebés durante su gobierno, además del asesinato de miles de personas, aunque precisó que nunca se arrepintió ni consideró que haya existido "un plan sistemático" para la sustracción de los hijos a las madres embarazadas.

"Si la sustracción de un menor tuvo lugar no respondió a una orden y a una convalidación explícita encuadrada en un plan sistemático emanada de las autoridades superiores en los años de la guerra antiterrorista", dijo durante su defensa, en la semana previa a la lectura de la sentencia, cuando admitió que "existieron acciones autónomas y sistemáticas".

La confesión del ex militar que el 2 de agosto cumplirá 87 años, no era nueva. Meses antes se había publicado el libro Disposición Final, del periodista Ceferino Reato, donde Videla había dicho ser "el primero en reconocer" que durante su gobierno "hubo chicos que fueron sustraídos". En su argumentación, sostuvo que los niños fueron robados "unos con la mejor voluntad para darle un buen hogar a los hijos de terroristas, otros para venderlos".

Durante el juicio, Videla acusó a las madres de los niños nacidos en cautiverio señalando que "las parturientas aludidas por la querella, aludidas por las fiscalías, a quienes respeto como madres, eran activistas y usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes", dijo.

Leyendo una decena de páginas escritas por él, Videla calificó como "farsa" al juicio en el que se lo acusó como principal responsable por el robo de bebés y desconoció a los jueces diciendo que "ustedes no son mis jueces".

Además, durante todo el juicio el ex militar reivindicó el actuar de su gobierno durante "una guerra interna iniciada por las organizaciones terroristas contra las instituciones del Estado argentino", con "profundas raíces ideológicas y alentada desde el exterior".

GOLPE DE ESTADO Y GOBIERNO MILITAR
Jorge Rafael Videla nació el 2 de agosto de 1925 en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Tuvo cuatro hermanos. Se casó en 1948 con Alicia Raquel Hartridge y tuvieron siete hijos.

De padre coronel, inició su carrera en el Colegio Militar. Cursó la Escuela Superior de Guerra y avanzó rápidamente en la escala del Ejército. En 1975 fue nombrado comandante en jefe del Ejército por la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón.

Junto a Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, Videla encabezó el 24 de marzo de 1976 el golpe de Estado que derrocó a Martínez de Perón. Luego cerró el Congreso y dio inicio al Proceso de Reorganización Nacional, que finalizó en 1983. El ex militar gobernó desde 1976 hasta 1981, así cumplió el lapso de cinco años pautado por la Junta Militar, siendo el período más extenso que un militar se mantuvo como presidente de facto en el país.

Tras el regreso de la democracia en 1983, fue juzgado y condenado a prisión perpetua por numerosos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gestión, en el que las fuerzas de seguridad perpetraron secuestros, torturas, fusilamientos y los tristemente conocidos "vuelos de la muerte", en los que se arrojó a detenidos desaparecidos vivos desde aviones al Río de la Plata.

El histórico Juicio a las Juntas Militares que se realizó en 1985, tras el regreso de la democracia, lo condenó a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad. Pero recuperó su libertad en 1990, beneficiado por los indultos que decretó el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999).

En 1998 volvió a quedar detenido acusado de implementar un sistema ilegal de apropiación de menores, delito considerado imprescriptible. La inconstitucionalidad de los indultos y la nulidad de las leyes de perdón permitió abrir una serie de causas en su contra que buscan, a casi tres décadas de finalizada la dictadura.

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