Los mayores temores a un mes del debut de la reforma laboral

La reforma laboral entró en tierra derecha. El 1 de abril próximo comenzará a regir la Ley 20.940 -publicada en el Diario Oficial el 8 de septiembre de 2016- que moderniza el sistema de relaciones laborales y que regulará la convivencia interna de las empresas.

La Dirección del Trabajo (DT) contabiliza 3.485 instrumentos colectivos vigentes, suscritos en 2.154 empresas, que tienen como fecha de vencimiento este 2017. De ellos, el 82,6%, equivalente a 2.879 contratos o convenios colectivos, vence desde abril próximo, los que involucran a aproximadamente 275 mil trabajadores, que serán los primeros en negociar bajo la nueva normativa.

A casi un mes de su puesta en marcha en plenitud, la DT no ha concluido el rayado de cancha de la legislación. Hasta ahora, la entidad ha emitido siete dictámenes de oficio que aterrizan aspectos claves, como los nuevos procedimientos de la negociación colectiva, servicios mínimos y equipos de emergencia, pactos de condiciones especiales de trabajo, derecho a la información de los sindicatos sobre la situación de las empresas y extensión de beneficios a trabajadores no participantes en la negociación colectiva, entre otros. Pendientes están los dictámenes relativos a las negociaciones colectivas especiales (interempresa, federaciones y confederaciones, obras-faena) y el de prácticas antisindicales y desleales, aspectos que el gobierno espera zanjar esta semana que comienza.

Un tema que ha generado mayor discusión y debate es el referente al ámbito, acción, límites y facultades de los grupos negociadores, dictamen que está pendiente a petición y consulta de las partes. Tras el rechazo del Tribunal Constitucional (TC) al artículo propuesto por el gobierno, que eliminaba en las empresas con sindicatos la coexistencia de grupos de negociación, estos y su funcionamiento quedaron sin normativa en el Código Laboral. Así, se generó un vacío legal que se anticipa problemático.

Esa, sin embargo, es sólo una de las preocupaciones que economistas, abogados, expertos laborales, ex autoridades y representantes del mundo empresarial plantean en torno a lo que será la implementación del nuevo marco regulatorio.

María Ester Feres, ex directora del Trabajo y académica de la Universidad Central, advierte lo complejo que será. "Los temores principales tienen que ver con muchos aspectos bastante confusos de la nueva normativa, los que, más allá de los esfuerzos de la Dirección del Trabajo de solucionarlos mediante dictámenes, terminarán siendo definidos por los Tribunales de Justicia", asegura. Por lo mismo, agrega, el gran desafío para los empleadores, autoridades políticas y administrativas girará en torno a la gran conflictividad laboral que, prevé, irá in crescendo.

En opinión del experto laboral y consejero de Políticas Públicas de LyD, Huberto Berg, crucial será el rol de la autoridad para garantizar el derecho a trabajar.

Coincide Luis Lizama, ex director jurídico de la DT y miembro del comité laboral de la Sofofa. "La legítima duda tiene que ver con que si desde la autoridad o el gobierno va a haber voluntad política para, efectivamente, asegurar las medidas adecuadas para que en caso de huelga el empleador tenga derecho a producir con aquellos que no están en huelga", señala.

El ex subsecretario del Trabajo y socio de Morales & Besa, Fernando Arab, cree que la reforma tendrá un impacto negativo en el mercado laboral. "Podría complejizar las relaciones laborales, no sirviendo en el propósito de generar relaciones más armoniosas y colaborativas, sino que, precisamente, producir todo lo contrario", menciona. También, agrega, están por verse los efectos que producirá en el empleo y en la calidad de éste.

La visión de los empresarios no es muy distinta. "La conflictividad se verá acrecentada por las indefiniciones de la nueva norma", asegura Patricio Crespo, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. "Las relaciones laborales serán mucho más complejas de lo que han sido hasta ahora. Habrá una fuerte motivación política por movilizar a los sindicatos en función de crear conflicto y paralización en las empresas", cree Víctor Hugo Puchi, presidente de la salmonera AquaChile.

El presidente del Consejo Nacional Asesor de ClapesUC, Alfonso Swett Opazo, piensa que la huelga de Escondida podría ser una especie de avant premiere de los aspectos más complejos de la nueva norma. "Hemos visto bloqueos a trabajadores no huelguistas a seguir prestando servicios, que la nueva ley les reconoce como un derecho, ¿cómo esta nueva ley podrá garantizar un derecho que ella misma reconoce?; hemos visto la judicialización de servicios mínimos en el Juzgado de Letras de Antofagasta, ¿qué hará una mediana empresa que no cuenta con los recursos para contratar la cantidad de abogados que se requerirán para diversos y altos niveles de judicialización?; hemos visto una intervención muy activa de la Dirección de Trabajo y del gobierno, ¿con la estructura actual legal y presupuestaria de la DT, y con más de 1.000 negociaciones colectivas que se vienen este año 2017 podrá hacer frente la DT a estos desafíos que le ha puesto Escondida?", se pregunta.

Por lo mismo, plantea Swett, el gran desafío para trabajadores y empresarios de cara a la reforma laboral será poner más foco en el diálogo continuo con acento en un espíritu de equipo, por sobre el foco que se le está dando a la huelga en sí. "Cuando se pone el foco en la huelga como la madre de todas las herramientas para lograr incremento de remuneraciones, se agudiza la conflictividad y se deterioran confianzas, lo que es un mal negocio para todos de corto y largo plazo", acota.

El gobierno, por el contrario, es optimista sobre el nuevo marco laboral. "Lo que queremos es que los actores entiendan que acá hay un mayor espacio de diálogo y un mayor equilibrio para ese diálogo, que utilizando bien esta legislación y negociando aspectos más relevantes entre las partes creemos que es un aporte para el desarrollo del país", enfatiza Francisco Díaz, subsecretario del Trabajo.