Los rebrotes de vandalismo obligan a modificar la Ley de Violencia en los Estadios

Una caseta de seguridad rodando por las escaleras del codo norte del Estadio Nacional mientras decenas de hinchas lanzan objetos a carabineros, que se ven sobrepasados. El memorial de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura también vejados. Balazos entre ultras a la conclusión de un partido en Los Angeles. Un joven barrista de Universidad de Chile pierde el pie izquierdo en Santa Laura luego de que le explotara una bomba de ruido.  La violencia y el vandalismo siguen su curso en el fútbol chileno, pese a las medidas que tratan de combatirlos. Los malos aún van ganando.

Episodios que se volvieron frecuentes en los últimos años. En 2012 se aprobaron las modificaciones a la Ley 19.327 que apuntaban a entregar mayor responsabilidad a los clubes y a endurecer las penas para los infractores. Pese a que las variaciones al cuerpo legal, creado en 1994, fueron aplaudidas, aún no han sido suficientes para frenar el problema. Sólo en 2014 se han registrado varios incidentes complejos.

Tal es el panorama, la cruda realidad, que el gobierno entiende que debe tomar nuevas medidas. El diputado Matías Walker (DC), miembro de la Comisión de Deportes de la Cámara y uno de los impulsores de las reformas a la Ley de Violencia en los Estadios, adelanta que hay un acuerdo para introducirle modificaciones.

"Hemos acordado, con el Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Prevención del Delito y Estadio Seguro, perfeccionar la Ley de Violencia en los Estadios y el reglamento de Estadio Seguro, porque no puede ser que la única medida que tengan a mano las autoridades sea suspender el espectáculo. Debe haber sanciones intermedias. Además, hay que fortalecer la labor de Carabineros, pues el general Alejandro Olivares, a cargo de la seguridad de los recintos deportivos, está muy solo. Tendría que tener una división dedicada exclusivamente a las barras", afirma.

"Las modificaciones a la Ley de Violencia en los Estadios que aprobamos por unanimidad en 2012 han sido importantes", añade, "porque establecen que los clubes son los que garantizan la seguridad. Y celebramos que la ANFP haya hecho un reglamento donde prohíbe los aportes internos hacia las barras". Con todo, Walker cree y observa "con preocupación" que "los clubes de gran convocatoria siguen manteniendo vínculos con las barras bravas". Como muestra habla del hecho de que La "U" y Colo Colo tengan inscritos a su nombre las marcas de sus barras. Dichos clubes dejaron claro que el fin es el contrario, proteger esas marcas de un mal uso, no confraternizar con los barristas.

El fenómeno de las barras bravas, importado de Argentina, asomó en Chile en la década de los 80. Los de Abajo y la Garra Blanca se escindieron de las barras oficiales de la "U" y Colo Colo, respectivamente, y comenzaron a ganar adeptos y representatividad. Junto a su popularidad crecieron los actos de violencia.

En 1990, los barristas del Cacique golpearon a un simpatizante de Unión Española. El crimen abrió la discusión acerca de una norma que permitiera castigar este tipo de delitos. Se concretaría cuatro años después. La tramitación se agilizó luego de un  partido en que la "U" goleó a Colo Colo por 4-1, con el Presidente de la República Eduardo Frei en las tribunas. Esa tarde los barristas albos quemaron la galería del Estadio Nacional y causaron diversos destrozos.

A pesar de la promulgación de la ley, el flagelo no mermó. En los años siguientes fueron comunes los apuñalamientos y baleos en las cercanías de estadios o en poblaciones de todo el país. Y se trasladó a otras barras. Uno de los sucesos más significativos, en 2000, fue el acuchillamiento de Manuel Saavedra, "El Huinca", en plena tribuna del Monumental. La imagen generó conmoción mundial. Pero no fue el único.

En Chile no hubo un programa que enfocara la violencia en el fútbol hasta 2012, cuando se creó Estadio Seguro. El programa estableció diversas normas para ingresar a los recintos deportivos y para su custodia. Los carabineros dejaron de hacerse cargo de la seguridad en el interior de las canchas, en 2013, y pasó a responsabilidad de los clubes. Un año ha bastado para comprobar que la fórmula no ha rebajado los incidentes. El nuevo gobierno planea establecer más modificaciones. El problema aún permanece.