LyD: 70% de cotización extra irá a reparto el primer año

Contra la tesis del gobierno, respecto a los beneficios que traería la propuesta de reforma de pensiones en la cual trabaja (según se conoce hasta ahora), desde Libertad y Desarrollo cuestionan lo anunciado desde varios frentes, aunque especialmente por el componente de solidaridad que se incluye en el aporte intergeneracional.

Esto, porque las autoridades no habrían explicitado que para cumplir con su promesa de subir en 20% las pensiones de vejez autofinanciadas en el sistema de AFP, sería necesario destinar un 70% de la cotización adicional al "componente de reparto" el primer año de implementación.

De acuerdo al cálculo de LyD, 0,83% de la cotización adicional, la primera alza considerando la gradualidad de seis años que se pretende aplicar al 5% aportado por el empleador, implicaría recaudar US$ 580,4 millones, de los cuales US$ 402,8 millones se requerirían para cumplir la promesa del 20% de mejora de las pensiones.

"Lo que sospechamos es que ellos están pensando en un componente intergeneracional mayor al principio", explicó Alejandra Candia, investigadora del centro de estudios.

El informe precisa que instalar este aporte intergeneracional involucra "una serie de riesgos", destacando el envejecimiento de la población (cada vez hay menos personas activas por personas pasivas), desincentivos al ahorro individual, fomento de la informalidad en el mercado laboral y la generación de un efecto negativo en el empleo. "Existe el peligro que el mayor componente de reparto inicial se termine perpetuando en el tiempo (e incluso elevando), con los perjuicios para nuestra economía que esto conllevaría", sostiene el documento.

Otro efecto no previsto, según LyD, sería respecto al efecto sustitutivo que podría tener el aporte intergeneracional sobre el pilar solidario, "ya que si aumentan las pensiones autofinanciadas de vejez, todo lo demás constante, disminuye el Aporte Previsional Solidario que entrega el Estado a los pensionados que pertenecen al 60% más pobre".

Entre otros, el centro de estudios también criticó la creación de un nuevo ente estatal que administre la cotización adicional del 5%, planteando que se "introduce costos innecesarios al sistema, creando una nueva burocracia estatal que administraría monopólicamente el mayor ahorro". Frente a esto, manifestaron que "el mayor ahorro es de propiedad de los trabajadores, y por ende debiesen ser ellos quienes elijan quién administre su ahorro previsional". En esta línea, señalaron también que "utilizan recursos públicos que podrían haberse destinado a mejorar las pensiones de quienes más lo necesitan a través del Pilar Solidario".