Maduro estrecha el cerco sobre la "fiscal rebelde"

"Este es un fraude procesal con el que se pretende intimidar a la fiscal. Pretenden callarme", aseguró este martes la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, una aliada histórica del chavismo que desde hace unos meses se ha convertido en una de las enemigas más aplaudidas -por la oposición- del gobierno de Nicolás Maduro.

La abogada de 59 años y que fue nombrada fiscal general por Hugo Chávez en 2007, quedó más cerca de ser destituida de su cargo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) diera inicio a un antejuicio en su contra a pedido del diputado oficialista Pedro Carreño, que a mediados de junio acusó a la fiscal de asumir "una postura que atenta contra la paz" en el país.

La propia fiscal, que en los últimos días ha sido blanco de distintos golpes judiciales y políticos por parte del Ejecutivo, admitió que ve su destitución como algo irreversible. "Ya sabemos que en el día de hoy (martes) va a operar mi remoción", aseguró en una conferencia de prensa en la sede del Ministerio Público.

En un acto de rebeldía, la fiscal no acudió a la audiencia ya que según ella, el proceso -que calificó de "espurio" y "amañado"- está plagado de irregularidades. "No acudí al Tribunal Supremo de Justicia. No voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor y cuya decisión está cantada. No lo reconozco", aseguró Ortega mientras se llevaba a cabo la sesión.

Hace tres meses, la llamada "fiscal rebelde" causó un terremoto político en el oficialismo al calificar como una "ruptura del orden constitucional" los fallos con el que el TSJ se atribuyó temporalmente las facultades de la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por una mayoría de oposición.

Las sentencias desencadenaron una ola de protestas antigubernamentales que este martes entraron en su día 95 y que han dejado un saldo de 91 muertos y 1.400 heridos. Las manifestaciones, que piden la renuncia de Maduro y la celebración de elecciones anticipadas, se recrudecieron a comienzos de mayo cuando el Ejecutivo convocó una Asamblea Nacional Constituyente, para reescribir la Constitución bolivariana.

Desde entonces el distanciamiento de la fiscal con el gobierno ha ido escalando luego de que la abogada presentara varias acciones contra la reforma a la Constitución que impulsa Maduro.

Por su parte, el TSJ también le retiró la semana pasada algunas competencias al Ministerio Público, para entregárselas al Defensor del Pueblo. Entre las medidas cautelares previas al juicio, el máximo tribunal decidió congelar las cuentas bancarias de la fiscal y prohibirle su salida del país.

Luego que el presidente del TSJ abriera la sesión, el diputado oficialista Pedro Carreño, que inició la acción legal contra la fiscal, tomó la palabra para detallar las supuestas "faltas graves" en el desempeño de sus funciones. "Ella juega el ruin y deleznable papel de atentar contra las instituciones democráticas", aseguró Carreño, quien acusó a Ortega de "ponerse en antagonismo con el Poder Judicial" y "con el Poder Ejecutivo", luego de que la fiscal denunció a Maduro de practicar el "terrorismo de Estado".

La iniciativa oficialista es vista desde la oposición como una medida desesperada para mantenerse en el poder y ha sido duramente criticada por sectores chavistas que consideran que esa acción podría dañar el legado del fallecido Hugo Chávez.

La fiscal también denunció este martes un "golpe de Estado" más "grotesco" que el perpetrado contra Chávez en 2002.

Al finalizar la audiencia, que duró dos horas, se informó que el máximo tribunal podría entregar su decisión en los siguientes cinco días.

En caso de que la fiscal sea destituida, en su lugar podría asumir Katherine Harrington, una funcionaria cercana al oficialismo y que fue designada por el gobierno como vicefiscal, tras la destitución, la semana pasada, de Rafael González, que ocupaba ese cargo.

El episodio eleva la tensión en el país, mientras comienza la cuenta regresiva para que se lleven a cabo, a fin de mes, los comicios para elegir a los constituyentes que se encargarán de modificar la Carta Magna venezolana.

Por su parte, la oposición venezolana, aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática, anunció el lunes un plebiscito simbólico y popular que se llevará a cabo el 16 de julio y con el que pretende expresar el creciente descontento con al proceso constituyente impulsado por el gobierno.