Mañalich reabre debate por lobby y La Moneda alista nuevo proyecto

Un correo electrónico con el borrador de una nueva iniciativa para regular el lobby fue enviado, la semana pasada, desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia a distintos centros de estudios.

Entre los destinatarios figuraban el Centro Democracia y Comunidad, ligado a la DC; Libertad y Desarrollo, vinculado a la UDI, y la organización no gubernamental Chile Transparente.

El texto -que es la base de una eventual indicación sustitutiva que el Ejecutivo pretende incorporar después de marzo a la reforma enviada durante el gobierno de Michelle Bachelet- era el primer paso para reactivar el debate sobre el lobby en el próximo período legislativo.

Esta discusión, sin embargo, se reactivó tempranamente ayer, luego que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, señalara la existencia de gestiones de parte de tabacaleras y productoras de alcohol, para tratar de influir frente a los proyectos de ley de tabaco -que busca aumentar las restricciones de consumo en lugares públicos- y el que eleva penas por conducir en estado de ebriedad. Este último fue despachado a ley ayer por el Senado.

"En mi experiencia de dos años como ministro, lo que llamamos lobby o influencia, es una dato de la causa, está presente en todo proyecto... hay una influencia sistematizada, donde la industria gasta enormes recursos para lograr representar sus intereses", dijo el ministro, quien agregó que su política es no recibir a lobbistas y abogó por regular la práctica del lobby.

Ya la semana pasada, los diputados Enrique Accorsi (PPD) y Karla Rubilar (RN) habían advertido la existencia de lobby de las tabacaleras, luego de que parlamentarios -principalmente del bloque PS y PPD- afirmaran haberse equivocado durante la votación sobre la ley de tabaco.

"Esto es parte del juego democrático, que cada persona diga cuál es su posición. Lo que parece sensato es que esta influencia, que se suele llamar lobby, esté mejor regulada que lo que tenemos hoy día", acotó más tarde Mañalich.

En La Moneda coinciden en la necesidad de legislar sobre el tema, que a juicio de varios parlamentarios es una de las asignaturas pendientes del Estado chileno, en materia de probidad y transparencia.

Hasta la fecha ha habido dos mensajes presidenciales, uno enviado durante la administración de Ricardo Lagos y otro por Michelle Bachelet, cuya discusión quedó entrampada en el Congreso. La apuesta del Ejecutivo, sin embargo, es aprovechar la tramitación del último proyecto enviado en 2008 para reponer el debate.

"La idea del gobierno es ingresar en el primer semestre una indicación que permita dar las seguridades y la transparencia a la ciudadanía, respecto de la independencia que los funcionarios públicos tienen para tomar sus decisiones", dijo el ministro (S) de la Presidencia, Claudio Alvarado.

Explicó que el eje de la iniciativa será dar "máxima" transparencia a la "agenda de las autoridades, para que quede establecido con quién se reúnen, cuándo y los temas por los que se reúnen".

En el gobierno evalúan que el acento debiera ponerse en regular la acción de lobby, independiente de quién lo ejerza. Para eso, el borrador propone ampliar el universo de autoridades y funcionarios que debieran publicar su agenda. De hecho, los proyectos de Lagos y Bachelet ya incluían desde el presidente, parlamentarios, hasta jefes de servicio.

La nueva iniciativa también propondría minimizar la idea de tener un registro de lobbistas -como planteaban los anteriores proyectos- donde debían inscribirse las personas que realizaran este tipo de actividad. Algunos análisis sostienen que este registro sería poco práctico, ya que eso no impediría que se siga ejerciendo el lobby en forma soterrada.

El ex subsecretario y director del CDC, Edgardo Riveros, quien trabajó el proyecto anterior y participó el año pasado en una reunión en La Moneda para reimpulsar el tema, dijo que están estudiando el último borrador del Ejecutivo, pero insistió en que lo primordial es que La Moneda dé urgencia al debate. "Las declaraciones del ministro de Salud deben ser acompañadas de la reposición con la urgencia requerida del proyecto de lobby", dijo Riveros.

En esa línea, el diputado DC Jorge Burgos sostuvo que es clave que la propuesta del gobierno considere una severa fiscalización, ya que, a su juicio, el lobby oculto es fronterizo con el tráfico de influencias.

A diferencia de iniciativas que ponían el foco en un listado de lobbistas y daban un carácter complementario al registro de audiencias de autoridades, la apuesta de La Moneda es darle énfasis a la transparencia de la agenda de funcionarios y servidores públicos.

La idea del gobierno es tener un espectro amplio de autoridades y funcionarios que deben publicar sus reuniones y actividades diarias, mientras sean en ejercicio del cargo, independiente del lugar donde ocurran. La norma anterior involucraba desde el Presidente a jefes de servicios.