Más competencia y legitimidad: una propuesta distinta para las pensiones

En Chile se ha vuelto lugar común afirmar que no basta con las soluciones economicistas a los problemas sociales. Es cierto que en democracia la política debe gobernar a la economía. Pero esto no implica que toda solución política sea buena. La buena política ha generado libertad, progreso y prosperidad; la mala política ha producido dictaduras y pobreza.

Una buena política resuelve un problema económico respetando una restricción política; una mala política resuelve un incordio político agravando o dejando igual ese problema económico. Visto así, crear un ente estatal para administrar la nueva cotización previsional (el famoso 5%), como propone la Presidenta Michelle Bachelet, es una mala política.

La realidad económica es que la mayoría de las pensiones son insuficientes. Esto tiene muchas causas -el mal funcionamiento del mercado del trabajo, la discriminación laboral contra mujeres y jóvenes, la insuficiente capacitación y los bajos sueldos, la disparidad en la edad de jubilación entre hombres y mujeres- que el plan del gobierno no aborda, y que no tienen nada que ver con quién maneja los fondos previsionales.

La realidad política es que los ciudadanos sospechan de las AFP. Los autores de este artículo hemos pasado meses en la calle reuniendo firmas para un nuevo partido político, Ciudadanos. En esos cientos de conversaciones callejeras vimos la desconfianza, el hartazgo y -digámoslo derechamente- la ira ciudadana respecto de quienes administran fondos previsionales. Buena parte de la falta de legitimidad de las AFP se debe a que seis gerentes de inversión manejan casi 190 mil millones de dólares de todos los chilenos.

No basta con subir las pensiones, afirma el ministro de Hacienda, sino que también hay que incrementar la legitimidad del sistema. Tiene toda la razón. Hagámoslo de un modo económicamente eficiente: reemplacemos las AFP por algo mejor.

Las AFP cumplen dos labores muy distintas, que no tiene por qué efectuar la misma institución. Por un lado, recaudan fondos, llevan cuentas, envían notificaciones a los afiliados (labor de recaudación y administración). Por otro lado, manejan la plata que financiará las futuras pensiones (labor de inversión y gestión).

Nuestra propuesta es simple. Incentivemos el recambio de las actuales AFP por dos tipos de instituciones nuevas. Un ente, la Recaudadora (estatal o privado), que recaude y efectúe lo que el mundo financiero conoce como back office. Y un conjunto de Gestoras de Inversiones Previsionales (GIP) que maneje los fondos previsionales (el antiguo 10% y el nuevo 5%) con el objetivo de obtener la mejor rentabilidad posible para los afiliados. Los costos de administración de la Recaudadora y las GIP serán menores que los de las actuales AFP.

Esta nueva estructura institucional tiene muchos beneficios. La recaudación goza de grandes economías de escala; por lo tanto, cobra sentido que exista una sola Recaudadora. Y para evitar un aprovechamiento del poder monopólico que perjudique a los consumidores, es prudente que el Estado la supervise y organice, dejando para sí las tareas que puede efectuar bien y licitando aquellas donde otros pueden ser más eficientes. La baja resultante en los costos de administración debería traspasarse a los cotizantes, contribuyendo así a mejorar sus pensiones.

Como esos costos son hoy la principal barrera de entrada, en vez de un puñado de AFP, Chile podría tener muchas GIP que efectivamente compitieran entre sí (posiblemente a través de licitaciones de cartera, que podrían extenderse a todos los afiliados) y que, por lo tanto, podrían cobrar menos que las AFP por gestionar fondos. Los ahorros resultantes aumentarían el sueldo líquido de millones de chilenos o, si se depositan en sus cuentas (lo que recomendamos), incrementarían las futuras pensiones.

Las carteras de inversión de las GIP deberían seguir siendo rigurosamente reguladas y supervisadas por el Estado a través del DL 3.00. Requisitos de capital inicial y encaje, adaptados al nuevo sistema, se aplicarían a las GIP. Pero al ser más pequeñas y diversas, podrían especializarse en diversos tipos de inversiones, aumentando la rentabilidad y también ayudando así a mejorar las pensiones.

Las GIP tienen una ventaja crucial sobre el ente estatal que propone el gobierno: evitan el riesgo de captura política. Partes del Estado han sido colonizadas por los partidos políticos y sus cuadros. Los ahorros previsionales de millones de chilenos no deberían ser gestionados por personas como las que autorizaron la pensión ilegal de Myriam Olate en Dipreca.

El cambio de un sistema con pocas y poderosas AFP acabaría con el contubernio a través del cual los dueños de estas administradores designan directores en las principales empresas de Chile, y ejercen poder económico y político utilizando fondos que no son suyos, sino que de todos los chilenos. Sería una tremenda contribución a la legitimidad del sistema.

Llegó la hora de cambiar el foco del debate, que no puede seguir dominado por quienes defienden a las AFP a brazo partido y quienes solo quieren eliminarlas, sin proponer opciones o tomar en cuenta las otras causas de las bajas pensiones.

Crear una alternativa a las actuales AFP es buena economía y buena política. Hagámoslo ya.