Milton Juica, vocero de la Suprema: "No puede haber personas que usando financiamiento reñido con la moral estén en el Congreso"

Milton Iván Juica Arancibia
Un año en el Poder Judicial le queda a Milton Juica, ex presidente de la Corte Suprema.

El ministro del máximo tribunal del país insta a la clase política a hacer gestos que devuelvan la confianza de la ciudadanía en las instituciones . "El Congreso tiene hoy una oportunidad única", dice el magistrado, quien no elude las sospechas que se generan con algunas actuaciones del Poder Judicial que dirigió y que dejará en un año.




Este es su último año en la Corte Suprema, en 2018 cumplirá 75 años y deberá dejar el Poder Judicial, y al ministro Milton Juica se le ve preocupado. Cree que la ciudadanía -que está empoderada por el mayor acceso a la información sobre las autoridades- pueda verse aún más decepcionada si los otros poderes del Estado no hacen gestos que contengan lo que denomina "un clima de desconfianza total".

Aunque entiende que su rol como juez es hacer cumplir las leyes y no modificarlas, observa y emplaza -cada vez que puede- a la clase política a estar a la altura de los tiempos para devolver la legitimidad a las instituciones y salir del clima de sospechas respecto de un supuesto acuerdo para terminar con los casos de financiamiento ilegal de campañas y los casos de corrupción que los han salpicado. Así se ha unido a las peticiones de la fiscalía -donde trabaja una de sus hijas- para que se eliminen las trabas al Ministerio Público para investigar delitos como los fraudes tributarios y terminar con la exclusividad histórica de la acción penal del SII.

Salió a apoyar la idea de que la fiscalía pueda investigar delitos tributarios sin la denuncia del SII. ¿Por qué?

Esto se discutió mucho cuando se creó el Ministerio Público respecto de que si debía tener el monopolio total de la acción penal pública. Y se llegó a la conclusión de que no era necesario que la tuviera toda, porque hay delitos de acción penal privada en que la fiscalía no va a poder intervenir, porque la ley prohíbe que lo haga en delitos, por ejemplo, de injurias y calumnias. Sin embargo, hoy es necesario discutir que la fiscalía pueda investigar delitos tributarios sin la acción penal del SII. Esto, frente a la desconfianza ciudadana de que a lo mejor no hay un criterio objetivo en materia tributaria para deducir la acción penal pública o para pedir que se ejerza la acción penal pública y entregarle al Ministerio Público la investigación de estos hechos.

¿Eso debido a que el SII decidió terminar con las querellas en casos de "platas políticas"?

Claro, tiene que ver con estos casos. Nunca antes se había descubierto esto del financiamiento de las campañas políticas y que se hiciera sobre la base de un subterfugio tributario que no parece sano ni correcto. Gracias a la transparencia y el acceso de los medios de comunicación, la ciudadanía sabe de las actuaciones de sus autoridades, y esta forma de financiar la política se destapó. En el fondo, la consecuencia es el fraude tributario, pero el efecto que provoca es un financiamiento absolutamente irregular. No parece correcto que todo esto ocurra en una sociedad democrática. Yo creo que no puede haber personas que utilizando esos sistemas de financiamiento absolutamente reñidos con la moral estén sentados en el Congreso Nacional o estén ejerciendo un cargo público.

El proyecto que faculta a la fiscalía para perseguir estos delitos ya pasó un trámite, ¿cree que el Congreso lo aprobará?

Lo que creo es que el Congreso tiene hoy una oportunidad única, aunque quizás será difícil que prospere. Pero yo creo que es importante escuchar la opinión de la sociedad, legislar escuchando la voz de la gente. Estas martingalas a la gente no les gusta y hay que corregirlo. Ahora, se ha dicho que esto es lo que piensa la Corte Suprema y no. Eso lo pienso yo. Y creo que también lo piensa el presidente, he visto declaraciones de don Hugo Dolmestch y él cree también que el Ministerio Púbico debería tener mayor injerencia en el delito de fraude tributario.

"Lo que creo es que el Congreso tiene hoy una oportunidad única, aunque quizás será difícil que prospere."

¿Por el bien jurídico que protegen?

Es que estamos hablando de fraudes tributarios, de una actitud maliciosa, de falsificaciones que se hacen para evadir impuestos, lo que es muy serio, porque resulta que no todos pagan impuestos en este país, y los que debieran haber pagado no lo han hecho por actos inmorales. Eso es no hacer una declaración como corresponde.

Volviendo al punto, ¿cree que se dará esa atribución a la fiscalía?

La verdad es que no sé. No sé, por ejemplo, cómo van a votar aquellas personas que están involucradas en estos casos, porque hay muchos, entiendo yo. Lo primero que hay que plantearse es si van a participar o no de esa votación.

¿Cree que aquellos políticos mencionados deben inhabilitarse?

Bueno, eso es una cuestión personal, el tema de la inhabilidad. Pero yo creo que hay muchos de ellos que usaron este sistema, por lo que uno conoce en la prensa.

Entiendo que no cree que prospere...

Lo veo dudoso, por lo menos en el corto tiempo.

Usted habla de que era una gran oportunidad...

En el fondo, lo que está en tela de juicio con todos estos problemas es la transparencia y la probidad. Los ciudadanos no conocemos todas las cosas, hay actos ocultos ilegales que no se conocían. Pero gracias a los medios de comunicación, al ciudadano que busca informarse, incluso a estas mismas redes sociales se ha dado cuenta de que las personas tienen el poder de hacer investigaciones propias y denunciar. La sociedad civil tiene mucha participación en esto.

¿Qué opinión le merece el SII?

En general, trabajan en forma técnica, es un gran servicio que trata de hacer lo máximo para tratar de servir a los intereses tributarios del país. O sea, es el organismo que vigila, controla y, hoy por hoy, hay mejores resultados que en tiempos pasados, porque el sistema tecnológico le permite estar al día de las transferencias, inversiones y contratos que pueden generar impuestos. Desde ese punto de vista es un buen servicio. Ahora, yo no sé si tiene la capacidad material para poder revisar todas las contabilidades. Porque ese es el problema. El tema de los impuestos es una cuestión de confianza. Yo hago mi declaración, porque creo que es lo que tengo que declarar y el SII me la va a observar, puede controlar. El tema es a qué contribuyentes selecciona para ver si están haciendo bien las cosas y eso, claro, ahí se puede pasar mucha gente que no es controlada y puede que esté ahí la evasión de impuestos.

El SII está en el centro de las críticas, se le acusa de actuar de forma política...

El tema es que el Código Tributario contempla delitos graves y otros que no son tan graves. Pero los fraudes, las declaraciones maliciosamente falsas y otros tres o cuatro delitos más del Artículo 97 debieran tener una clara independencia desde el punto de vista de la acción penal pública. Ahí, yo no le daría esa discrecionalidad al SII. Hay otras situaciones, del vendedor que está en la calle, que vende y elude el pago del IVA, ya eso puede ser que sea exclusivo del SII.

¿En qué casos no?

A los grandes contribuyentes y también a cualquier otra persona que quiera aprovecharse del sistema.

Hablamos de la confianza de la ciudadanía, ¿ha estado a la altura el SII?

No estoy en condiciones de afirmar o asegurar una cosa como esa, pero observo que hay situaciones que necesitan una mejor explicación y que el servicio no ha podido darlas satisfactoriamente.

Es probable que estos casos terminen en bajas penas. ¿El Poder Judicial está preparado para eventuales críticas por las expectativas que se han generado?

Así es nuestro sistema de penas. Y las penas están establecidas por la ley y la ley la dictan el Presidente de la República y el Congreso Nacional y, por lo tanto, nosotros como jueces estamos obligados a operar en base a una estructura jurídica determinada y no podemos ir más ni menos de lo que la ley nos indica. Tenemos poca responsabilidad en el efecto que pueda provocar respecto de la labor de los jueces.

¿La pena de estos delitos es baja?

En general, los delitos funcionarios y los delitos de "cuello y corbata" tienen baja penalidad en Chile. No tienen ninguna comparación con los delitos contra la propiedad y delitos contra las personas. Aquí hay que de una vez hacer algo para equiparar infracciones a bienes jurídicos que hoy pueden ser más relevantes para esta sociedad. Si esta sociedad quiere que estos delitos no existan y sean corregidos drásticamente tendrá que haber una disposición parlamentaria para aumentar las penas, así de simple. Pero en eso al Poder Judicial poco le toca. Ni siquiera, a veces, nos piden informes. Quien tiene que recoger las inquietudes de la sociedad son los representantes de los ciudadanos. ¡Y qué duda cabe que algo que está pendiente es modernizar el Código Penal! Hace poco, un gran penalista, el señor Etcheberry, redactó un código moderno y se han presentado una cantidad de proyectos de Código Penal, pero el Congreso poco caso le hace. Quizás encuentra difícil el tema o a lo mejor muy controversial.

"los delitos funcionarios y los delitos de "cuello y corbata" tienen baja penalidad en Chile. No tienen ninguna comparación con los delitos contra la propiedad"

¿Elevar penas por delitos por los que ellos podrían ser perseguidos?

Mi experiencia dice que hay desequilibrio con las penalidades respecto de los bienes jurídicos que están en juego. Hay un desequilibrio claro, pero tampoco soy partidario de que todo sea cárcel y que todo sea penas altas. Debería haber un cierto equilibrio.

Volviendo al tema de la desconfianza, ¿la Suprema se hace cargo del fallo dividido que sobreseyó al senador Patricio Walker con un voto suyo de minoría que dice que terminar una causa en una etapa tan primaria da sensación de impunidad...

Hice mi voto, lo que pienso está ahí y no me gustaría ahondar, porque implica hablar de un fallo en que una mayoría pensó de una manera distinta y por respeto a mis colegas prefiero no decir lo que me parece correcto o no de lo que hicieron.

Había un senador investigado por delitos graves...

En general, me gusta que estos tipos de delitos se investiguen completamente.

¿Y era prematuro sobreseerlo?

Eso dice mi voto, no puedo ir más allá de eso, porque no puedo hacer una opinión que pueda afectar a otros colegas que pueden tener tantas o buenas razones para decir que estoy equivocado. Es un reproche que no quiero hacer con nadie. No corresponde que un ministro diga que su opinión es mejor que la de otro ministro.

Es que ese fallo también ha generado críticas, se dice que sería parte de un acuerdo para cerrar estos casos...

No tengo ningún antecedente para pensar de esa manera. Mi tema es jurídico. La Corte Suprema no se deja presionar, por lo menos tengo esa convicción íntima. Ydescarto totalmente que haya un acuerdo, ese fue un caso puntual, no es una doctrina.

Usted menciona que la sociedad civil exige gestos...

Sí, está muy bien eso. Me parece que se fiscalice, que se transparente. En eso el Poder Judicial fue una de las primeras instituciones en dar ese paso. Antes de que operara la Ley de Transparencia dispusimos que cambiara el esquema y que el Poder Judicial ahora iba a entregar toda la información. Hemos entregado tanta información, que nos ha creado más conflictos. Nos han criticado porque entregamos mucha información. Que publicitamos mucho más que antes. Bueno, esta es una sociedad, digamos... ezquizofrénica. En un principio nos criticaban por el secretismo del Poder Judicial que nada se sabe, que nadie conoce a los jueces. Ahora los jueces son todos conocidos y eso, hoy por hoy, para algunos, para los menos pero importantes, es delicado, grave.

Lo dice por las transmisiones del Canal Judicial que fueron criticados por el juicio a Nabila Rifo...

Mire, eso es un detalle, si lo que interesa es preservar una norma constitucional y legal de que los juicios son públicos. Y ¿Cómo debe ser un juicio público? ¡Público, pues!, sin barreras. Quien dirige eso es el juez. Hay casos en que el juez deberá discernir y decir a este testigo lo voy a proteger, a esta víctima la voy a proteger, etc. El tema de personas implicadas en un caso que tengan una connotación política o social importante no tienen por qué inhibir la publicidad. Eso sería totalmente absurdo.

La formalización del caso Penta fue la primera transmisión y las defensas lo criticaron...

Pero ahí no estamos hablando de un juicio. Era una audiencia de formalización que es de puro carácter técnico. ¿Qué problema hay que la sociedad conozca eso?

Las defensas dicen que esto merma la presunción de inocencia...

Todo el mundo sabe que la presunción de inocencia se certifica finalmente en la sentencia definitiva. Y están muy equivocados los que piensan que los jueces van a ser convencidos o presionados por lo que se hable, se diga, se publicite....

Carabineros está envuelto en un millonario desfalco y en el Poder Judicial hace pocos días se conoció también un fraude...

Sí. No fue bueno para la imagen del Poder Judicial que se produjera un hecho de esa naturaleza. Confiamos en que nuestros protocolos de seguridad, en cuanto se refiere a dineros que administran los Tribunales de Justicia o el Poder Judicial en general, están bien asegurados. Lo que sí puedo decirle es que esta es una situación puntual, pese a ello estamos revisando todas las cuentas de los tribunales del país. La funcionaria involucrada y su pareja están presos y ya se verá en el juicio, por otra parte, estamos investigando también las responsabilidades administrativas del juez a cargo de esos fondos.

¿Qué opina de lo ocurrido en Carabineros, debe esta institución dar señales radicales para recuperar la confianza?

O sea, lo que uno debe pedirle a Carabineros es que, desde luego, determine las responsabilidades administrativas que pudieron haber dentro del propio cuerpo de Carabineros. Es un tema de ellos ver cómo salen de esto, el director está preocupado, ha reestructurado todo... bueno. Carabineros maneja unas cantidades significativas de recursos. Hay muchos formalizados, por lo que uno lee en la prensa, y es preocupante enterarse día a día cómo esta cifra de malversación va creciendo. Es muy complejo lo que le está ocurriendo a Carabineros.

Usted fue presidente de la Corte Suprema, ¿si hubiera ocurrido algo así durante su mandato habría renunciado? ¿Cree que sería bueno el cambio de Alto Mando en Carabineros?

Sería muy delicado que yo emitiera una opinión en el sentido de pedirle a una autoridad que dé un paso al costado. Es una cuestión propia de Carabineros. Lo que sí, hay una sociedad civil vigilante que pide gestos y eso les corresponderá a ellos.

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