Oposición uruguaya se siente "lejos" de legalizar la venta de marihuana

A pesar de la campaña impulsada por el presidente José Mujica, el tema ha generado polémica a nivel nacional e internacional, y a los avances de un proyecto de ley que actualmente analiza el Parlamento.




Los partidos de la oposición uruguaya se sienten "lejos" de legalizar la venta de marihuana a pesar de la campaña impulsada en tal sentido por el presidente José Mujica, que ha generado polémica a nivel nacional e internacional, y a los avances de un proyecto de ley que actualmente analiza el Parlamento.

"Hasta hace un tiempo tenía mis reparos, ahora soy pesimista en que se llegue a la legalización", afirmó hoy el diputado Daniel Radío, del Partido Independiente, durante una jornada de debate sobre "Legalización de la Marihuana ¿hacia dónde va Uruguay?" organizada por estudiantes de Ciencias Políticas.

En el mismo sentido se expresó el también legislador del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, expresidente de la Cámara de Diputados, para quien la actitud del Gobierno "supuso un retroceso" porque "tiró por la borda algunos acuerdos que ya se habían alcanzado" entre los partidos políticos.

Lacalle, que durante el encuentro reconoció haber consumido marihuana en su juventud, destacó la necesidad de "penas más duras" para los narcotraficantes en general, algo que no encaja en el proyecto oficial mas inclinado a atender la lucha contra el tráfico de drogas mediante la supervisión del consumo y la educación.

Hoy un narcotraficante que ingrese 500 kilos de drogas a Uruguay "con buena conducta apenas cumple dos años de prisión", destacó el también diputado opositor.

Ambos legisladores señalaron que el proyecto que legaliza la venta y comercialización de la marihuana ni siquiera tiene el apoyo unánime entre los parlamentarios de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio. 

El diputado oficialista Sebastián Sabini, perteneciente al sector del presidente Mujica y uno de los redactores del proyecto de ley, admitió que el sistema actual que se aplica en Uruguay para la lucha contra el narcotráfico "fracasó" porque tanto el tráfico como el consumo de drogas "está en aumento".

El proyecto autoriza al Estado a asumir "el control y la regulación de actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis o sus derivados".

La iniciativa crea el Instituto Nacional del Cannabis (INCA), que entre otras funciones será el encargado de autorizar los cultivos y los locales de venta.

Además, se habilita el "autocultivo" de hasta seis plantas de marihuana, con una cosecha máxima de 480 gramos anuales, para uso doméstico "destinado al consumo personal o compartido dentro del hogar.

También se permitirá la instalación de clubes con hasta 15 socios y que pondrán cultivar 90 plantas de marihuana.

Para acceder a los 40 gramos mensuales autorizados , los consumidores deberán registrarse, "pero la privacidad de sus datos está garantizada por la ley" y lo que se busca es "evitar que la droga salga del país", agregó Sabini.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, que también participó en el debate recordó que en Uruguay el consumo de marihuana no está prohibido, pero sí se pena la venta, el cultivo, la importación y el tráfico.

Lo que busca el Estado con el control de la venta es "afirmar los derechos civiles y luchar contra el tráfico", aseguró.

Olesker estimó que si se legaliza la producción y venta de la marihuana "caerá el consumo de otras drogas más perjudiciales para la salud, en especial la pasta base de cocaína".

Destacó además que la iniciativa del Gobierno "va acompañada de políticas de salud y educación para evitar que se criminalice al consumidor".

El ministro dijo que en Uruguay hay "unos 65.000 consumidores habituales de marihuana y 200.000 ocasionales". 

La suerte del proyecto de ley no está clara porque el Frente Amplio tiene mayoría en ambas cámaras pero varios legisladores oficialista han señalado sus discrepancias con la iniciativa que analizan los diputados, y que en caso de aprobarse pasará luego a estudio del Senado.

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