Personal a honorarios en municipios se duplicó entre 2006 y 2016

La permanente discusión sobre el tamaño del sector público retoma interés cada vez que se discute el incremento del gasto fiscal en el Presupuesto 2018, donde entre otros, se define el número máximo de personas que pueden ser contratadas como trabajadores de planta, a contrata o a honorarios en el Estado.

Y en este contexto, el Servicio de Impuestos Internos (SII) aportó con información sobre esta última modalidad. En base a información reportada según la declaración jurada de Honorarios 1879, que obliga a declarar renta a quienes entreguen boletas a instituciones fiscales, instituciones semifiscales de administración autónoma, municipalidades y personas jurídicas en general, se registró un total de 373.838 declaraciones en el sector público en 2016, buena parte de ellas concentrada en organismos de la administración pública y municipalidades.

Así, los datos muestran que 198.053 trabajadores declararon honorarios en la categoría de organizaciones de la administración pública, equivalente a un alza de 23% en 10 años, mientras que en el sector municipal ese número prácticamente se duplicó, pasando de 85.366 a 168.773 contribuyentes, implicando un avance de 97,7% desde 2006.

Aunque el total de declarantes (373.838) representa un alza de 50% respecto del número de contribuyentes a honorarios de 2006, el SII explicó que los contribuyentes podrían ser informados por más de una entidad del sector público, por lo que dicho total podría exceder en la práctica el número total de personal a honorarios.

Las cifras difieren de los datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), condensados en el informe "Estadísticas de Recursos Humanos del Sector Público 2006-2015", que elabora la entidad -que se actualizará a fines de noviembre con las cifras de 2016- y que señala que para 2015 el número de personal contratado sobre la base de honorarios alcanzó las 47.577 personas.

¿La razón? diferencias metodológicas. Los datos de Dipres consideran "la administración central más la Contraloría", excluyendo así al personal contratado como honorarios en el Poder Judicial, Congreso Nacional y Ministerio Público, así como al personal a honorarios de empresas públicas, municipalidades y en los servicios municipalizados. Además, deben tener un contrato vigente al 31 de diciembre de cada año.

Rodrigo Cerda, director alterno de Clapes UC, planteó que "sería muy bueno tener un sistema centralizado de remuneraciones en un único lugar del sector público. Lamentablemente, hoy cada ministerio y servicio tiene su propio registro. Es difícil llevar el día a día de los trabajadores honorarios".

Además, Cerda señaló que "me da la impresión de que el Estado necesita cierta flexibilidad para contratar personas, pero la planta en el sector público es muy inflexible. Por eso crecen los honorarios en forma importante, y genera problemas de información, de gestión de recursos humanos y de transparencia".

A su vez, Guillermo Pattillo, ex subdirector de Dipres y académico de la Usach, indicó que "es completamente distorsionado el sistema hoy, porque está simplemente supliendo a la dotación por rigideces del sector público", agregando que "en el plazo mediano deberíamos sincerar el sistema".