Postergan nuevamente juicio contra Berlusconi por corrupción judicial
Los jueces consideran que conocer la sentencia contra abogado inglés David Mills es necesaria ante las peticiones de pruebas de ambas partes.
El proceso contra el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, por corrupción judicial sufrió hoy un nuevo parón al ser aplazado hasta el 27 de febrero, cuando ya se haya pronunciado el Tribunal Supremo sobre la condena al abogado David Mills.
El tribunal milanés acogió así la petición de los abogados de Berlusconi de suspender el proceso en espera de que se conozca la sentencia definitiva de Mills, que en apelación fue condenado a 4 años y 6 meses de cárcel por haber mentido a los jueces a cambio de dinero en dos procesos contra el primer ministro.
Los jueces consideraron que la sentencia definitiva de Mills será necesaria ante las peticiones de pruebas que serán presentadas por ambas partes durante este proceso.
El Supremo tiene previsto reunirse el 25 de febrero para pronunciarse sobre la condena al abogado inglés.
Se trata así de un nuevo aplazamiento en este juicio, que el pasado 27 de noviembre se reinició con un nuevo tribunal, después de que la parte relativa a la acusación contra Berlusconi había sido suspendida tras la aprobación de la ley que daba la inmunidad a los cuatro altos cargos del país y que posteriormente fue invalidada por el Tribunal Constitucional.
Durante la vista de hoy también los letrados de Berlusconi habían pedido al tribunal invalidar todos los actos del juicio paralelo contra Mills e iniciar así desde cero el proceso contra el mandatario.
El tribunal milanés desestimó esta petición y declaró así abierto el juicio oral contra Berlusconi, que está acusado de pagar 600.000 dólares al abogado Mills para que mintiera en su favor en dos juicios en los que fue absuelto.
Desde marzo de 2007 se juzga el supuesto pago de 600.000 dólares a Mills por parte de Fininvest, la sociedad de la familia Berlusconi, a cambio de que éste diera un falso testimonio en dos procesos.
El primero sobre el supuesto pago de comisiones a funcionarios del Ministerio de Finanzas a cambio de un trato fiscal favorable para la financiera Fininvest y el otro llamado "All Iberian", sobre una sociedad ficticia creada por Fininvest que supuestamente falsificó sus balances para financiar ilegalmente varios partidos políticos.
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