De Punta Peuco a Colina 1: los detalles inéditos del traslado

Será, probablemente, de noche, incluso de madrugada. Con carácter reservado y sin aviso para evitar riesgos e incidentes como los producidos durante el cierre del penal Cordillera, en septiembre de 2013. Ya existe predefinido un operativo de varias unidades móviles -que incluye ambulancias- que se desplazarán en forma simultánea para minimizar el tiempo de traslado de los detenidos. Cada paso del dispositivo para la reubicación de los 129 condenados que se encuentran recluidos en el penal de Punta Peuco hasta el módulo especial de Colina 1 ha sido evaluado una y otra vez por Gendarmería, a la espera de que el Ministerio de Justicia les transmita la orden de la Presidenta Michelle Bachelet para proceder.

Todo está listo. La decisión está tomada, el operativo ya está planificado y el lugar que recibirá a los reos está completamente habilitado. Sólo falta la fecha exacta en que la Jefa de Estado firmará el decreto supremo para el cierre definitivo de la cárcel especial para autores de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen de Pinochet.

Una acción que será rápida. El documento tipo, incluso, ya está redactado, falta llenar espacios en blanco, aseguran personeros del Ministerio de Justicia. Lo demás debería ser igual de expedito, añaden las mismas fuentes. Entre el recinto de Tiltil y el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1 hay unos pocos kilómetros de distancia.

El anuncio oficial, sin embargo, será horas después, cuando los reclusos ya estén en sus nuevas celdas. En el gobierno no quieren repetir el error que cometió la administración del Presidente Sebastián Piñera en 2013, cuando anticipó la decisión de cerrar el penal Cordillera y trasladar a Punta Peuco a los 10 ex oficiales que estaban allí presos, entre ellos el ex jefe de la Dina general (R) Manuel Contreras Sepúlveda, para terminar con los privilegios que tenían en el recinto de Peñalolén, junto al Regimiento de Telecomunicaciones del Ejército, donde disponían de cabañas, quinchos y jardines para recibir a las visitas.

Cuando Piñera hizo el anuncio desde Nueva York, el 26 de septiembre de ese año, no todos los reclusos directamente afectados estaban en Cordillera. El general (R) Odlanier Mena, ex director de la CNI, estaba en su departamento de Las Condes, con beneficio de libertad los fines de semana. El domingo 28 de septiembre, Mena salió a la escalera del edificio donde vivía y se descerrajó un disparo en la cabeza. El ex militar no estaba dispuesto a ir a Punta Peuco.

El suicidio de Mena empañó, en parte, el simbolismo que tenía para un gobierno de centroderecha haber sido el único capaz de haber puesto término a un recinto ampliamente cuestionado por las organizaciones de familiares de víctimas de los derechos humanos y por partidos de la centroizquierda. Las manifestaciones e incidentes ocurridos durante el operativo de traslado de los nueve presos restantes, tanto a la salida de Cordillera como a la llegada de los reos a Punta Peuco, tampoco ayudó.

Pero la seguridad no sería la única razón que se esgrime en La Moneda para mantener en reserva la fecha en que Bachelet cumplirá el compromiso que adquirió al inicio de su gobierno.

En septiembre de 2015, la entonces ministra Blanco recibió luz verde para iniciar las obras de construcción y refacción del módulo de Colina 1.

En el comité político no todos están de acuerdo en que se efectúe este procedimiento cerca de un nuevo aniversario del 11 de septiembre, ni que se asocie este hecho con los recuerdos del golpe de Estado. Algunos, incluso, como el ministro del interior, Mario Fernández, y su par de Justicia, Jaime Campos, son partidarios de que se envíe, además, al Congreso un proyecto de ley que regule de manera general el tema penitenciario, entre ellos la edad máxima que puede tener una persona para que cumpla pena de cárcel efectiva. Debate que aún no se termina de zanjar.

Por eso, aunque en el gobierno y el oficialismo se habla de que el cierre de Punta Peuco y el traslado de los presos a Colina 1 "es inminente", nadie aventura una fecha. El problema es que los plazos para que Bachelet alcance a cumplir su compromiso de cerrar Punta Peuco durante su gobierno se acortan.

Fue el 14 julio de 2014 cuando las líderes de diversas agrupaciones de derechos humanos tuvieron su primera audiencia con la Presidenta Michelle Bachelet desde su regreso a La Moneda. La líder de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, estuvo ahí, al igual que la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), Alicia Lira. A la cita llevaron una serie de solicitudes agrupadas en lo que denominaron "agenda corta de DD.HH.". Se discutieron una serie de reformas legislativas tendientes a poner fin al secreto por 50 años del Informe Valech, a prohibir homenajes públicos a sujetos procesados o condenados por delitos de lesa humanidad y a impedir que estos uniformados reciban beneficios carcelarios que les permitan cumplir condena en libertad. Además de todo eso, se pidió una vez más el cierre de la cárcel especial de Punta Peuco, en Tiltil, todo un símbolo de los privilegios que -a su juicio- todavía conservaba el mundo militar.

La respuesta de Bachelet a las peticiones es recordada hoy como positiva, pese a que el único compromiso concreto que asumió frente a los dirigentes de organizaciones de DD.HH. fue el de dejar al entonces ministro de Justicia, José Antonio Gómez, a cargo de verificar la factibilidad de esta agenda y monitorear su avance.

Sin que las líderes de estas organizaciones lo supieran, Bachelet le pidió a Gómez que estudiara un eventual cierre de Punta Peuco. El ministro, a su vez, instruyó realizar un informe técnico a Gendarmería para analizar esa posibilidad. El trabajo comenzó en septiembre de 2014, cuando Bachelet anunció que le daría suma urgencia al proyecto para anular la Ley de Amnistía y al que tipifica el delito de tortura. Si bien no hubo un anuncio formal sobre la clausura de la cárcel, el trabajo en esa línea ya había comenzado.

El documento quedó listo en marzo de 2015. Algunos de sus puntos fundamentales, según quienes tuvieron la oportunidad de leerlo, remiten a aspectos estrictamente operativos que respaldaban un eventual cierre. El primero era el creciente hacinamiento causado por los más de 70 internos que cumplían condena ahí en ese momento y que motivaron la construcción de nuevos módulos en estructuras tipo contenedor, que luego tuvieron que ser reacondicionadas para maximizar el espacio. Al límite de su capacidad, seguir ampliando Punta Peuco se hacía inviable. Hoy, dos años y medio después del informe, el número alcanza los 130 reos.

Otras dificultades planteadas en el escrito eran que el recinto no estaba en condiciones de albergar mujeres, a pesar de que en ese momento ya había varias ex militares procesadas por estos delitos, y los problemas con el suministro de agua en toda la comuna de Tiltil, declarada zona de escasez hídrica en 2012. Todas estas situaciones, sumadas a la carga simbólica de Punta Peuco, llevaron a que tanto el ministro Gómez como la Mandataria se convencieran de que el cierre del penal no era descabellado.

Gómez, incluso, alcanzó a visitar las instalaciones de Asistyr al interior del penal Colina 1, destinado a enfermos siquiátricos, antes del cambio de gabinete del 11 de mayo de 2015, cuando debió dejar Justicia para irse a Defensa. Durante esa inspección, señalan cercanos al ministro radical, Gómez vio que el lugar podía cumplir con las condiciones para recibir a los militares presos por crímenes cometidos en el régimen de Pinochet. Es más, se les consultó la opinión a diversas personas, incluidos algunos presos de Punta Peuco, como el brigadier (R) y ex agente de l Dina Miguel Krassnoff, quien -según consignaría más tarde el informe entregado a la Presidenta Bachelet- habría mostrado disposición a ser trasladado al nuevo recinto penitenciario.

De esta idea nada se supo hasta el 9 de agosto de 2015. Ese día, en una entrevista con el diario electrónico El Desconcierto, la sicóloga Carmen Gloria Quintana, quien logró sobrevivir tras ser quemada viva por una patrulla militar durante una protesta en 1986, desclasificó parte de la conversación privada que había tenido con Bachelet en La Moneda 10 días antes, el 30 de julio.

"Yo estuve conversando con la Presidenta Bachelet y ella me comunicó que Punta Peuco se va a cerrar en septiembre", dijo en esa ocasión Carmen Gloria Quintana.

La Moneda no se hizo cargo en ese momento de la filtración. Por entonces, el oficialismo estaba enredado en si apoyaba al nuevo equipo político, encabezado por el ministro DC Jorge Burgos, en la idea de enmendar el rumbo del gobierno bajo el eslogan de "realismo sin renuncia".

Es más, miembros del comité político de la Presidenta aseguran que la Mandataria jamás les explicitó a ellos que tuviera decidido cerrar Punta Peuco. Cosa que hasta ahora no habría hecho, añaden.

El tema, dicen en Palacio, lo siguió trabajando con sus colaboradores más estrechos del segundo piso y en especial con la ministra de Justicia, Javiera Blanco, a partir de los informes elaborados en la gestión de Gómez.

Habría sido la titular de Justicia precisamente la que desde agosto de 2015 empujó con más fuerza la idea de cerrar Punta Peuco. Por entonces, Blanco enfrentaba a los funcionarios del Registro Civil, los que estaban por iniciar un paro de actividades que se prolongaría por 39 días y que provocó serios trastornos a miles de personas que no podían hacer trámites básicos, como sacar o renovar sus carnés de identidad, pasaportes, casarse e inscribir nacimientos y defunciones. El fin del cuestionado penal de Punta Peuco, a 20 años de su creación, señalan fuentes de gobierno, "era una buena forma de salir por arriba de la crisis". En Palacio, calculaban que el cierre del recinto especial para violadores de derechos humanos podría haber significado un alza de dos o tres puntos en el respaldo a Bachelet. La misma alza que experimentó Piñera tras el cierre del penal Cordillera.

Así, en septiembre de 2015, Blanco obtuvo la autorización de la Presidencia para iniciar los trabajos de remodelación del módulo Asistyr en Colina 1, con miras a recibir a los presos de Punta Peuco.

En total, según datos del gobierno, se invirtieron cerca de 1.500 millones de pesos en la refacción, pintura, habilitación y alhajamiento de las tres galerías, separadas por pequeños patios o espacios comunes, con que cuenta este módulo especial en el penal Colina 1. Además de trabajos en mejoramientos de seguridad, la construcción de baños comunes y del alzamiento de un muro perimetral.

Cada galería dispone de 10 celdas, de dos metros de largo por dos de ancho, algunas con camas individuales, pero que podrían llegar a albergar literas en caso de aumentar el número de internos. En total, afirman fuentes de Gendarmería, tal como está, podría recibir a unos 120 reclusos. Cada habitación dispone de una pequeña ventana con gruesos barrotes y las puertas son pesadas correderas de acero con una pequeña mirilla de metal que permite a los guardias vigilar a los reos en todo momento.

Reportajes tuvo acceso en exclusiva a fotografías de los pabellones en Colina 1 que albergarán a los ex militares y que confirman que el lugar está completamente refaccionado y habilitado para el traslado de los presos.

El módulo en Colina 1, pintado de color blanco hueso, no tiene ninguna de las comodidades que los ex militares poseen en Punta Peuco. Ni la sala de máquinas de ejercicios para el kinesiólogo, ni aulas para aprender idiomas, ni capilla, ni biblioteca, como disponen en el recinto de Tiltil.

Sí dispone de una enfermería, la que fue habilitada a petición de algunos jueces de causas de derechos humanos, precisamente para evitar que los condenados, muchos de ellos adultos mayores, fueran sacados periódicamente del penal al Hospital Militar u otros centros asistenciales a control y tratamientos.

El cierre del penal Punta Peuco se reactivó el 6 de julio, luego de que la Presidenta Bachelet reiterara en entrevista con CNN que cumplirá su compromiso.

Hubo otro cambio que fue necesario introducir. En octubre o noviembre de 2015, el entonces ministro del Interior, Jorge Burgos, les pidió a un par de funcionarios de su cartera que inspeccionaran las obras y el lugar que se estaba habilitando en Colina 1 para los ex militares. Una de las cosas que le relataron más tarde fue que había una sola entrada para las visitas en todo el Centro de Cumplimiento Penitenciario, lo que podría llegar a convertirse en un problema. Poco después de esa inspección, se construiría una entrada independiente para el módulo.

En agosto de 2016, la cartera de Justicia lanzaría una nueva ofensiva por el cierre de Punta Peuco. Para entonces, las agrupaciones de derechos humanos habían vuelto a levantar el tema y presionaban a la ministra Blanco porque se oficializara el anuncio.

"Pedimos que nos llevaran a conocer las cárceles por dentro, estuvimos en Santiago Uno, en San Miguel y en Colina 1. Me pareció que Santiago Uno era un lugar más parecido a una cárcel común, donde personas como éstas deben estar, porque son violadores de DD.HH. Ahora, el recinto de Colina 1 también me parece del estándar, y vamos a apoyar esa decisión", recordó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.

No sólo estaba la presión de las agrupaciones. También de los Tribunales de Justicia. En esa misma fecha, el ministro en vista extraordinario para causas de derechos humanos Hernán Crisosto dictaba acusación contra 106 ex militares por los crímenes cometidos en la llamada Operación Colombo, una operación de la Dina para encubrir en 1975 el asesinato y desaparición de 119 opositores. Varios de los criminales ya habían sido condenados en casos anteriores y estaban recluidos en Punta Peuco, la gran mayoría, sin embargo, irían presos por primera vez y no había espacio para recibirlos a todos en el penal de Tiltil.

Así, en septiembre del año pasado parecía inminente el anuncio del cierre de Punta Peuco y el traslado de todos los presos a Colina 1. Pero el anuncio no llegó. En vez de eso, el gobierno optó por crear la Subsecretaría de Derechos Humanos, dentro de la cartera de Justicia.

El compromiso de cerrar definitivamente Punta Peuco sería una vez más postergado. La decisión molestó a las agrupaciones de derechos humanos. Desde entonces, cada viernes marchan frente al Palacio de La Moneda, exigiendo el fin de este penal especial.

No fue hasta el 6 de julio cuando el tema del cierre del penal especial para los autores de crímenes de lesa humanidad cometidos en el régimen militar volvería a reactivarse. Ese día, en una entrevista a CNN, le recordaron a Bachelet su compromiso de terminar con el recinto de Tiltil. "Yo voy a cumplir todas las promesas que he hecho", remarcó la Mandataria.

Y aunque los plazos se acortan, en el gobierno aseguran que el módulo de Colina 1 está habilitado y el operativo de traslado de los presos está listo para ser ejecutado apenas la Presidenta Bachelet firme el decreto para el cierre definitivo de Punta Peuco.