Se efectúa juicio abreviado de ex funcionaria judicial implicada en red de corrupción

Esta jornada se llevará a cabo la audiencia de juicio abreviado de la ex funcionaria del 9° Juzgado de Garantía de Santiago Uberlinda Elizondo, a quien se le imputa haber tenido una importante participación en la desbaratada red de corrupción entre el Poder Judicial y las policías.

En la instancia judicial, que se desarrollará en el 7º Juzgado de Garantía, a la mujer se le acusará de falsificación, asociación ilícita, delitos quebrantamiento de arraigo y sustracción de expedientes desde el 17° Juzgado del Crimen.

La fiscalía pretende condenar a la mujer a una pena que llega a los cinco años de presidio.

Ayer miércoles, el juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, Ponciano Sallés, rechazó el procedimiento abreviado solicitado por el Ministerio Público en contra del ex efectivo de la PDI Manuel Alejandro Donoso Cáceres (32).

En la audiencia el fiscal Víctor Vidal solicitó al tribunal efectuar un procedimiento abreviado, pidiendo penas de cinco años para el imputado, lo cual fue compartido por la defensa del imputado.

El punto que incidió en la determinación del magistrado se originó cuando el Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en la causa, se opuso a la medida aduciendo que la calificación jurídica de los hechos investigados sobrepasa dicho límite de penas, ya que el ente persecutor formuló cargos por asociación ilícita; dos delitos de cohecho; dos delitos informáticos, y falsificación de instrumento público, cometidos entre 2006 y 2008.

En este sentido, el magistrado consideró en su fallo que "la calidad de funcionario público no se encuentra delimitada por sus funciones, sino que claramente, a juicio de este sentenciador, por la investidura; es decir, desde el momento en que determinada persona es investida o nombrado en un cargo de una institución que depende del Estado".

De este modo, Sallés resolvió que "superado el margen temporal de las penas autorizadas en un procedimiento abreviado, claramente esta discusión de la calificación jurídica no puede darse en otra sede que no sea la de un Tribunal Oral en lo Penal".