Se inicia juicio contra ex Presidente De la Rúa por caso sobornos en Argentina
El ex mandatario trasandino, que lucía tranquilo en el inicio de la primera jornada del juicio oral, está acusado del delito de "cohecho activo agravado y malversación de caudales públicos", que prevé penas de hasta diez años de prisión.
El ex presidente argentino Fernando de la Rúa (74) quien gobernó desde 1999 a 2001, compareció ante la justicia junto a otras seis personas, acusadas de sobornos para que se aprobara en el Senado en 2000 una reforma laboral exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
De la Rúa, que lucía tranquilo en el inicio de la primera jornada del juicio oral, está acusado del delito de "cohecho activo agravado y malversación de caudales públicos", que prevé penas de hasta diez años de prisión.
En el banquillo también están su jefe de inteligencia, Fernando de Santibañes; el ex ministro de Trabajo Mario Flamarique; el ex empleado del Senado Mario Pontaquarto, quien hizo la denuncia del hecho, además de cuatro ex senadores, todos ellos acusados del delito de cohecho.
Entre los casi 400 testigos figuran la Presidenta Cristina Fernández, entonces senadora y que votó contra la llamada ley de flexibilización laboral, quien declarará por escrito, así como los ex mandatarios Adolfo Rodríguez Sá (2001) y Eduardo Duhalde (2002-2003), todos ellos miembros de la bancada peronista, en aquel momento en la oposición.
ESCANDALO
La causa ventila el escándalo de las denuncias del arrepentido Pontaquarto, que era secretario parlamentario, y otros testigos por el pago de unos cinco millones de dólares a senadores para que votaran a favor de la norma exigida por el FMI como condición para mantener el apoyo financiero al gobierno de De la Rúa.
El caso llevó a la renuncia del entonces vicepresidente, Carlos Alvarez (centroizquierda), y constituyó el detonante de una severa crisis institucional, política y económica, que derivó en la renuncia de De la Rúa a finales de 2001, en medio de una rebelión popular que dejó una treintena de muertos.
Se estima que el juicio que se celebra en los tribunales de Buenos Aires tendrá una extensión de entre seis y ocho meses.
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