Transparencia: Consejo desecha proyecto que implicaba más recursos

Después de dos meses de gestiones, el Consejo para la Transparencia decidió no insistir en la polémica que sostuvo con la Dirección de Presupuesto (Dipres) del Ministerio de Hacienda,  por lo que consideró una "restrictiva" asignación presupuestaria para el 2010.

El Consejo, que comenzó a operar este año y que es encargado de promover el acceso a la información pública y fiscalizar los actos del gobierno en esta materia, decidió desechar definitivamente su proyecto de expansión tecnológica, que planeaba aplicar en 2010 y no someterse a ninguna evaluación del Ejecutivo para conseguir dichos recursos.

En su solicitud presupuestaria original, diseñada con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la entidad solicitó $ 4.008 millones para 2010, con la intención de fortalecer tres áreas básicas de su gestión: realizar capacitaciones sobre el funcionamiento de la ley, contratar más personal (alrededor de 38 personas) y adquirir en el mercado internacional un software especializado en el seguimiento administrativo de los requerimientos de los ciudadanos sobre información pública.

La posición del Consejo -compuesto por los abogados Juan Pablo Olmedo, Alejandro Ferreiro, Roberto Guerrero y Raúl Urrutia- radicaba en que el presupuesto de $ 1.842 millones otorgado por Hacienda para 2009 sólo correspondió a monto "de arranque", por lo que para 2010 se necesitaba aumentar fuertemente la cifra, para "consolidar y potenciar aquellas áreas que requieren más desarrollo", dice la propuesta del Consejo. Dicha posición fue refrendada por el BID. 

LA SOLUCION
La dirección de Presupuesto de Hacienda otorgó una glosa de $ 2.783 millones. Pese al descontento de algunos parlamentarios y a la insistencia del propio Consejo para la Transparencia, la Dipres suscribió con el Ejecutivo un protocolo de acuerdo sobre presupuesto: ahí, en no más de dos líneas de texto, Hacienda se comprometió con el Senado a financiar futuras inversiones en tecnología, "previa evaluación de un proyecto presentado por el Consejo de Transparencia"

El presidente de la entidad, Juan Pablo Olmedo, comentó entonces que "el Consejo en su momento ya expuso su parecer, concurrió a la instancia constitucional que tiene establecida la función presupuestaria y, por lo tanto, sólo le queda seguir trabajando y acogerse al estado de derecho".

Olmedo añadió que con la partida presupuestaria asignada, "el Consejo tendrá que evaluar cuáles son las necesidades más urgentes para el próximo año y ponerlas en práctica".

Tras conocer la decisión de la entidad de no avanzar con sus proyectos dada la falta de recursos, el presidente del Senado, Jovino Novoa, dijo que "no me parece que la solución acordada con el gobierno haya sido adecuada. El acuerdo dice que se evaluará la posibilidad de reforzar el presupuesto, lo que resulta ser un compromiso muy tenue y vago. A mí no me parece bueno que el Ejecutivo, que es el primer fiscalizado por transparencia, tenga en su poder un arma tan importante como la decisión sobre las inversiones del Consejo".

El parlamentario añadió que para decidir las futuras transferencias, "eso se debió poner en la Ley de Presupuesto y a cargo del Congreso, porque no es el gobierno el que debiera tener esta decisión en sus manos".