Transportistas bolivianos paran actividades a nivel nacional por rechazo a ley
Se oponen a una normativa que permitiría confiscar sus vehículos si la Policía halla en ellos drogas o contrabando que pertenezcan a terceros.
Las principales ciudades de Bolivia quedaron hoy sin transporte público por un paro de choferes que rechazan una ley que permitiría la confiscación inmediata de vehículos que transporten mercadería de contrabando o drogas.
En forma paralela, los productores de caña de Santa Cruz bloquean la principal carretera entre las regiones oriental y occidental del país en protesta por la creación de un impuesto sobre la producción de azúcar y alcohol.
El gobierno ofreció dialogar sobre el proyecto de ley que permitiría confiscar vehículos en que se encuentre contrabando o drogas, pero los choferes del transporte pesado decidieron ir al paro en ocho de las nueve capitales de departamento.
El paro obligó al gobierno a flexibilizar los horarios labores y de entrada a clases de los escolares y en la terminal de buses su suspendió la venta de boletos para viajes al interior.
Los choferes que rechazan la ley alegan que por lo general desconocen el contenido real de los contenedores que transportan sus vehículos o el tipo de mercadería que pudieran llevar sus pasajeros como carga acompañada.
El proyecto de ley establece también confiscar vehículos que sean producto del narcotráfico, contrabando, corrupción pública o legitimación de ganancias ilícitas si sus propietarios no demuestran en cinco días la legalidad del origen de esos bienes.
Piquetes de choferes bloquearon desde la madrugada las principales avenidas y calles en El Alto y centenares de personas debieron caminar muchas cuadras para trasladarse desde esa ciudad vecina hasta sus lugares de trabajo en La Paz, consignó Ansa.
"El paro se cumple en un 90% en todo el país, sólo en Santa Cruz (este de Bolivia) no se acata el paro", dijo a la agencia AFP el líder de la Confederación de Choferes de Bolivia, Franklin Durán, quien adelantó que si no hay atención a sus demandas "vamos a aumentar el peso de nuestras protestas".
El gremio del transporte del servicio público, que agrupa por igual a propietarios y asalariados, teme que la norma afecte los intereses de sus afiliados.
"¿Qué pasa si algún narcotraficante se sube al bus con droga, porque nosotros no podemos revisar lo que se transporta. A veces nuestros compañeros recogen mercadería de la Aduana y tal vez los papeles no están bien y ellos no saben", explicó Durán.
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