UAF y lavado de activos: personas consultadas por la fiscalía sube 49%

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) -entidad dependiente de Hacienda encargada de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y económico para la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo-, elaboró el primer balance de este año sobre las operaciones sospechosas detectadas en distintos organismos y los requerimientos de información realizados por la fiscalía.

El balance corresponde al primer semestre, donde el Ministerio Público realizó 42 consultas a la unidad, las cuales estuvieron asociadas a 709 personas naturales y jurídicas. Esto último, en comparación con el mismo periodo de 2016, representa un alza de 49,3%, puesto que en los primeros seis meses del año pasado se hicieron 475.

Los requerimientos de información de la fiscalía están regulados por la Ley 19.913, artículo 2, inciso final, que señala que "el Ministerio Público podrá requerir a la Unidad de Análisis Financiero el envío de los antecedentes que estén en su poder y que sean necesarios para las investigaciones de lavado de activos que practique, se hayan iniciado de oficio, por denuncia o por querella, cualquiera sea la fase en que ellas se encuentren".

Con la información solicitada a la UAF, el ente persecutor puede incorporar elementos investigativos que sirvan para realizar diligencias, descartar o reafirmar la existencia de este ilícito en alguna causa determinada. Entre los delitos base que configuran el lavado de activos están el tráfico de drogas, actos terroristas, control de armas, propiedad intelectual, devoluciones maliciosas de impuestos, prevaricación, malversación, fraude, cohecho, asociación ilícita y estafas, entre otros.

Por ejemplo, en el caso de fraude en Carabineros se han hecho diversos requerimientos de parte de la fiscalía al organismo, aunque también funciona a la inversa, y la unidad también reporta operaciones sospechosas que haya detectado de alguna persona, alertados previamente por una entidad financiera. Sin ir más lejos, la causa de la malversación en la policía uniformada nace de un reporte de este organismo en 2016.

Desde la UAF señalaron que "los pilares del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo son la prevención, detección, persecución y sanción. El único 'cliente' de los Informes de Inteligencia de la UAF es el Ministerio Público. Y la fiscalía es la única que por ley puede pedirle información a la UAF para sus investigaciones de lavado y financiamento al terrorismo. Este trabajo conjunto es fundamental para que el sistema funcione".

Para el subdirector jurídico de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (Uldecco) de la Fiscalía Nacional, Marcelo Contreras, el incremento de solicitudes de información del Ministerio Público al organismo podría explicarse con que ahora se cuenta con un espectro mayor de ilícitos base que permitan investigar. En el balance se indica que estas consultas de 41 en 2015 a 94 en 2016. Este año ya van en 42.

"Desde febrero de 2015 se amplió el catálogo de delitos base, entonces, hasta antes de 2015 la estafas piramidales no eran lavado, ahora sí. Se incorporó también el contrabando, un delito tributario, las asociaciones ilícitas, entonces, cuando se abrió el espectro, evidentemente generan más consultas", dijo Contreras.

El balance de la unidad también incorpora estadísticas sobre Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) -información sobre transacciones que las entidades financieras entregan a la UAF sobre operaciones inusuales, carentes de justificación económica-, los que llegaron a 1.569 (ver infografía).

De estos, 455 fueron emitidos por los bancos (29% del total), 367 por los casinos de juego (23,39%) y 173 por las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago (11,03%) .

"En junio del año pasado instruimos a todos nuestros sujetos obligados que los ROS enviados deben identificar claramente las operaciones sospechosas detectadas. Para determinar cuándo un acto, operación o transacción es sospechosa, los sujetos obligados deben realizar diversos análisis, de acuerdo a sus propios sistemas preventivos. Esto, con el fin de que la información que llegue a la unidad sea de calidad y permita realizar inteligencia financiera", explicó el director del servicio, Javier Cruz Tamburrino.

En este contexto, en el primer semestre de 2017, la UAF detectó señales calificadas como "indiciarias" de lavado y financiamiento al terrorismo de 82 reportes sospechosos.

Entre las otras cifras analizadas por la entidad, da cuenta de las fiscalizaciones en terreno que hace el organismo, donde los notarios fueron los más controlados (9), seguidos por las Administradoras Generales de Fondos (AFP).