Un ejército de abogados ya prepara la dura batalla legal que se avecina por La Polar

La lista es larga y de seguro seguirá creciendo. Los abogados civiles y penales de los estudios más reputados de la plaza están ya situados en uno u otro de los bandos que se enfrentarán por el caso La Polar en juzgados civiles y criminales.

Casi todos los posibles involucrados ya tienen asesores legales para una batalla que ya comenzó y que probablemente será la más intensa de los últimos años en materia económica. Los juristas involucrados ya sobrepasan la treintena.

Los frentes abiertos son varios, pero en lo inmediato se circunscriben a dos ámbitos: las responsabilidades civiles y las penales.

Una de las investigaciones que avanza rápido es la de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que busca determinar responsabilidades del directorio, ejecutivos, auditores y clasificadores de riesgo en el escándalo financiero que se produjo en la cadena.

Un abogado que conoce el trabajo del organismo cree que la autoridad se tomará bastante menos tiempo que los seis a ocho meses que tardó en formular cargos por casos anteriores, como Fasa y D&S-Falabella.

Otro jurista apuesta a que en menos de dos meses la SVS tendrá un pronunciamiento. Lo más rápido, creen algunos, podría ser intentar fijar la responsabilidad de los directores de La Polar.

Para pesquisar el caso, la SVS ha tomado declaraciones a varios integrantes actuales y antiguos del directorio de la cadena.

Hasta las oficinas de la SVS han ido Heriberto Urzúa, Fernando Franke y Andrés Ibáñez, entre otros.

Todos ellos llevan varios años en la mesa que presidió Pablo Alcalde desde 2009 hasta hace dos semanas. Y todos ellos, salvo Urzúa, ya tienen penalistas disponibles por si la causa llega a terreno penal.

Ibáñez, incluso, pidió un permiso administrativo en la Universidad Católica, donde se desempeña como director de la Escuela de Administración, para concentrarse en el caso y en reflotar La Polar.

El último en ir a declarar a la SVS fue René Cortázar, este viernes. Cortázar estuvo en la mesa entre mayo y noviembre de 2010.

Dos asesores legales creen probable que la SVS les reproche a varios directores la falta de "cuidado y diligencia" que les exige la ley en el ejercicio de sus funciones.

Por la misma figura, la SVS multó al directorio de Fasa en julio de 2009 por no haber requerido información suficiente tras el caso colusión, lo que fue ratificado en octubre de 2008 en un fallo donde el organismo fue representado por Francisco Pfeffer.

El precedente de Fasa pesará en este caso, dicen varios defensores, lo que podría dar pie a futuro a eventuales demandas de indemnizaciones de perjuicios por parte de los accionistas que se sientan vulnerados.

La investigación de la SVS podría abarcar un largo período e incluir a directores que hoy no están en la firma. "Los directores debieron informarse de lo que pasaba en la empresa", opina un abogado.

"La SVS ya juzgó públicamente a los directores", dice un abogado defensor de un director, aludiendo a las declaraciones del titular del organismo, Fernando Coloma, quien en la semana afirmó que la SVS debe "cursar sanciones ejemplares" y que el primer responsable en entregar información veraz en una empresa es el directorio.

Sin embargo, dicen varios juristas, podrían eximirse de ese tipo de cargos  los representantes que llegaron a la compañía recién en abril de este año: Martín Costabal, Fernando Tisné y Luis Hernán Paul.

La SVS también ha interrogado a varios ejecutivos de la compañía, sobre quienes recaen hoy las mayores sospechas de eventuales irregularidades. Las sanciones en ese caso podrían ser mayores.

La ley establece multas máximas de hasta 15 mil Unidades de Fomento (más de $ 320 millones) por infracciones a la ley.

La SVS también pesquisa la existencia de uso de información privilegiada en el caso de ejecutivos o directores que hayan vendido acciones en los últimos años a sabiendas de la existencia de información contable y financiera que no reflejaba la realidad de la firma.

Para el abogado de un director, si se determina esta arista, el caso está resuelto, porque la SVS descubre el móvil: mantener una imagen de solvencia que justifique precios altos para vender acciones de La Polar.

La temida arista penal
Las querellas ya suman más de dos decenas. Provida, Banchile,  Cuprum y Capital han presentado acciones penales en el Segundo Juzgado de Garantía.

Y la próxima semana vendrán varias más. Un penalista pronostica lo que viene: un vendaval de querellas, pericias e interrogatorios. Y luego las formalizaciones por delitos que pueden llevar a la cárcel a varios acusados. Esto último, estima un profesional de vasta experiencia, podría ocurrir en un plazo de dos meses.

El Ministerio Público tiene a los fiscales José Morales y Luis Inostroza pesquisando el caso. El primero es el jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte. Hasta ahora han realizado una serie de allanamientos a las oficinas de La Polar  y domicilios de varios ex gerentes de la firma.

Cuprum acusó en su querella que en los últimos años se hizo aparecer la cartera crediticia de La Polar como sana y vigente, cuando en realidad parece que era incobrable desde hace varios años.

"Ilícitamente se ocultó al mercado, a sus accionistas, a sus acreedores, a la autoridad y a mi representada la real situación económica de La Polar", dice el texto legal. Banchile denunció en su querella un gigantesco fraude por engaño, falseando la cartera de cobranza y fingiendo una situación patrimonial y de resultados irreal.

Las figuras delictivas perseguidas en las acciones presentadas hasta ahora son básicamente tres.

La primera es el delito de estafa, penado por el Código Penal con la pena de presidio menor en su grado máximo: hasta cinco años.

La segunda corresponde a las infracciones de los artículos 157 y 158 de la Ley de Bancos, que sanciona a los directores y gerentes que presenten balances adulterados o falsos y hagan declaraciones falsas sobre el capital de la empresa, con hasta cinco años de prisión.

La tercera línea argumental persigue delitos contra la Ley de Valores e incluye a gerentes, directores y auditores que proporcionen o certifiquen antecedentes falsos sobre una empresa.