Uribe flexibiliza postura sobre liberación de rehenes anunciada por la FARC

El Presidente colombiano, Álvaro Uribe, no pondrá exigencias a la entrega unilateral de rehenes anunciada por las FARC y reiteró que autorizó a la senadora opositora, Piedad Córdoba, para que participe en el proceso junto con la Iglesia católica y la Cruz Roja.

El anuncio de la decisión tomada por Uribe, que hoy se reunió con familiares de varios secuestrados en el aeropuerto militar de Bogotá, lo hizo el Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, que leyó un comunicado ante los periodistas en la Casa de Nariño (sede del Gobierno).

Según el comunicado, durante esa reunión "los familiares pidieron al Presidente de la República facilitar las liberaciones ofrecidas por las FARC, sin condicionar a una liberación simultánea de todos los secuestrados".

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) expresaron hace meses su disposición a liberar de forma unilateral al cabo del Ejército Pablo Emilio Moncayo, secuestrado hace casi doce años, y al soldado Josué Daniel Calvo, así como a entregar el cadáver de un capitán de la Policía que murió cuando estaba cautivo.

La guerrilla exigió realizar esas entregas a la senadora Córdoba, algo que Uribe autorizó el pasado 8 de julio, aunque el mandatario puso como condición que las FARC hicieran una liberación simultánea de todos los policías y militares que tienen en su poder, así como los restos de tres hombres que murieron en cautiverio.

El Gobierno retiró esa condición y dijo que "se reitera la autorización para que la senadora Piedad Córdoba participe en el acto de liberación" de Moncayo y Calvo, y en la entrega de los restos del policía fallecido.

Además, el Gobierno afirma en el comunicado que pedirá al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a la Iglesia católica "que se obtenga una garantía por parte de las FARC para la liberación de la totalidad" de los policías y militares secuestrados (la guerrilla habla de 23, pero el Ejecutivo de 24), "y la entrega de los cadáveres de las personas asesinadas o muertas en cautiverio".

Todo esto debe hacerse "en un tiempo corto, para que no siga la tortura", exige el Ejecutivo de Uribe.

En las últimas semanas se han difundido pruebas de vida de 21 de los policías y militares secuestrados que las FARC pretenden canjear por medio millar de guerrilleros presos.

En las más recientes, diez uniformados, algunos rehenes desde hace más de una década, aparecen con pesadas cadenas al cuello y visiblemente demacrados.