Agoreros de la gratuidad

A comienzos del año 2016, cuando recién se iniciaba la aplicación de la gratuidad en la educación superior, la entonces Presidenta Bachelet criticó a quienes habían mostrado reparos a esta iniciativa, señalando que “hay un conjunto de agoreros que pronosticaron que no íbamos a poder hacerlo o que sería un retroceso, y la verdad es que se equivocaron”. Esta frase refleja bien la visión que primó en la discusión educacional de ese momento -que hoy se repite en varios ámbitos- y que llevó a desatender las advertencias que varios hicimos por el negativo impacto que esta política tendría sobre el sistema de educación superior. Se nos atribuyó algo así como una falta de sensibilidad por las dificultades económicas que muchos jóvenes enfrentaban para poder acceder a este nivel educativo, cuando lo que había en realidad era una genuina preocupación porque las soluciones que se implementaran fuesen sostenibles en el tiempo y no terminaran produciendo a la larga un perjuicio para aquellos a quienes se quería favorecer.

Pues bien, hoy vemos que esas advertencias no fueron solo un mal augurio y que la gratuidad está generando dificultades reales que en los próximos años solo se agravarán. Y ello no es consecuencia de una falta de voluntad o mala implementación, sino de la idea central de esta política, que consiste precisamente en restringir los ingresos de las casas de estudio a la disponibilidad presupuestaria del Estado. Ello las obliga, en un principio, a acomodarse y contener el alza en ciertos gastos, pero más adelante terminará inevitablemente por limitar la calidad y la expansión de un sistema que aún requiere generar nuevos espacios para acoger especialmente a los jóvenes más vulnerables.

En esa línea, recientemente un grupo de rectores de universidades que participan de esta política han salido a manifestar su disconformidad con los parámetros que guiarán la asignación de los recursos públicos desde el próximo año. Se trata de rectores que en su mayoría apoyaron con entusiasmo esta ley, ignorando las múltiples advertencias que se hicieron sobre ésta. Tal vez apostaban por la misma fórmula a la que han recurrido en los últimos años, de presionar por más recursos al gobierno de turno. No obstante, la crisis que hoy golpea al país y a las finanzas públicas los ha obligado a cambiar de estrategia y a solicitar algo que parece más plausible: que se postergue la aplicación de estos nuevos parámetros.

Pero dejemos de engañarnos. Posponer los problemas no los resolverá. Es hora de aceptar que la única forma de hacer viable la gratuidad es frenar su extensión y dar paso a un mecanismo de financiamiento complementario que no dependa exclusivamente de la billetera fiscal. En ese contexto, el proyecto para crear un nuevo crédito estatal en reemplazo del CAE -y que hace dos años duerme en el Congreso- constituye un buen punto de partida para avanzar en esa discusión y en las soluciones que el sistema de educación superior requiere con cada vez mayor premura.