Amplios cuestionamientos al FES
El impuesto encubierto a los egresados, así como una potencial pérdida de autonomía de las entidades de educación superior y riesgos en su sostenibilidad financiera, llevan a que la propuesta del gobierno encuentre escasa viabilidad.
Desde que el gobierno presentó el proyecto de ley que busca crear un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, denominado FES, las críticas -tanto de expertos como de las propias autoridades universitarias- hacia el nuevo mecanismo se han multiplicado, más allá de algunas voces que han salido a respaldarlo. Teniendo a la vista la alta morosidad en que han incurrido los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), la iniciativa busca la sustitución de éste, así como de las becas de arancel, posponiendo de paso la extensión de la gratuidad en busca de más recursos. Y, a cambio, pretende introducir un nuevo impuesto a los ingresos que, bajo la excusa de evitar el endeudamiento, terminará por gravar el trabajo formal.
Si bien desde el gobierno han negado el calificativo de impuesto, lo cierto es que, al desvincular el costo de la carrera de lo que el egresado (o, en su caso, desertor) finalmente deberá devolver al Estado -que pasa a ser su acreedor en reemplazo de la banca- y al establecer un pago contingente al ingreso que será recaudado por la Tesorería General de la República y el Servicio de Impuestos Internos, lo que la iniciativa hace en los hechos es añadir un nuevo gravamen que deberá sumarse a las deducciones que todo trabajador debe soportar por concepto de salud, previsión e impuesto a la renta. Que el período de pago tenga un tope de 20 años no desdibuja lo anterior. De este modo, además de desincentivar la formalidad laboral, éste castigará el buen retorno a la educación superior y la movilidad social, pudiendo darse el sinsentido de que egresados de buen desempeño, independiente de su condición socioeconómica original, deban terminar pagando al Fisco una suma muy por encima del costo de su carrera e incluso de lo que pagarían de haberla financiado con el mismo CAE.
Por otro lado, al otorgar al Estado la facultad de fijar el valor de los aranceles, así como el número de nuevas vacantes que las instituciones adscritas podrán ofrecer cada año, el proyecto de ley pone en riesgo su autonomía, la sostenibilidad financiera y, en definitiva, su calidad. En efecto, el proyecto prohíbe la posibilidad de cobrar a los beneficiarios del FES un adicional por encima del financiamiento fiscal, con excepción de quienes provengan del decil 10, que podrán pagar el equivalente a la diferencia entre el arancel regulado y el arancel real. De esta forma, se insiste con una característica que con la gratuidad se ha visto es muy perjudicial y que podría terminar por poner bajo amenaza el progreso del sistema de educación superior en su conjunto.
A la luz de estos y otros cuestionamientos, incluso la condonación parcial que el proyecto ofrece a aquellos deudores que manifiesten su voluntad de traspasarse al nuevo sistema ha quedado en un segundo plano. Se trata en definitiva de un beneficio de escaso valor social, que implica una pérdida del norte en relación a cuáles deben ser las prioridades en materia de educación; ello, unido a su escasa viabilidad política en el Congreso, tornan difícil comprender por qué el gobierno se empeña en un proyecto como el presentado.
