Avances de la justicia en la Macrozona Sur

Por estos días se han producido importantes logros en la tarea de brindar justicia a la Macrozona Sur, territorio que ha sido duramente golpeado por la violencia llevada a cabo por grupos radicalizados. Por una parte, la Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad que se había presentado en contra del fallo pronunciado por el Tribunal Oral de Temuco, en el cual se condenó a Héctor Llaitul- el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM)- a 15 años de cárcel efectiva como autor de delitos previstos en la Ley de Seguridad del Estado, más cinco años por hurto de madera y tres años por atentado contra la autoridad. A su vez, y tras una acuciosa investigación policial, se acaba de formalizar a tres personas -ahora en prisión preventiva; una cuarta se encuentra prófuga- por el alevoso asesinato de tres carabineros en la zona de Cañete, en abril pasado, un hecho que conmovió profundamente a la ciudadanía por el nivel de crueldad que exhibieron los hechores. Aunque este último es un caso que recién está dando sus primeros pasos en la esfera judicial, todo indica que la Fiscalía habría llegado con un caso sólidamente fundado.

Estos avances que se han logrado en materia judicial son muy relevantes para la Macrozona, pues a pesar de que la violencia terrorista lleva largos años golpeando a esta zona -con quemas de camiones, iglesias, colegios, atentados a empresas forestales, tomas de predios y asesinatos-, las condenas han sido más bien escasas, lo que ha sentado una suerte de impunidad que muchos han leído como un abierto retroceso del Estado de Derecho. En tal sentido, la condena a Llaitul reviste una carga simbólica especial, pues como líder de una organización que sembró abiertamente el terror mediante un sinnúmero de ataques incendiarios, y donde el propio Llaitul se permitió en reiteradas oportunidades amenazar a las forestales y desafiar al propio Estado, el hecho de que ahora esté tras las rejas -donde las pruebas rendidas por la Fiscalía de La Araucanía fueron contundentes- brinda más tranquilidad a la comunidad y abriga la esperanza de que otras organizaciones similares y sus líderes dejen de contar con la impunidad que recibieron por largos años y respondan ante la justicia.

En el caso de los asesinatos de los tres carabineros, la investigación también fue coordinada desde la Fiscalía de La Araucanía, en donde participaron persecutores de amplia experiencia. Lograr dar con los presuntos responsables de estos homicidios fue una verdadera proeza, considerando que los hechos tuvieron lugar en un lugar remoto, y tanto la camioneta como los cadáveres de los policías fueron incinerados. Existe además todo un manto de protección que solo fue posible remover gracias a la pericia de fiscales y policías, que en tiempo récord y en total silencio lograron reunir una enorme cantidad de pruebas -mediante escuchas telefónicas, seguimientos por tierra y aire, junto con declaraciones de testigos que resultaron clave, entre otros métodos-, permitiendo empezar a desbaratar todo el entramado que por lo visto hubo detrás de estos crímenes, confirmando que, tal como ha sucedido en otros casos, no se trata de delincuencia habitual, sino de grupos altamente peligrosos y que se esconden bajo fachadas de reivindicación indígena. La notable capacidad de investigación que se ha visto este caso abre la esperanza que otros hechos aún en la impunidad puedan también ser resueltos.