Columna de Ascanio Cavallo: Elecciones y Tun Tun

El Presidente Lula ha estado “explorando” vías de salida a la crisis desatada por el ostensible fraude electoral cometido en Venezuela por el gobierno que encabeza Nicolás Maduro. De esas vías, se dice en círculos diplomáticos de la región, quedan dos en pie: repetir las elecciones del pasado 28 de julio o formar un gobierno provisional de “unidad”, en el que participen las fuerzas de la oposición en conjunto con las de la dictadura.

Esto último parece haber quedado descartado en estos últimos días, con el rechazo de ambos bandos a mezclarse en una gestión que no ofrece beneficios para nadie y que abriría, en cambio, la posibilidad de una confrontación mucho más aguda... si es que esto es posible.

La repetición de las elecciones es presentada como la oportunidad para que Maduro se vea obligado a reconocer su condición minoritaria, con la supervigilancia de la comunidad internacional. En este esfuerzo Lula tiene el apoyo del Presidente colombiano, Gustavo Petro, y tuvo durante algunos días el del saliente Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que, sin embargo, lo retiró públicamente el jueves pasado, en nombre del principio de no intervención. En realidad, dicen los conocedores, AMLO llegó a la convicción de que ni Maduro ni la oposición aceptarán esta idea.

En realidad, repetir las elecciones sólo se justificaría en el caso de que, durante su realización en las urnas, se hubiesen producido graves conmociones que hicieran inviable el acto de votar. Pero eso no es lo que ocurrió en Venezuela: las elecciones se realizaron en un clima de gran tensión, pero sin alteraciones notables del orden público. El régimen de Maduro cortó la línea de vinculación entre las mesas y el centro de acopio de los votos, con lo que imposibilitó la verificación de las actas de sufragios y, luego, entregó un resultado completamente inverosímil y hasta mal calculado, sin comprobación ninguna. La única reparación posible de esa acción fraudulenta es la que han pedido los gobiernos de Chile y otros países: la certificación con las actas.

Pero esas actas no aparecieron y no aparecerán. Es lo que Lula sabe.

Porque el proceso venezolano, como solían decir los altos funcionarios desde los tiempos en que aún vivía Hugo Chávez, es “una revolución puertas adentro”. Las “puertas afuera” están para los millones de exiliados que el país ha producido desde entonces. La repetición de las elecciones sólo podría conducir a un segundo fraude, quizás con menos ciudadanos, porque ¿quiénes querrán correr los mismos riesgos por segunda vez? Para asegurarse, el madurismo ha lanzado la llamada Operación Tun Tun, una ola de arrestos de opositores en ciudades y campos del país cuyo objetivo es silenciar a la oposición y atemorizar a los ciudadanos. “Están escondiendo ratas”, dijo el fino gentilhombre Diosdado Cabello.

En cuanto a la supervisión internacional, Maduro ya mostró lo que opina de ella, impidiendo la presencia de observadores, expulsando a visitantes independientes y cerrando fronteras antes y después de la votación. Todas esas restricciones estaban expresamente prohibidas por el Acuerdo de Barbados de octubre pasado, que definió las condiciones en que debían realizarse las elecciones. Ese acuerdo -supervigilado por México, Colombia, Estados Unidos, Barbados, Noruega, los Países Bajos y Rusia- fue violentado parte por parte por las autoridades venezolanas. Es un sarcasmo que Colombia pretenda que haya otro. Comparado con eso, el tardío rechazo de México suena como una esquizofrénica muestra de integridad diplomática.

De modo que las iniciativas de Lula sólo confirman dos cosas: 1) que Brasil sigue perdiendo las oportunidades de actuar como un líder de la región (¿cuántos votos está perdiendo para su aspiración de ocupar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU?), y 2) que el presidente brasileño se niega a excluir de la izquierda a una tiranía estridente, con lo que extiende las sospechas sobre toda ella.

Lula parece pasar por alto -pero esto no es posible en un hombre de su experiencia- que el régimen de Maduro tiene por objetivo principal y estratégico retener el poder a cualquier precio. No hay una situación mayor que controlar un Estado y ofrecer porciones del botín a miles de compinches que tampoco querrán renunciar a tal privilegio.

Es lo que ignoran también los muchos que en estos días elaboran ideas para dar garantías a los jerarcas venezolanos, de modo que el costo de irse sea lo más bajo posible. Por ejemplo, la garantía de que no serán perseguidos. Pero ¿ha ocurrido eso en América Latina? En el mejor de los casos, sólo por algún tiempo. ¿Qué modelo podría ofrecer, por ejemplo, Chile, donde la ministra de la Mujer acaba de despedir a una funcionaria por resistirse a recriminalizar a su padre, ya condenado por la justicia, en un caso de hace medio siglo?

Descartado el principio de la compasión, lo que Maduro y su gente perciben es que una justicia anamnética querrá perseguir a sus hijos y hasta a sus nietos hasta que no quede rastro de su paso por la tierra. ¿Garantías? ¿Cogobierno? ¿Segundas elecciones?

Nada de eso: Tun Tun.