Se puede vivir con un gobierno truculento. Se puede vivir con un Parlamento desordenado. Pero no se puede vivir con una Corte Suprema no confiable, ni truculenta, ni desordenada. Para alivio de Chile, nadie parece tener más conciencia de ello que la misma Corte Suprema. Y ahora pasa por una crisis que la tiene contra las cuerdas, aunque intenta responder con todos sus recursos.
El detonante de esta crisis fueron los mensajes digitales del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Antonio Poblete a propósito de las interceptaciones telefónicas ilícitas en la denominada Operación Topógrafo. La fiscalía que investiga el caso llegó a definir una arista separada con el rótulo de “nombramientos judiciales”, a propósito de los mensajes del juez para promover el nombramiento en la Suprema de la jueza María Teresa Letelier.
Estos hechos coincidieron, además, con los mensajes del abogado Luis Hermosilla, donde aparece mencionado otro ministro, Jean Pierre Matus, y los mensajes del esposo de la ministra Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, en los que se promueven otros nombramientos. El WhatsApp se ha convertido en una fatalidad, un pequeño infierno de cosas pasadas, rastros que no desaparecen.
La corte se dividió. No hubo mayoría para constituir una Comisión de Ética que se hiciera cargo de estas cosas, teniendo en cuenta que tres de sus miembros están en el candelero. Contra lo esperado, el presidente de la Corte, Ricardo Blanco, utilizó sus atribuciones y constituyó una Comisión de Ética. Quienes conocen a Blanco lo caracterizan como un ministro reservado y reflexivo, que actúa con sus propios tiempos y que, una vez que llega a una idea, la aplica con una gran fuerza de convicción. Sus aliados en la corte son los más severos en materias de ética.
Esta semana, la comisión constituida por Blanco notificó a los tres ministros que están siendo investigados. Pero la misma comisión se autoimpuso la limitación de indagar sólo “el comportamiento de personas que al momento de su realización fueren ministros o fiscal” de la corte. Sobre la base de esa restricción, los ministros Matus y Vivanco han rechazado la competencia de la comisión.
Este es un serio problema. Obviamente, la corte debe atenerse al derecho estricto y aplicarse a sí misma las restricciones que tiene ante cualquier ciudadano. Pero sus miembros no son ciudadanos cualesquiera y los estándares de la sociedad desbordan las fronteras del derecho, exigen veracidad absoluta, examinan críticamente su entorno y esperan un rigor ético superior al de todos los ciudadanos. A fin de cuentas, esos ciudadanos suponen la superioridad jurídica y también moral de esas pocas personas. Si sólo se tratara de derecho, bastaría con encontrar las excepciones y las coartadas. Por tanto, la Comisión de Ética (no de derecho) tiene un problema autoinferido.
El sistema de nombramientos de autoridades es un lío paralelo a este dilema y sólo tiene que ver con él en cuanto detonante e incentivo.
Hace 10 años, en el 2014, después de unas jornadas en Chillán, la Corte Suprema produjo un documento que proponía una reforma estructural del sistema judicial. No pasó nada. En el 2022 presentó ante la Convención Constitucional un proyecto de reforma muy parecido al anterior. En el 2023, ante el Consejo Constitucional, entregó otro, adaptado según las sugerencias de la Comisión Experta. Es muy difícil acusarla de inmovilismo. Mejor aún, ha sido la única de las principales instituciones del Estado que ha hecho esto.
Después de tantos esfuerzos, ahora la corte se ha concentrado en un mínimo: desprenderse del nombramiento de notarios, conservadores y archiveros, que es, posiblemente, la zona más fangosa del sistema. Sólo los insiders saben si esta aspiración coincide con el proyecto de ley que reforma el mundo notarial.
Pero, otra vez, la corte ha hecho su trabajo. Sin embargo, todavía es poco: sigue pendiente la totalidad del sistema de nombramientos. El centro de ese sistema es la forma en que son nombrados los propios miembros de la corte, que hoy dependen de una proposición presidencial y una ratificación por parte del Senado. Hay quienes sostienen que el paso por el Parlamento politiza estas designaciones. La pregunta contrafactual es si sería posible que otro método no tuviese el mismo sesgo. En el modelo actual intervienen los otros dos poderes del Estado, lo que construye un sello de legitimidad para los elegidos.
El 19 de junio, la corte produjo otro documento, más modesto que los anteriores, que propone que se le quiten las funciones no jurisdiccionales, la desconcentración funcional y territorial, la exclusión de los nombramientos de notarios, conservadores y archiveros, para traspasarlos a un consejo autónomo, dividido en unidades regionales. Esto se parece a lo que se propuso en los dos procesos de reforma a la Constitución, pero la corte, con un cierto desaliento implícito, se limita esta vez a requerir el cambio de esos nombramientos no fundamentales, pero inmensamente lucrativos. No es difícil imaginar las presiones que reciben en cada uno de esos casos.
La convergencia de situaciones críticas ha puesto a la máxima autoridad de la justicia en una encrucijada que, al final de todo, puede transformarse en un acto profiláctico. Sería una paradoja para un presidente como Blanco, al que se le han puesto obstáculos internos desde antes de asumir. Pero en eso consiste la vida, qué vas a hacer.
