Columna de Gonzalo Martner: ¿Nuevos recortes de gasto público?

Los administradores de organizaciones suelen pedir más personal y más presupuesto para cumplir sus funciones. A los directorios de empresas les toca evaluarlas de acuerdo a un fin: maximizar la rentabilidad del capital invertido por los dueños.

¿Quién lo hace en el sector público, y de acuerdo a qué fines, a nombre de la ciudadanía? Dado que intervienen diversos actores y los fines son múltiples, de esa complejidad nace la necesidad de periódicas revisiones que ajusten fines y medios, lo que es especialmente el rol de los parlamentos. El momento clave es la aprobación anual del presupuesto. Luego pueden sobrevenir hechos que aconsejen alzas o bajas del gasto o de los ingresos.

En noviembre pasado se aprobó un presupuesto para 2025 con el apoyo de la oposición, con recortes durante la discusión. Pero se está en el segundo mes del año y el período electoral gatilló una escalada desde la oposición que pide bajas de gasto de hasta -3% del PIB, lo que es evidentemente recesivo. ¿Será la influencia de la motosierra de Milei, que no es precisamente un ejemplo de racionalidad ni de probidad, o bien del asalto al gobierno por Musk en Estados Unidos?

Hay una inquietud en Chile pues se arrastra un enorme salto en la deuda pública neta en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, la que pasó de 4,4% del PIB en 2017 a 20,2% en 2021. Alcanzó luego un 26,9% hacia 2024 por un déficit fiscal de -2,9% del PIB, dada una menor recaudación a la prevista. El déficit estructural fue de un -3,2% del PIB, lo que requiere una consolidación fiscal para evitar incrementos de deuda en 2025 y años siguientes.

La menor recaudación tiene diversas explicaciones coyunturales, pero los ingresos estructurales por los cambios tributarios desde 2020 han sido inferiores a las estimaciones. Estas preveían un incremento de 2,5% del PIB hacia 2024, pero ha sido de solo un 1,2%. Las mayorías conservadoras en el parlamento han hecho su trabajo de oposición a los impuestos a los altos ingresos y a la renta minera y han logrado limitar su alcance. En 2019, los ingresos públicos sumaron un 21,8% del PIB, en 2022 un 26,0% y en 2024 solo un 21,9%.

Recordemos que la deuda bruta dejada por la dictadura fue de 43,8% del PIB en 1989 y que la deuda pública en la OCDE es muy superior en promedio a la chilena. El nivel de deuda que no provoca crisis es el que no implica un pago sostenido de intereses superior al crecimiento del PIB. Su monto en Chile representó en 2024 un 1,2% de ese PIB. Como el crecimiento será al menos de un 2% anual en los próximos años, la situación no es para nada la de una crisis de deuda.

No obstante, si los conservadores gobiernan otra vez, pondrán el acento en bajar los impuestos y los gastos públicos. Más allá de ahorros en gastos inútiles, pero poco significativos, esto implicaría restringir gastos en salud, educación e infraestructura, lo que afectaría el crecimiento y el bienestar, o bien aumentar la deuda y avanzar a una fragilidad sistémica. Por su parte, si las fuerzas que hoy gobiernan retienen el ejecutivo, deberán lograr mayorías parlamentarias para que los nuevos avances sociales que propondrán se financien con incrementos tributarios progresivos, y así se reparta mejor la carga del gasto público y no aumenten los pagos de intereses sobre el PIB. Recurrir al principio de precaución, junto al de justicia, será más que recomendable.

Por Gonzalo Martner, académico, Facultad de Administración y Economía Usach