Columna de Javier Sajuria: La carta moral

A estas alturas, es razonable llamar al proceso constituyente anterior como una farra, incluso para quienes llamamos a aprobar. Lo que no suena tan razonable es que hayamos caído dos veces con la misma piedra, proponiendo a la ciudadanía un texto que consagra un modelo partisano y que expresa las necesidades de mayorías circunstanciales. Sin duda, incluso independiente al resultado del 17 de diciembre, el proceso demostró la poca capacidad de nuestras élites políticas de dar una respuesta adecuada a las expectativas ciudadanas.

El proyecto que se nos propone es una extensa carta moral. Si bien tiene algunas menciones de buena crianza a conceptos como el estado social y democrático de derecho, lo cierto es que reduce el rol del Estado a su mínima expresión, consagrando un modelo individualista y privatizado en la provisión de derechos sociales. Tanto en salud como en pensiones, convierte los derechos sociales en privados, constitucionalizando modelos que hoy se encuentran cuestionados. Con eso, saca del debate político cotidiano temas tan importantes como qué ocurre con nuestras cotizaciones o cómo se provee la salud pública. En educación, abre la puerta al llamado homeschooling, una práctica de moda entre sectores ultraconservadores de Estados Unidos y que, según la evidencia, sólo ha servido para la promoción de sus propios valores a costa de una educación de calidad de niños y niñas.

La moralina de la propuesta también se muestra en los cambios relativos a los derechos reproductivos. En palabras de los mismos representantes de la ultraderecha, el nuevo texto puede permitir retroceder en temas relativos al aborto, además de abrir la puerta a la eterna judicialización de nuestros derechos a partir de la idea de la objeción de conciencia. De nuevo, esta es otra estrategia seguida con calco de los sectores más radicales de Estados Unidos. El siguiente paso es continuar la politización de los nombramientos judiciales, para asegurar que los mecanismos contra-democráticos operen a merced de sus ideas.

La propuesta de la derecha es, sin duda, hábil en su estrategia de marketing. Propone unos cambios menores al sistema político que son claramente atractivos, como la reducción de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esta medida es popular por el poco cariño que le tenemos a nuestras instituciones, pero también es contraria a la necesidad de mejorar nuestra representación y participación política. Otra reforma, la del umbral de votos para incorporarse al Congreso, quedó reducida a una simple mención, con una serie de normas para saltarse sus efectos. Incluso, si es que hubiese tenido más fuerza, la supuesta reducción a la fragmentación no es la solución mágica que nos quieren vender. Países con dos o tres partidos relevantes enfrentan tantos o más problemas para llegar a acuerdos (por ejemplo, el estado actual de la política en EE.UU. o del Reino Unido). En ese sentido, se eliminaron del anteproyecto las medidas de disciplina partidaria que podrían haber sido un buen primer paso para mejorar nuestro sistema.

Lo que votaremos en diciembre es el resultado de una estrategia ultraconservadora que ha sido efectiva en otros países del continente, pasando por encima de los derechos de los sectores más vulnerables y discriminados. Está envuelto en un par de propuestas atractivas y llamativas, pero son sólo un par de luces en un montón de sombras.