No es extraño que los gobiernos cometan errores. Incluso, es bastante común que cometan más errores cuando tienen menos experiencia en el poder, o al final de largos períodos en los que se nota el agotamiento. Pero el nivel de fallas y decisiones desafortunadas que se han cometido en los últimos meses escapan a cualquier justificación de amateurismo o inexperiencia. Hemos llegado a un punto donde es más razonable asumir que hay una serie de decisiones claves donde se ha actuado con abierta imprudencia, o incluso, negligencia.
La reciente crisis generada por la compra de la vivienda del expresidente Allende podría haber sido un error excepcional, si es que el gobierno no terminara de salir de un problema autogenerado para entrar en otro. En este caso, incluso, se trata de actores políticos pertenecientes al PS, un partido con décadas de experiencia en el Estado y que, por lo tanto, uno esperaría un poco más de competencia en su actuar. El contrato de compraventa firmado por un abogado en representación de la senadora Allende y la ministra Fernández es una abierta contravención a la Constitución, y es molesto presenciar el nivel de piruetas jurídicas o de falsa indignación que hace el entorno de las afectadas para evitar cumplir con el mandato constitucional. En el caso de la ministra, bastaría con que ella o el gobierno asumieran el error. Para la senadora, ya que no existe la renuncia al puesto en el Senado, sólo le queda esperar la decisión del Tribunal Constitucional. Pero más allá del procedimiento a seguir, este es un error absurdo, desprolijo y dañino. La obstinación en no asumir responsabilidades le agrega un componente de arrogancia a todo el show.
Pero esto viene a reglón seguido de una serie de errores cometidos por el mismo Presidente en el caso Monsalve, en el que tanto él como sus colaboradores más cercanos actuaron con escasez de tino y sentido de urgencia a la hora de enfrentar las acusaciones contra el exsubsecretario. El gobierno no es responsable de los delitos que habría cometido Monsalve, pero sí de las decisiones que le permitieron seguir en su cargo durante dos días antes de que explotara la noticia. Lo mismo con la desafortunada conferencia de prensa en la que el Presidente creyó tener más habilidades mediáticas que las que demostró. Si esto ocurre al inicio de un mandato, podemos excusarlo como un bache de instalación. A estas alturas, queda la sensación de que esos aprendizajes ya no ocurrieron.
No es irónico recordar los slogans de los períodos presidenciales de Piñera: “el gobierno de los mejores” o el de “los tiempos mejores”, ambos manchados por los errores políticos cometidos por sus altas autoridades. Las protestas sociales que le siguieron en ambos períodos sirven como corolario a esa actitud. Lo irónico es percatarse que esa dinámica de arrogancia y desprolijidad se observa en quienes prometieron estar en un estadio superior de gestión y ética pública. Deja de ser irónico y pasa a ser violento cuando lo hace un gobierno con el que uno concuerda ideológicamente. Y pasa de violento a peligroso cuando la confianza en las instituciones pasa por su peor momento y vemos cómo las fuerzas contrarias a la democracia liberal se aprovechan de esa coyuntura para promover el autoritarismo como una vía de solución.
Por Javier Sajuria, profesor de Ciencia Política, Queen Mary University
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