Durante el estallido social, el presidente del Senado le dijo a Sebastián Piñera que, si quería terminar su mandato, debía aceptar un “parlamentarismo de facto”. La segunda autoridad de la República había decidido que las atribuciones constitucionales del Mandatario, ya no existían. Tiempo después, parlamentarios de diversos sectores aprobaron retiros desde los fondos previsionales, decisión también contraria a la norma constitucional, que dañó de manera irreparable el mercado de capitales y las pensiones, esas mismas que hoy los parlamentarios dicen estar preocupados de mejorar.
Con todo, el hecho decisivo fue haber aprovechado la violencia generalizada para poner al país y al propio Presidente Piñera contra la pared: si de verdad no quería ser removido de su cargo, tenía que dar inicio a un proceso constituyente, estar dispuesto a entregar esa Constitución que simbolizaba -y aún lo hace- la continuidad institucional de la dictadura y de su modelo económico.
En rigor, gracias al estallido social los chilenos tuvimos no una oportunidad sino dos de cambiar la Constitución, pero a la larga terminamos en un escenario completamente delirante: los que durante décadas soñaron con enterrar la “Constitución de Pinochet”, terminaron votando para reafirmarla ante la posibilidad de que triunfara la propuesta de los republicanos. Toda una ironía, que hizo de Chile, no la tumba del neoliberalismo, sino del proyecto refundacional de la generación que hoy gobierna.
¿Puede extrañar, entonces, que para el actual oficialismo siga siendo un sueño pendiente ultrajar la Constitución? ¿Por qué alguien debiera sorprenderse que una ministra y una senadora socialistas decidan vender una propiedad trasgrediendo una Carta Magna que siempre han considerado una herencia ilegítima de la dictadura? ¿Será posible que esa senadora y esa ministra, el propio Presidente Boric y todo el séquito de asesores que pusieron su firma en un decreto supremo, un mandato legal y un contrato de compraventa, hayan pecado de desprolijidad, falta de rigor o pura ignorancia? ¿Todos?
Al final del día parece más simple pensar que, para las fuerzas políticas hoy en el gobierno, la tentación de seguir violando una Constitución que consideran ilegítima está siempre a la vuelta de la esquina, ya sea para impedir que un gobierno de sus adversarios pueda ejercer y llegar a término, o para obtener algún beneficio económico personal. La Constitución impuesta a sangre y fuego por los cuatro generales no va a impedir que una ministra y una senadora de gobierno firmen un contrato con el Estado. Es una cuestión de principios, casi un acto de dignidad y de resistencia. Por ello, es poco probable que los integrantes oficialistas del Tribunal Constitucional vayan a destituirlas por hacer precisamente eso: reafirmar el compromiso histórico de no conceder legitimidad al texto constitucional vigente, violar una norma que sigue siendo el recordatorio de un martirio y de una derrota histórica.
Por Max Colodro, filósofo y analista político
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