“Aquí estamos haciendo una huevá que es delito…”.
Había bastante claridad en las palabras del abogado Luis Hermosilla cuando se pavoneaba junto a su colega Leonarda Villalobos al explicar los millones que les costaban los supuestos pagos que hacían a funcionarios de instituciones como el SII y la Comisión del Mercado Financiero. Era la estrategia que recomendaban a sus clientes para evitar el pago de multas por los problemas tributarios de las empresas que asesoraban. El audio de 105 minutos, dado a conocer en noviembre de 2023 por el portal de investigación periodística CIPER Chile, fue la primera hebra de un caso que nos seguirá sorprendiendo por un tiempo.
Las estrategias que se escuchan en esa reunión no cumplen ningún estándar ético del quehacer profesional de un abogado y tampoco el de un empresario. Al contrario. Refuerzan los estereotipos y levantan las alertas sobre el tipo de país en el que nos hemos convertido. Parece el relato de una mala película, con unos fanfarrones riéndose del resto, de quienes trabajan correctamente, pagan sus impuestos, ahorran menos de lo que quisieran, pero evitan las trampas para tener plata o poder. ¿Será un audio real? Tenemos dos opciones: era una conversación fantasiosa para mostrar más poder del que tenían, o la revelación de una red de influencias que actúa independiente del gobierno de turno, con total impunidad.
La Fiscalía abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar si existen los delitos de lavado de activos, cohecho y delitos tributarios. En eso estábamos, hasta que los teléfonos celulares pasaron a jugar un rol privilegiado en esta trama. El alma más honesta de Hermosilla aparece reflejada en los diálogos con diferentes personas poderosas. Integrantes de la Fiscalía, de la política, del mundo de la justicia, y otras que irán apareciendo al compás de la música que alguien está tocando por ahí. La caja de Pandora está abierta.
Norte de Chile. Freirina. Dos mujeres que trabajan como manipuladoras de alimentos son acusadas de llevarse unos panes que no eran de ellas. Se defienden. Dicen que las autorizaron a tomarlos pues sino terminarían en la basura. La justicia no les cree, y las multan. Ellas se niegan a pagar reclamando que son inocentes. El juez decreta prisión preventiva. Van presas, no pagarán porque insisten en su inocencia.
En Santiago, seguimos enterándonos de la trama de corrupción que entrega el teléfono de Hermosilla. Manuel Guerra, un exfiscal que limpiaba causas de personeros de derecha y luego pedía trabajo al abogado o en municipalidades del mismo sector, está siendo investigado en su patrimonio, por tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y divulgación de información privilegiada.
A estas alturas, no hay cómo esconder la extensa red del abogado Hermosilla, una red a la que no accedieron las dos manipuladoras de alimento de Freirina. ¿Qué más viene? Lo que sea, habrá que enfrentarlo con más verdad.
Por Paula Walker, profesora Magíster en Políticas Públicas Universidad de Chile
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