Columna de Ricardo Lagos: Colombia, el diálogo, los cambios y la experiencia

La reciente elección presidencial en Colombia ha significado una nueva manera de mirar a ese país. Por primera vez en la historia, será gobernado por un presidente de izquierda. Pero ¿de qué izquierda estamos hablando? Y, más importante aún, ¿de qué Colombia?

Antes de asumir el poder, el próximo 7 de agosto, tanto Gustavo Petro como la futura vicepresidenta, Francia Márquez, han dado muestras de gran sabiduría para construir una nueva gobernabilidad. Más allá de la fuerte votación ciudadana que los respalda, saben que su gobierno no es refundacional, sino parte de un proceso con raíces previas. Desde hace semanas, Petro inició una serie de conversaciones con quienes hasta hace meses eran sus principales enemigos políticos. Fue así como invitó a cenar a su casa al expresidente Álvaro Uribe; se reunió largamente con su opositor en las elecciones, el conservador Rodolfo Hernández, y sostuvo un encuentro con quien deja el gobierno, Iván Duque. Su objetivo con todos ellos ha sido el mismo: iniciar un acuerdo que los involucre para construir una paz sólida y duradera en Colombia. Es decir, Petro busca liderar un proceso con aquellos que no piensan como él, pero que son indispensables para lograr un manejo civilizado frente a los complejos temas de Estado que hereda y que deberá administrar. Una realidad que, desde el resto de América Latina, cabe mirar con máximo interés.

Durante mucho tiempo, Colombia ostentó la triste fama de ser un país violento. Sobre todo en las últimas décadas del siglo pasado, todo su territorio estuvo atravesado por una confrontación civil armada, mientras paralelamente liberales y conservadores se turnaban en el gobierno. Allí, como en otras partes de América Latina, frente a un Estado corrupto que desoía las necesidades de la sociedad, surgieron guerrillas que buscaban a través de la lucha armada alcanzar el poder y desde ahí impulsar gobiernos basados en la justicia social. En Colombia, algunas de estas organizaciones se transformaron en bastiones para el narcotráfico, otras fueron paramilitares y seguían directrices vinculadas al Partido Comunista. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, perteneció en su juventud a la guerrilla M-19, entidad de corte nacionalista, que buscaba llegar al poder a través de las armas, para luego establecer un sistema democrático basado en la justicia social.

Después de años en la lucha armada, Petro lideró, en la segunda mitad de los años 80, las negociaciones de paz con el gobierno, suscritas en 1990. El M-19 renunció entonces a las armas y se incorporó a la vida política colombiana bajo el nombre de Alianza Democrática M-19, de la que Gustavo Petro fue uno de sus cofundadores. Y comienza allí su largo recorrido por la conquista del voto popular, que logra en 2006, cuando es elegido senador de la República, y consolidada en 2011, cuando es electo alcalde de Bogotá.

La alcaldía le otorgó experiencia cívica concreta, que fue determinante para entender cómo insertarse en la vida democrática y observar de cerca las necesidades sociales de un país tan rico como desigual.

Candidato presidencial fallido en 2010 y 2015, en las recientes elecciones logró el triunfo de la mano de una vicepresidenta que representa en sí misma gran parte de las reivindicaciones que el gobierno electo impulsa. Francia Márquez, mujer afrodescendiente y activista medioambiental, se reconoce a sí misma como parte de un proceso de resistencia. Su discurso se enfoca en las regiones históricamente excluidas, en el feminismo político, en la justicia social y en la lucha contra el racismo, clasismo y machismo. “Soy parte de los que luchan por seguir pariendo la libertad y justicia”, ha dicho en más de una ocasión.

Gustavo Petro quiere introducir medidas para lograr un desarrollo que llegue a todos y genere mayor equidad. En esto retoma en cierta forma el camino que inició su antecesor, Juan Manuel Santos, quien buscó articular los avances hacia la paz con el salto hacia una mejor condición de vida para los colombianos. En su futuro gobierno, Petro cuenta con un número importante de colaboradores que participaron del gobierno de Santos. Así, todo indica que el próximo ministro del Interior será Alfonso Prada, exjefe de gabinete de Santos en su segundo mandato, y el futuro ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien ocupó la cartera de Salud en aquel gobierno. Signos de habilidad política, que también se expresan en haber nombrado ministro de Economía a José Antonio Ocampo, uno de los economistas más brillantes de la región, con trayectoria como subsecretario general económico en Naciones Unidas, en la Cepal y en el Banco Central de Colombia.

Petro ha construido una plataforma política amplia para lograr los profundos cambios que trae su gobierno. Asume en un contexto global complejo, con una crisis económica mundial como consecuencia de la pandemia, la guerra en Europa, un dólar inestable y una inflación en Estados Unidos con fuertes efectos en las economías latinoamericanas. El mundo cada vez más globalizado que se nos avecina requiere de un multilateralismo más activo, con reglas entre todos los países para ordenar esa economía global. Como líder de izquierda y gobernante de una de las economías más importantes de la región, Petro también tendrá la tarea de jugarse por dejar atrás la atomización de América Latina y dar nuevos contenidos al discurso de esta región, en función de enfrentar la relación con el mundo como una sola.

Más allá de la calificación de “marea rosa” de esta etapa que emerge en América Latina, lo importante es ver cómo estos nuevos gobiernos vinculados a la izquierda del siglo XXI, como el de Gustavo Petro, proponen una mirada fresca para enfrentar los tsunamis sociales y económicos que estamos viviendo. Hay otra historia en marcha, entre cuyos desafíos está el resolver con medidas concretas la situación de pobreza en la cual vive el 25% de nuestra población. Una izquierda a la que le cabe esa tarea, así como construir nuevas formas de diálogo con sus opositores, porque la agenda de la equidad y la dignidad reclama mayor creatividad política en pos de una gobernabilidad eficiente.