Columna de Ricardo Lagos: Rusia-Ucrania, de la guerra local al hambre global
En América Latina, esto nos coloca una vez más ante el desafío de pensar y actuar en conjunto sobre cómo enfrentar la crisis alimentaria que afectará a nuestros países. El 40% de la población de la región está subalimentada.
Se hace ineludible seguir hablando de la guerra entre Ucrania y Rusia porque los costos de este conflicto ya se extienden a campos muy diversos, más allá de la confrontación militar. La principal consecuencia, que afecta literalmente a todo el mundo y especialmente a los países más pobres, está en el alza de precios y la escasez de alimentos básicos de consumo internacional. Como dijo el presidente del Banco Mundial, David Malpass, junto a otros expertos, estamos frente a la amenaza de una “catástrofe humana”.
La inseguridad alimentaria, en aumento incluso antes de la pandemia, ha tenido efectos determinantes y ya en 2020 el número de personas que sufría hambre superaba los 800 millones. Pero la paralización del granero ruso-ucraniano dispara estas cifras, afecta especialmente a los países de menores recursos, profundiza sus desigualdades económicas y amenaza con provocar una crisis de desnutrición, turbulencias político-sociales y tensiones geopolíticas de gran escala.
Rusia y Ucrania son los mayores exportadores de aceite de maravilla y de cereales del mundo, representando entre ambos el 30% del mercado global de estos productos. Rusia es el mayor exportador de trigo, con el 20% de las ventas mundiales, mientras que Ucrania concentra el otro 10%. Al no producir maíz ni trigo, Ucrania –considerada “el granero de Europa”– deja sin granos a más de 400 millones de personas en todo el mundo y a países completos que dependen de él, como Egipto, Líbano o Somalia. Un total de 45 países importan un tercio del trigo de los dos países en guerra y otros 18 importan de allí más del 50% del trigo que consumen.
A nivel mundial aún no existe una respuesta común para enfrentar este tremendo desafío. India –el tercer productor de trigo del mundo– prohibió las exportaciones de este cereal para asegurárselo a su población, mientras que Indonesia hizo lo mismo con su producción de aceite de girasol. Esto ha asfixiado aún más el mercado cerealero, provocando un aumento del 60% de su precio en tres meses.
A este complejo escenario se suma otro factor: Rusia y Bielorrusia son los principales productores de nitrógeno y de potasio en el mundo, elementos básicos para la elaboración de fertilizantes. La producción de fertilizantes nitrogenados deriva del amoniaco y la urea, ambos componentes asociados al gas natural, energía producida principalmente por Rusia y ahora, por tanto, muy escasa. Dado el alto valor del gas natural en este contexto, grandes compañías europeas de fertilizantes recortaron su producción a la mitad. Como consecuencia, el valor de este insumo se incrementó más del 70%, generando una baja del rendimiento de los cultivos mundiales a la mitad –un tercio de los alimentos que se producen en el mundo dependen de la fertilización nitrogenada– y trasladando este aumento de precio al resto de la cadena alimentaria.
Todo ello tiene derivaciones políticas que pueden llegar a ser muy críticas. Hace una semana el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, un día antes de la reunión del Consejo de Seguridad, señaló: “Más de medio millón de personas vive en condiciones de hambruna, un aumento de más del 500% desde 2016. Estas aterradoras cifras están inextricablemente vinculadas a los conflictos, tanto como causa que como efecto. Si no alimentamos a la gente, nutrimos los conflictos”, vinculando así de manera directa el hambre con los estallidos políticos y sociales.
¿Cómo compensamos entonces la disminución de las cosechas de cereales? ¿Cómo abordamos el alza de precios de los fertilizantes nitrogenados? Todo indica que ha llegado el momento de enfrentar esta crisis de manera global y local. En primera instancia, instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Internacional de Desarrollo deben impulsar medidas de apoyo, como ya lo hizo el Banco Mundial que hace unas semanas anunció un plan de 12.000 millones de dólares para combatir la crisis alimentaria en países de África, Europa del Este y Asia. De manera local, los países deben aplicar medidas para proteger el poder adquisitivo de los hogares más pobres, evitando que pierdan el acceso a los alimentos básicos mediante programas de protección social específicos y enfocados en la nutrición. También, impulsar subsidios para implementar medidas que permitan el desarrollo de sistemas alimentarios más resistentes, diversos y sostenibles.
Como América Latina, todo esto nos coloca ante el desafío –una vez más– de pensar y actuar en conjunto sobre las formas de enfrentar la crisis alimentaria que afectará, de una u otra manera, a nuestros países. El 40% de la población de nuestra región está subalimentada, porcentaje que varía por territorios. En Centroamérica, esta cifra alcanza al 16% de su población, mientras que en el Caribe al 9%. Llevados a números concretos, estas estadísticas duelen. En Chile, uno de los países con el menor índice de subalimentación del continente (3,4%) casi un millón de personas se van a dormir con hambre cada noche.
La situación hace urgente una política prioritaria en seguridad alimentaria. Y esto no se funda sólo en cuánto produce la agricultura de la región –que tiene de los índices más altos en el mundo– sino en cómo los alimentos, los buenos alimentos, son accesibles para todos. En contextos de pobreza y carencia de protecciones, el hambre amenaza y la desigualdad se instala en el plato de comida de cada día. Evitarlo es tarea urgente. Algo que tal vez debiera ser discutido en la Cumbre de Los Angeles.
