Columna de Samuel Donoso: Una filtración brutal

El “caso Audio” está marcando historia. Pero no solo por asuntos legales, sino más bien por su contenido comunicacional.

La “tormenta informativa” hace que muchos vean exceso en la exposición de figuras públicas y en La Moneda insistieron que este escándalo no debe convertirse en una “caza de brujas”.

Lo cierto es que son muchas las personas que, sin haber cometido delito, se han visto envueltas en sendas polémicas por recibir un mensaje o simplemente ser nombrado por un tercero en uno de los miles de textos filtrados.

En este huracán informativo incluso se han llegado a conocer públicamente asuntos íntimos de una persona y también conversaciones amparadas bajo el secreto profesional.

Como todos sabemos, se entregó por parte del Ministerio Público a los querellantes (y demás intervinientes) del caso Factop una serie de WhatsApp que estaban incorporados en la carpeta de investigación.

El Ministerio Público no tenía otra opción, si esos WhatsApp son parte de la evidencia deben estar en la carpeta que debe ser entregada a los intervinientes y es posible que alguien en esa cadena los diera a medios de comunicación con la intención de hacerlos públicos.

Sin embargo, varias filtraciones partieron antes de que se iniciara el proceso y se entregaran las carpetas a los intervinientes.

Y aunque no se tiene claro el origen de la filtración, este festival de sospechas no parece ser bueno ni para las investigaciones ni para el derecho a defensa, ni para el derecho a la privacidad, ni para la presunción de inocencia y así uno podría seguir con los desvalores que juegan en este actuar.

Ahora bien, si quienes filtraron estas comunicaciones privadas fueran funcionarios públicos, como por ejemplo abogados o consejeros del Consejo de Defensa del Estado o diputados (que son querellantes), que tienen deber de reserva, podríamos estar frente a otro delito, establecido en el art. 246 del Código Penal.

Pero más aún, frente a estas filtraciones de elementos secretos de una carpeta de investigación, quienes son funcionarios públicos, además, tienen el deber de denunciar como delito las filtraciones flagrantes. De hecho, de acuerdo con el art.175 a) los funcionarios de la PDI y de Carabineros tienen obligación de denunciar los hechos que revistan caracteres de delito que presenciaren o llegaren a su conocimiento. No denunciar es también delito.

No obstante lo burdo de todo esto, ningún funcionario ha denunciado las filtraciones y no existe investigación alguna ni sobre estas, ni menos por la omisión de denuncia.

¿Es razonable que esto ocurra?

Que las autoridades derechamente infrinjan la ley o simplemente la ignoren, ¿es sano para el país? ¿Es sano para nuestras instituciones?

Hay dos opciones: validar legalmente este actuar ilícito y terminar con este cinismo institucional, y que las investigaciones sean derechamente públicas, o reforzar la ilicitud de estas conductas desde el punto de vista penal y procesal penal, sancionando la violación del secreto de las investigaciones.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, instruyó a sus subordinados la orden de resguardar los mensajes privados del teléfono de Luis Hermosilla. Sin embargo, ya es tarde y la medida pareciera insuficiente dado que gran parte de las carpetas investigativas ya están filtradas y publicadas en los medios de comunicación. Razonablemente, vale esperar que el mismo fiscal Valencia anuncie una investigación profunda y eficaz para saber cómo se filtraron estas carpetas secretas y desde qué teléfonos salieron los archivos que ya son de dominio público.