Columna de Sebastián Izquierdo: Ley corta de Isapres, una crítica encrucijada

Un golpe demoledor al sistema de salud: así resuenan las recientes indicaciones del Ejecutivo al proyecto de ley corta de Isapres. Esta normativa, diseñada en teoría para enfrentar los desafíos del sector tras los fallos de la Corte Suprema, estaría agravando aún más la ya aguda crisis que enfrenta el sector.

El máximo tribunal resolvió que las Isapres deben devolver a sus afiliados los cobros excesivos realizados de manera retroactiva en los planes de salud y en la prima GES. Según las estimaciones iniciales de la Superintendencia, se requieren desembolsos -por lo primero- de US$1.400 millones, sumando a esto las pérdidas por la disminución inmediata en los ingresos por rebaja del GES. Estas cuantiosas sumas ponen en riesgo la viabilidad de las Isapres. Dichas exigencias emergen en un momento particularmente crítico para estas instituciones privadas, las cuales aún no se han recuperado de las considerables pérdidas generadas por la reactivación de los servicios postergados durante la pandemia, junto con un aumento significativo en las licencias médicas y las restricciones impuestas al incremento de las tarifas.

Ante esta desoladora situación, la Comisión de Salud del Senado reunió a un grupo transversal de expertos. De manera unánime, acordaron una propuesta para implementar el fallo, logrando un delicado equilibrio: cumplir con la sentencia judicial sin provocar el colapso del sistema. La propuesta corregía la deuda, reduciéndola a US$451 millones. Esta cifra se basaba en el principio de que los contratos con un porcentaje inferior al 7% no darían lugar a devoluciones, sino a mejoras en los planes hasta igualar el 7% ya abonado. Además, contemplaba realizar cargos adicionales a algunos afiliados, mientras que a otros se les harían devoluciones, logrando de esta manera una ‘mutualización’ de los cobros.

En un encuentro en la residencia de Miguel Crispi, Jefe del Segundo piso, el oficialismo determinó el futuro de la ley corta. Optaron por desechar el enfoque técnico de mutualización, elevando la deuda a US$1.000 millones (Ex Ante, 2023). La decisión de oponerse a la mutualización fue de carácter político, impulsada por el deseo de evitar la percepción pública de un supuesto ‘perdonazo’ y, al mismo tiempo, se estaría avanzando hacia el anhelo de estatizar la salud. Tanto así, que se estaría pavimentando el camino creando un plan de libre elección en Fonasa, diseñado para acoger tanto a los afiliados de las Isapres en caso de quiebra como a aquellos que no puedan sostener los futuros incrementos en las tarifas base. Los más perjudicados serán aquellos con enfermedades preexistentes y los miembros de la clase media, quienes tendrán que lidiar con alteraciones en las condiciones de cobertura y tratamientos. Además, se encontrarán sumidos en las ya extensas listas de espera del sistema estatal, donde más de 2,5 millones de personas aguardan atención.

Este escenario presenta una crítica encrucijada no solo para las Isapres, sino también para todo el sistema de salud. Es esencial que en los próximos meses, el Congreso actúe con visión y prudencia, buscando un equilibrio entre la justicia para los afiliados y la sostenibilidad de las instituciones.