En una reciente nota en este mismo diario, el suplemento Pulso daba cuenta de las operaciones efectuadas por los controladores de SQM para omitir la transacción con CODELCO (tal vez la operación financiera más grande de la historia de nuestro país) de la decisión de su junta de accionistas. Al comenzar a entender las complejidades de la operación, y analizarla desde la perspectiva de la transparencia y las mejores prácticas en materia de gobernanza, no es posible sino declararse en alerta roja.
La actual negociación entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama se encuentra en un momento crítico, no solo por su importancia económica y estratégica para Chile, sino también por los fundados cuestionamientos que ha generado respecto a la transparencia del proceso.
La exclusión de una parte significativa de los accionistas de SQM de la negociación, por la vía de restar de la operación a la junta de accionistas, algo que puede considerase asunto interno de una compañía, sin interés público, produce el efecto “cortina de opacidad” a una actuación estatal de la mayor envergadura. Creo que, de no abordarse adecuadamente, podría desencadenar una crisis de confianza capaz de dañar la legitimidad del acuerdo mismo incluso antes de su concreción.
¿El gobierno es consciente de las implicancias de seguir adelante con un acuerdo que, en su estado actual, parece ignorar los principios básicos de transparencia y rendición de cuentas, aun cuando los controladores de su contraparte han sido seriamente cuestionados por problemas de falta de transparencia en el pasado? Y ahora, con la exclusión de accionistas clave, como los fondos de pensiones, de un acuerdo de tal magnitud, no solo es problemático desde una perspectiva de gobernanza corporativa, sino que también plantea serios cuestionamientos éticos y legales que podrían comprometer su viabilidad.
La decisión de apresurar la firma del acuerdo antes del 31 de marzo, siguiendo plazos autoimpuestos carentes de una justificación clara y racional, se suma a esta problemática. Tal precipitación, lejos de ser una muestra de eficiencia, podría interpretarse como un desdén por los procesos deliberativos y el escrutinio público, que aseguran la equidad y la transparencia en acuerdos de trascendencia nacional.
La falta de transparencia, la ausencia de posibilidad de escrutinio público y de rendición de cuentas en esta negociación estatal también se refleja en la negativa de SQM de participar junto a Codelco y Corfo en la última sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado, convocada para conocer los avances y el estado actual de la negociación. Lo mismo sucede con lo informado por la prensa sobre una consulta realizada por SQM a la Comisión del Mercado Financiero, buscando eludir la aprobación de la Junta de Accionistas para el acuerdo con Codelco. Es crucial insistir en que entre los accionistas de SQM se encuentran los fondos de pensiones de millones de chilenos y chilenas, lo que implica que la opacidad de este proceso no solo involucra a una entidad corporativa, sino al patrimonio de parte importante los trabajadores chilenos.
El gobierno y Codelco aún están a tiempo de corregir el rumbo de esta negociación. La transparencia nunca puede ser víctima de la urgencia. Es fundamental tomar el tiempo que sea necesario para garantizar que todos los involucrados estén adecuadamente representados e informados, incluyendo a la ciudadanía y los trabajadores cuyas pensiones se ven implicadas, y el acuerdo se construya sobre bases sólidas y legitimadas. Este enfoque no solo es lo correcto desde una perspectiva de los principios de transparencia y rendición de cuentas al que se deben todas las instituciones estatales, sino que también es la estrategia más prudente para asegurar la estabilidad y sostenibilidad a largo plazo del proyecto.
La negociación en curso entre Codelco y SQM representa no solo un desafío, sino también una oportunidad para reafirmar un proceso de toma de decisiones democráticas de cara a la ciudadanía. Es imperativo que el gobierno asuma esta responsabilidad con la seriedad que el momento demanda, demostrando con acciones concretas su compromiso con la integridad y la sostenibilidad en la gestión de los recursos estratégicos de Chile.
Marcelo Drago Aguirre, abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia.
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