Contundente señal de la Corte Suprema

La destitución de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco por parte del pleno del máximo tribunal -una decisión que fue adoptada por la unanimidad de los ministros presentes-, es sin duda una señal que no debe ser minimizada, por las profundas implicancias que tal decisión conlleva. Desde luego, un hecho de esta naturaleza resulta sumamente inusual en nuestra tradición -antes había ocurrido en 2001, cuando el pleno removió al exjuez Luis Correa Bulo-, lo que es indicativo de que el máximo tribunal sólo está dispuesto a ejercer esta drástica facultad disciplinaria bajo situaciones muy excepcionales.

De acuerdo con el duro veredicto que entregó el pleno -el contenido de la sentencia se conocerá en una fecha próxima-, a la exministra Vivanco se le imputan una serie de conductas que configuran un mal comportamiento -que es el supuesto que la Constitución contempla para la remoción de un juez por parte del máximo tribunal-, vulnerando según la resolución “los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura y que, desde luego, priman por sobre su derecho a la inamovilidad, al haber comprometido gravemente con su mal comportamiento los cimientos del Estado de Derecho”.

De la lectura de este pronunciamiento de la Corte saltan de inmediato a la vista hechos tan graves como los impropios vínculos que la exministra mantenía con el abogado Luis Hermosilla, o que ejerciendo transitoriamente la presidencia de la Tercera Sala obligara a acelerar la vista de determinadas causas, o buscar conocer el resultado de causas en que ella no participó en el acuerdo, sin ningún fundamento para ello.

La Corte Suprema atraviesa en este momento por una situación muy compleja, cuando varios de sus integrantes han sido cuestionados por posibles actuaciones irregulares, en algunos casos vinculadas a gestiones realizadas para asegurar su nominación, o bien por actos reñidos con la función propia de un juez. Esto motivó la apertura de una serie causas ante la Comisión de Ética del propio tribunal -que además había abierto un cuaderno de remoción en contra de Vivanco-, además de dar pie a que en la Cámara de Diputados se hayan presentado una serie de acusaciones constitucionales, que en el caso de Vivanco y el ministro Sergio Muñoz ya fueron aprobadas por la Cámara y ahora deberá pronunciarse el Senado, restando aún por votarse otra más contra Vivanco y una contra el ministro Jean Pierre Matus.

Era importante que frente al caso de la exministra Vivanco la Corte diera una señal de proactividad en orden a que no está dispuesta a tolerar graves faltas de sus integrantes. Aunque en estas mismas páginas se ha hecho ver lo inconveniente de que en paralelo al proceso que abrió la Corte en el Congreso se tramite una acusación constitucional, lo que probablemente obligó a actuar bajo mayor presión y premura, habría sido dañino para la imagen de la propia Corte que ésta apareciera actuando con posterioridad a lo que resolviera el Congreso -sobre todo si aprueba una destitución-, porque entonces habría dejado la impresión de que estaba actuando presionada por los acontecimientos y que de algún modo buscaba tender un manto de protección. Con todo, la gravedad de los antecedentes que presentó el Pleno -en la sentencia debería venir un mayor detalle de los fundamentos que se tuvieron a la vista- habla por sí sola y no dejaba margen para dilatar la decisión, de modo que con dicha resolución se dio un paso que ayuda a ir recuperando la confianza en la máxima instancia del Poder Judicial, particularmente en que actos tan graves no quedarán impunes.

El hecho de que haya sido un pronunciamiento unánime también le entrega mucha solidez a los fundamentos sobre los que descansa la resolución, transmitiendo además la impresión de que frente a casos de esta envergadura habrá una sola voz, sin fisuras, tal como ocurrió con Correa Bulo, también una decisión unánime. No cabe descartar que a partir de esta contundente resolución se puedan ir abriendo otras aristas relacionadas con la exministra Vivanco; por ejemplo, cabe preguntarse si el Consejo de Defensa del Estado tomará cartas en el asunto, toda vez que una de las causas en que Vivanco intervino indebidamente fue una donde los intereses de Codelco aparecen seriamente afectados a raíz de un litigio con el Consorcio Belaz Movitec SpA.

Con todo, el trabajo que ha emprendido el máximo tribunal no está aún terminado, pues falta por despejar el resultado de los procesos que afectan a otros ministros. Aunque probablemente el caso de Vivanco era el más grave de todos, eso no debe llevar a relativizar las otras causas bajo investigación. Lo que se espera del máximo tribunal es la misma determinación que mostró con Vivanco, de modo que exista igual rigor para sancionar cualquier conducta impropia.