El lobby en medio de la crisis

El Covid-19 vino a alterar nuestra vida en todas sus formas. Los planes, las estrategias, y los objetivos de muchos se desvanecieron en un abrir y cerrar de ojos, y se debieron reorientar para evitar grandes daños. Es que convengamos que ninguna persona imaginó ser testigo de una tragedia como la que vivimos y, por lo mismo, que nadie estaba preparado para enfrentar.

En esto el virus ha sido transversal. Nos ha afectado a todos, incluso a grandes empresas que hasta mediados de marzo operaban con cierta tranquilidad (o al menos con mayores certezas) y apuntaban los esfuerzos a las metas trazadas.

Por lo tanto, en este proceso de transformación y adaptación al nuevo escenario, la interacción del sector privado con el mundo público es totalmente esperable y necesaria, pues todos los actores de la sociedad tenemos la tarea de articular y coordinar medidas para dar cara a los desafíos sanitarios, laborales y económicos de la pandemia.

Justamente, y de acuerdo a un artículo publicado en La Tercera, esta vinculación público-privada creció durante el mes de abril bajo el marco de la Ley 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios públicos.

Es muy positivo que la opinión pública pueda conocer las audiencias que sostienen nuestras autoridades con ejecutivos de compañías e industrias hoy en crisis. Igualmente, las empresas deben utilizar esta ley para declarar sus gestiones y dejar registro, de tal manera de protegerse ante cualquier riesgo en materia de compliance. Adicionalmente, tienen que redoblar sus protocolos preventivos orientados a evitar la comisión de delitos asociados a la relación con la autoridad, como el tráfico de influencias y cohecho.

Sabemos también que en las crisis hay urgencias. Pero esto no puede ser excusa para saltarse la norma y utilizar a favor alguno de los vacíos de la ley. No hay que ceder a la tentación y, por ejemplo, tomar el teléfono o enviar un WhatsApp para presentar intereses o solicitar gestiones a un ministro, superintendente o alcalde, entre otras autoridades. Las empresas hoy cuentan con áreas de Asuntos Públicos o contratan servicios externos dedicados a esto. Sea cual sea el modelo, su trabajo debe estar normado por procedimientos claramente definidos por sus equipos de compliance, contraloría, auditoría y/o legal.

Hoy la Ley 20.730 tiene un desequilibrio en las obligaciones de las partes, con mayores exigencias para los organismos del Estado y no para quienes ejercen el lobby. Un tema clave en este punto es la ausencia de un registro público único de personas y empresas dedicadas a la gestión de intereses. Tampoco tienen sanciones si, por ejemplo, no se registran en la plataforma actual o lo hacen en una categoría que no corresponde.

La autoridad también se puede ver tentada a saltarse la ley en períodos de normalidad o de emergencia. Por ejemplo, la regulación no considera registro de los casos en que este realiza la invitación a una empresa u organización a una reunión, o si este encuentro se realiza en un lugar que no sea una dependencia gubernamental. Esto también ocurre si la autoridad es contactada al pasar por un lobbista durante una actividad en terreno o un seminario.

Pero insisto, los avances pendientes de la ley no pueden ser una excusa. Hoy las empresas disponen de un mecanismo transparente para informar sus gestiones ante el mundo público. Una crisis no puede ser justificación para eludir los marcos legales y los protocolos. Ni en el lobby ni en ningún tema.